La semana pasada, el vicepresidente de Zimbabue Emmerson Mnangagwa anunció que el gobierno está elaborando leyes para declarar como un delito penal el pago de “lobola” (una dote de boda) por niñas menores 18 años. Se trata de la más reciente esperanzadora señal de que el país va en la dirección correcta para acabar con el matrimonio infantil.
En enero de 2016, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la práctica y fijó la edad de 18 años como la mínima para que niños y niñas puedan contraer matrimonio. Esto se produjo tras el caso de alto perfil en octubre de 2014 en el que dos valientes jóvenes que se casaron siendo niñas, Ruvimbo Tsopodzi y Loveness Mudzura, ahora de 19 y 20 años respectivamente, demandaron al gobierno de Zimbabue por su fracaso para frenar el matrimonio infantil.
Sin embargo, para millones de niñas zimbabuenses, los pequeños pasos del gobierno, pese a ser bienvenidos, no bastarán para acabar con el matrimonio infantil, a menos que las autoridades del país adopten medidas claras para implementar la sentencia de la corte y erradicar una práctica devastadora que arrebata a las niñas sus derechos y las expone al abuso.
Según Naciones Unidas, casi una tercera parte de las niñas en Zimbabue se casan antes de cumplir 18 años y un 4 por ciento contrae matrimonio antes de cumplir los 15. El matrimonio infantil es común en las iglesias apostólicas indígenas de Zimbabue, que son carismáticas agrupaciones evangélicas que mezclan las creencias cristianas con las culturas tradicionales. Cuentan con millones de seguidores en todo el país.
Investigaciones de Human Rights Watch en octubre de 2015, además de las llevadas a cabo por otros grupos y agencias de la ONU, documentaron las dañinas consecuencias del matrimonio infantil: esta práctica normalmente acaba con la posibilidad de las niñas de continuar su educación, las expone a la violencia sexual y doméstica (incluyendo la violación marital), e incrementa su riesgo de contraer VIH. Las niñas que quedan embarazadas demasiado pronto y con demasiada frecuencia a menudo mueren o sufren graves lesiones durante el parto.
Con el fin de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades de Zimbabue deberían enmendar o derogar las leyes matrimoniales existentes que todavía permiten el matrimonio infantil y elaborar un plan de acción nacional general para acabar con esta práctica, junto con la colaboración de donantes, líderes comunitarios, adolescentes y grupos no gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno debería garantizar la implementación de estructuras para poner en práctica la decisión de la corte y asegurarse de que las niñas de menos de 18 años no se estén viendo forzadas a contraer matrimonio.
La falta de acción frente a este fallo no debería ser una opción. El futuro de millones de niñas depende de que el gobierno de Zimbabue tome medidas para garantizar que la decisión del tribunal se implemente de manera rápida y completa.
