(Yakarta) – El gobierno de Indonesia fomentó un ataque sin precedentes contra la seguridad y los derechos de las minorías sexuales y de género a principios de 2016, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La campaña del gobierno incluía retórica del odio, edictos discriminatorios y el uso de la fuerza para reprimir las reuniones pacíficas.
El informe de 56 páginas “‘These Political Games Ruin Our Lives’: Indonesia’s LGBT Community Under Threat” (“‘Estos juegos políticos arruinan nuestras vidas’: La comunidad LGBT de Indonesia está bajo amenaza”) documenta cómo las declaraciones sesgadas y falsas de funcionarios sobre la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) provocaron sanciones sociales por acoso y violencia contra indonesios de la comunidad LGBT, e incluso amenazas de muerte, por parte de militantes islamistas. Varias instituciones estatales, entre ellas la Comisión Nacional de Radiodifusión y la Comisión Nacional para la Protección de la Infancia, emitieron directivas de censura que prohíben la información y las emisiones que presentan la vida de las personas LGBT como “normal”, así como la denominada “propaganda” sobre la comunidad LGBT. Esta combinación de retórica discriminatoria y decisiones políticas impactó negativamente la seguridad física y el derecho a la libertad de expresión de las personas LGBT de todo el país.
Un caso pendiente en el Tribunal Constitucional fue interpuesto por un grupo de profesores en un intento por modificar el código penal nacional para criminalizar el comportamiento sexual consensual entre adultos del mismo sexo, con penas de hasta cinco años de prisión. La próxima audiencia está programada para el 23 de agosto.
En cuestión de semanas se propagaron en los medios de comunicación de Indonesia declaraciones que iban desde lo absurdo a lo apocalíptico. En un seminario de salud materna, un alcalde advirtió a madres jóvenes que debían enseñar a sus hijos a no ser gais. Ryamizard Ryacudu, el ministro de Defensa, describió el activismo a favor de los derechos LGBT como una guerra indirecta contra el país dirigida por personas ajenas y más peligrosa que una bomba nuclear.
Grupos religiosos de masas tales como Nadhlatul Ulama (NU), la mayor organización musulmana del país y receptora de fondos de ayuda extranjera para trabajar con comunidades LGBT, hicieron un llamamiento a favor de la penalización de los comportamientos y el activismo LGBT, y promovieron la “rehabilitación” forzada de las personas LGBT. La Asociación Psiquiátrica de Indonesia se unió al coro anti-LGBT al proclamar la orientación homosexual y las identidades transgénero como “enfermedades mentales”, y recomendar la “rehabilitación” psicológica.
En la mayoría de los casos, el gobierno del presidente Joko Widodo (o “Jokowi”) guardó silencio. En una alarmante retracción a medias, el ministro coordinador de asuntos políticos, legales y de seguridad, Luhut Pandjaitan, dijo en febrero que si bien entiende que la homosexualidad esté prohibida por la religión, “para mí las personas LGBT tienen derechos humanos como ciudadanos de Indonesia”. Pero lejos de un indulto genuino, Pandjaitan advirtió a continuación que “no existe ninguna garantía para que cualquier familia normal pueda evitar [tener un hijo LGBT]”, y que la homosexualidad “es la enfermedad de un cromosoma y que debería ser tratada”. Una semana después, la policía reprimió violentamente una manifestación pacífica de solidaridad con la comunidad LGBT en Yogyakarta, mientras ignoró las amenazas de muerte hacia grupos y personas LGBT por parte de grupos islamistas militantes que organizaron contramanifestaciones en toda la ciudad.
“No me siento seguro cuando veo todas las declaraciones ‘anti-LGBT’ en las redes sociales”, dijo un hombre homosexual de 25 años en la provincia de Sulawesi del Sur a Human Rights Watch. “Me siento como un perro. La policía y el gobierno deberían protegernos en lugar de participar en esto”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia aseguró que declaraciones como la del ministro Nasir no están en consonancia con la doctrina Nawa Cita del gobierno de Jokowi, que afirma la diversidad y la pluralidad del país. El último de los nueve principios Nawa Cita incluye llamamientos a la tolerancia, la educación en la diversidad y la creación de un espacio para el diálogo entre los ciudadanos.
A pesar de que una serie de reglamentos locales son discriminatorios contra las personas LGBT, la legislación nacional de Indonesia nunca ha criminalizado la homosexualidad, pero el caso en el Tribunal Constitucional pretende cambiar eso. Se espera que el presidente de la Comisión Nacional para la Protección de la Infancia comparezca en la audiencia prevista para el 23 de agosto. Dado que su ministerio ha hecho declaraciones anti-LGBT durante su reciente campaña homófoba, no está claro qué papel jugará en la audiencia y si reflejará su mandato de proteger a todos los niños de Indonesia sin discriminación.
Indonesia tampoco ha adoptado protecciones legales específicas sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género, colocando a la comunidad LGBT en una posición vulnerable al abuso y la discriminación sin recursos legales.
El gobierno debería condenar inmediata y públicamente las declaraciones discriminatorias por parte de funcionarios y comisiones estatales, y mantener la no discriminación en sus operaciones de salud, información pública y seguridad pública.
“En un momento en que los indonesios LGBT necesitan protección y apoyo público, el gobierno de Jokowi se ha acobardado ante los militantes islamistas”, señaló Knight. “El gobierno debe demostrar su compromiso con la protección de los ciudadanos de la violencia y la discriminación revirtiendo decretos discriminatorios, rechazando propuestas de leyes anti-LGBT y prometiendo apoyo público para la libertad de expresión y la diversidad”.
