(Túnez) – El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon debería instar al Frente Polisario a interceder en favor de tres mujeres saharauis cuyas familias presuntamente no les permitirían salir de los campamentos para refugiados y regresar a España, donde residen legalmente.
Dos de las mujeres indicaron que han sido retenidas contra su voluntad durante más de dos años, y a la tercera no se le permite salir del lugar desde diciembre de 2015, según señala su pareja de hecho en España.
El 5 de marzo de 2016, Ban Ki-moon realizará su primera visita como Secretario General al campamento para refugiados saharauis que administra el Frente Polisario cerca de Tinduf. La visita se produce en el marco del compromiso de la ONU de propiciar una solución política al conflicto por los territorios vecinos de Sahara Occidental, ocupados por Marruecos, que ya lleva 40 años.
“Retener a un adulto contra su voluntad equivale a privación ilegal de la libertad, independientemente de si los captores son familiares que sienten un profundo afecto por esa persona”, observó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional. “El Polisario debería asegurar que estas mujeres puedan ejercer su libertad de circulación y que los actos pasados y futuros de privación ilegal de la libertad sean castigados como delitos”.
El Frente Polisario – el movimiento de liberación del Sahara occidental – proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976. La RASD, con reconocimiento parcial, ejerce el gobierno de facto de los campamentos de refugiados en territorio argelino.
El 10 de febrero de 2016, Human Rights Watch envió una carta a Mrabih Mami, ministro de justicia de la parcialmente reconocida República Árabe Saharaui Democrática, en la cual describía los casos de las mujeres, a saber, Maloma Morales de Matos (o “Maaluma Takya Hamda”, según su partida de nacimiento), de 22 años, Darya Embarek Selma, de 26, y Nadjiba Mohamed Kacem, de 24. En la carta, se preguntaba a las autoridades de la RASD qué medidas estaban tomando para determinar cuál era la voluntad de las mujeres y asegurar que pudieran actuar en función de ello.
Abba El Haissan Salek, presidente de la comisión de derechos humanos de la RASD, contestó el 25 de febrero indicando que el Polisario había tomado medidas en el caso Morales y que los resultados se conocerían en los “próximos días”. La respuesta no hacía referencia a las otras dos mujeres, y desde entonces no hubo novedades sobre el caso de Morales, según lo que Human Rights Watch pudo determinar.
Las tres mujeres se cuentan entre las miles de saharauis que, durante su infancia en los campamentos de refugiados, participaron en programas de verano en España y convivieron con familias españolas. Algunos de estos niños estrecharon vínculos con sus familias de acogida y optaron por permanecer en España al alcanzar la mayoría de edad. Morales adoptó la ciudadanía española y tiene allí una pareja de hecho, mientras que las otras dos mujeres obtuvieron la residencia legal.
Las tres viajaron por separado a los campamentos para visitar a sus familias. Cuando llegó el momento de que regresaran a España, las familias impidieron que pudieran partir, según versiones transmitidas a Human Rights Watch. Conforme dijeron las mujeres, algunas de las familias sostuvieron que debían permanecer allí para afianzar los vínculos con su cultura e idioma nativos. Se tiene conocimiento de otros casos similares en los campamentos de refugiados saharauis, si bien no se han podido confirmar los detalles.
Morales viajó a los campamentos de refugiados el 5 de diciembre, acompañada por su padre adoptivo español, José Morales Ortega, de Sevilla, según contó su pareja de hecho Ismael Arregui Recacha, de esa misma localidad. Cuando ella y su padre adoptivo intentaron irse el 12 de diciembre, su familia impidió que subiera al automóvil que los llevaría al aeropuerto.
José Morales se fue del lugar, e informó inmediatamente lo sucedido a funcionarios del Polisario, entre ellos Abidin Bouchayara, representante del Frente Polisario para la provincia de Andalucía. Arregui Recacha dijo a Human Rights Watch que entre el 12 y el 25 de diciembre se había comunicado con Maloma Morales, quien le comunicó que deseaba regresar a España. No obstante, aseguró que desde el 25 de diciembre no ha podido comunicarse con ella.
