(Washington, DC) – Las políticas de Estados Unidos con respecto a las personas que solicitaron ser acogidas o reunificadas con sus familias en EE. UU. durante 2015 han sido irreflexivas, discriminatorias y perniciosas, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2016.
“El gobierno de Obama envía mensajes de detención, discriminación y desconfianza a familias que huyen de contextos de violencia y persecución en su país de origen”, indicó Alison Parker, directora adjunta del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los responsables de políticas en EE. UU. deberían revertir el curso que están siguiendo y abstenerse de tratar como delincuentes a las personas indocumentadas que llegan al país”.
En el Informe Mundial 2016 de 659 páginas, su 26ª edición, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe que la propagación de los ataques terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados provocados por la represión y el conflicto llevaron a muchos gobiernos a restringir los derechos, lo se tradujo en esfuerzos erróneos por proteger su seguridad. Al mismo tiempo, los gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra los grupos independientes.
En diciembre de 2014, EE. UU. inauguró su mayor centro de detención para familias migrantes, con capacidad para albergar a más de 2.400 padres e hijos, sobre todo solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Un año antes, EE. UU. solamente contaba con 85 plazas destinadas específicamente a la detención de familias. Esta nueva política de detención de grandes cantidades de familias provenientes de América Central se implementó en respuesta a la afluencia de personas que buscaban ser acogidas, tras huir de la violencia sin control perpetrada por pandillas en sus respectivos países.
Para fin de año, más de la mitad de los gobernadores de EE. UU. anunciaron que se opondrían al reasentamiento de refugiados procedentes de Siria en su estado, como reacción ante los atentados ocurridos en París en noviembre. Posteriormente, el Congreso de EE. UU. sometió a debate varias medidas que prácticamente impedirían que refugiados sirios e iraquíes sean reubicados en EE. UU., a pesar de que el sistema actual establece varias instancias de evaluación que se extienden a lo largo de dos años.
En diciembre de 2014, se creó un programa que permite reubicar con uno de sus padres que resida legalmente en EE. UU. a niños refugiados de América Central, directamente desde su país de origen. Más de 5.000 menores se postularon al programa, pero hasta noviembre de 2015 apenas seis niños salvadoreños habían sido aprobados para ingresar a EE. UU., lo cual dejó a otros miles expuestos a violencia y persecución mientras esperaban en sus países de origen que tramitara su solicitud al programa.
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) respondió a varias sentencias judiciales anunciando en junio que pondría fin a la detención a largo plazo de familias que demuestren que reúnen las condiciones para recibir asilo. No obstante, manifestó que muchas permanecerían detenidas durante un período inicial, contraviniendo lo establecido en normas internacionales que restringen la posibilidad de detener a solicitantes de asilo y menores. En sus fronteras, EE. UU. siguió aplicando los deficientes procedimientos de deportación acelerada que provocaron que se expulsara a muchas personas que intentaban obtener protección.
Estados Unidos continuó violando el derecho internacional al mantener detenidos por tiempo indefinido y sin formular cargos a 107 hombres en Bahía de Guantánamo. El gobierno de Obama transfirió a 20 detenidos a sus países de origen o a terceros países en 2015, mientras que el Congreso intentó interponer nuevos obstáculos legislativos a tales traslados y prohibió en forma absoluta los traslados al territorio de EE. UU.
“El presidente Obama tiene un año más para cumplir su compromiso de cerrar Guantánamo”, señaló Parker. “Debería acelerar el proceso, a pesar de los intentos legislativos para posibilitar que prosigan las injusticias en este centro”.
Estados Unidos mantuvo su posición como el país con la mayor población penitenciaria, que asciende a 2,3 millones de personas en cárceles y centros de detención. Alrededor de 12 millones de personas pasan por cárceles estatales y de condado cada año en EE. UU.
Durante 2015 se produjeron varios logros importantes en materia de derechos humanos, subrayó Human Rights Watch. Entre estos se incluyen el reconocimiento histórico del matrimonio entre personas del mismo sexo por la Corte Suprema de EE. UU., que se aplica a todos los estados del país. El Congreso promulgó leyes que reivindicaron la prohibición de la tortura y pusieron fin a la recolección a gran escala de los registros telefónicos de los estadounidenses, si bien se necesitan reformas adicionales en este plano. Tras años de litigios, California ha comenzado a revertir el uso de la reclusión por tiempo indefinido en condiciones de aislamiento.
“Los comentarios profundamente ofensivos y discriminatorios pronunciados por algunos candidatos a la presidencia de EE. UU. sobre distintos temas renuevan el temor por la situación de los derechos humanos en el país durante el próximo año”, apuntó Parker.
