(São Paulo) – Las autoridades brasileñas deberían reformar las leyes que se han aplicado para imponer castigos desproporcionados a miembros de la policía militar que se pronuncian públicamente a favor de reformas o que expresan denuncias, señaló hoy Human Rights Watch.
“Un país donde cada año se producen cerca de 60.000 asesinatos necesita considerar con urgencia nuevos enfoques en materia de seguridad pública”, opinó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Quienes combaten a la delincuencia cada día en las calles tienen una perspectiva única sobre las políticas de seguridad y la reforma policial, y deberían poder expresar sus opiniones sin temor a castigos arbitrarios”.
Los 436.000 agentes de la policía militar de Brasil patrullan las calles del país, una tarea intrínsecamente civil; aun sí, están sujetos a las leyes militares, pues técnicamente se considera que son fuerzas auxiliares del Ejército. El código penal militar de Brasil y diversos códigos disciplinarios estatales establecen amplias restricciones a los derechos de libertad de expresión de los agentes.
Según el código penal militar, los policías que transgreden estos límites pueden terminar en prisión. Los comandantes de policía también tienen suma discrecionalidad para aplicar severas sanciones al amparo de los códigos disciplinarios. En virtud del artículo 166 del código penal militar, criticar a un superior o una decisión gubernamental es un delito para el cual se prevé una pena de hasta un año de cárcel. Incitar a la “indisciplina” puede acarrear una pena de hasta cuatro años de cárcel conforme al artículo 155. Los códigos disciplinarios de los estados que regulan la conducta de los policías militares, incluso cuando están fuera de servicio, y de los policías militares retirados prevén infracciones similares, a las que penan con hasta 30 días de detención y expulsión de la fuerza policial. Estas infracciones están contempladas en términos tan amplios que permiten la aplicación de severas sanciones, totalmente desproporcionadas para la gravedad del acto, y esto es justamente lo que sucede en algunos casos.
Las normas internacionales de derechos humanos conceden a los países cierto grado de discrecionalidad, aunque limitada, para coartar el derecho a la libertad de expresión de miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no permiten que las autoridades apliquen sanciones que sean desproporcionadas para la gravedad de la infracción.
El policía militar Darlan Abrantes, del estado de Ceará, fue condenado a dos años de cárcel en julio de 2016 tras haber publicado un libro en el cual argumentaba que la fuerza policial debía ser desmilitarizada. Aunque un juez determinó su libertad condicional en lugar de enviarlo a prisión, ya había sido expulsado de la fuerza policial en 2014 por esta misma cuestión, y esto acabó con su carrera. Varios policías también dijeron a Human Rights Watch que han sido objeto de castigos arbitrarios en represalia por expresar opiniones que contrariaron a sus superiores, y afirmaron no haber tenido acceso a un sistema efectivo para recurrir la decisión.
Las autoridades brasileñas deberían implementar reformas legislativas para garantizar que los castigos que se apliquen a los policías militares que transgredan las restricciones legales a su derecho de libertad de expresión guarden proporción con la gravedad de la transgresión, apuntó Human Rights Watch. Deberían cerciorarse de que todos los policías tengan acceso a un proceso de apelación efectivo e imparcial.
Las autoridades también deberían considerar si es necesario y pertinente que los policías estén sujetos a los límites a la libertad de expresión estipulados en el código penal militar y en los códigos disciplinarios de los estados, o si conforme a las normas internacionales y regionales de derechos humanos corresponde un marco legal menos restrictivo.
Hay varias iniciativas de reforma en curso que podrían contribuir a tal fin, y a una mayor rendición de cuentas y eficacia en la actuación policial. Entre tales iniciativas se incluyen proyectos legislativos en el Congreso para desvincular a la policía militar del Ejército y abolir las detenciones administrativas, así como propuestas a nivel estatal para reformar los códigos disciplinarios.
Las sanciones excesivamente severas impuestas a algunos policías tienen un grave efecto amedrentador en otros miembros de la fuerza policial, que a menudo se abstienen de manifestar opiniones o sugerencias sobre reformas por temor a represalias, destacó Human Rights Watch.
“Los policías pueden ser encarcelados y sus carreras pueden ser destruidas por expresar opiniones sobre reforma policial que disgustan a sus superiores”, explicó Canineu. “Estas penas no guardan ninguna proporción con cualquiera que sea la motivación de las autoridades a la hora de limitar su posibilidad de manifestar lo que piensan”.