Nadjiba Mohamed Kacem ha permanecido retenida desde poco después de que regresara de España al campamento de refugiados en diciembre de 2013, con la intención de llevarse los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía española, conforme indicó a Human Rights Watch José María Contreras Morejón, miembro de la familia española que acogió a la joven. Contreras, quien vive en Rociana del Condado, Andalucía, señaló que las autoridades del Polisario están al tanto del caso desde hace mucho tiempo y le aseguraron que están intentando darle solución.
Contreras afirmó que desde que se le impidió regresar a España, hubo largos períodos durante los cuales no pudo comunicarse con Nadjiba Mohamed Kacem por teléfono. No obstante, el 29 de febrero de 2016, mediante un mensaje de texto enviado a Human Rights Watch, la joven confirmó que había dejado en claro su voluntad de regresar a España lo antes posible y que no había acordado con su familia permanecer en el campamento. Dijo que estaba viviendo con su familia en el campamento de refugiados de Smara. Su madre, Enguia Vida Zouber, es miembro del Parlamento de la RASD.
Darya Embarek Selma regresó a los campamentos durante una visita en enero de 2014, y desde entonces no ha podido retornar. Su familia le retuvo sus documentos para impedir que se fuera, según transcendió en medios españoles que, desde comienzos de 2014, han publicado entrevistas escritas y de audio en las cuales manifestó que deseaba regresar a Tenerife, en Islas Canarias, donde vive su familia de acogida. Ese deseo fue ratificado en un mensaje de texto enviado a Human Rights Watch el 9 de febrero de 2016.
Mahdjouba Mohamed Hamdidaf, otra mujer saharaui con ciudadanía española, fue retenida por su familia durante tres meses en los campamentos de refugiados en 2014. En una entrevista reciente ofrecida desde España, dijo a Human Rights Watch que su familia le prometía una y otra vez que le permitiría irse de los campamentos, y luego se retractaba. Señaló que funcionarios del Polisario intercedieron para que sus familiares le permitieran irse, pero que al mismo tiempo le aseguraron a la familia que estaban de su lado. Finalmente, un representante del Polisario le ayudó a escapar, lo cual provocó una violenta protesta de sus familiares y otras personas que los apoyaban.
Dijo que anhela ver a su familia, pero que teme regresar a los campamentos. “Los quiero mucho”, expresó. “No tengo nada en contra de ellos. Simplemente quiero tener mi propia vida”.
La ONU ha intentado resolver el conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos, que ha controlado gran parte de la ex colonia de España desde que este país se retiró en 1975. El Frente Polisario tiene presencia en el sudoeste de Argelia, donde administra los campamentos que acogen a familias de decenas de miles de refugiados que cruzaron la frontera escapando de Sahara Occidental ante la invasión de fuerzas marroquíes.
Marruecos anexó unilateralmente gran parte del Sahara Occidental y considera administrativamente que integra su propio territorio, a pesar de que ni la ONU ni otros países reconocen la soberanía marroquí. En 1991, las dos partes accedieron a un cese de hostilidades y un referéndum organizado por la ONU en Sahara Occidental sobre autodeterminación. Marruecos ha impedido que se celebre dicho referéndum y, en cambio, ha propuesto la autonomía regional, mientras que el Frente Polisario insiste en que el referéndum se lleve a cabo.
Cuando se reúna con el Secretario General del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz, Ban Ki-moon debería referirse a las violaciones de derechos humanos, incluida la privación ilegal de la libertad de estas mujeres, sostuvo Human Rights Watch. También debería recordar a los funcionarios argelinos, con quienes tiene previsto reunirse en Argel el 6 de marzo de 2016, la responsabilidad legal que les compete de asegurar el respeto de los derechos de todas las personas en territorio argelino, incluidos los residentes de campamentos de refugiados.
Si bien este viaje no incluirá un paso por Marruecos, debería además plantear a las autoridades marroquíes el amplio espectro de violaciones de derechos humanos que están cometiendo en Sahara Occidental. Esto incluye la condena de 21 civiles saharauis en un juicio militar sin garantías de imparcialidad, por los enfrentamientos mantenidos con las fuerzas de seguridad en El Aaiún y en zonas próximas durante 2010, que dejaron víctimas fatales. Actualmente cumplen penas de entre 20 años y prisión perpetua.
“El Polisario hace alarde del rol destacado de las mujeres en la sociedad saharaui y en el progreso de la causa nacional”, observó Whitson. “Entonces, debe demostrar idéntico afán en proteger los derechos de mujeres individuales a ejercer su libertad de circulación”.
