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Una niña trabaja en una mina de diamantes artesanal en Sosso Nakombo, República Centroafricana, cerca de la frontera con Camerún; agosto de 2015.  © 2015 Marcus Beasdale para HRW

(Londres) – Las empresas de joyería y relojería deben tomar medidas más enérgicas para garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy, al aproximarse el Día de San Valentín. Asimismo, 29 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos apelaron en forma conjunta a la industria joyera para que mejore sus prácticas de abastecimiento.

El informe de 99 páginas, “The Hidden Cost of Jewelry: Human Rights in Supply Chains and the Responsibility of Jewelry Companies” (El costo oculto de la joyería: Derechos humanos en las cadenas de suministro y responsabilidad de empresas del sector), analiza las prácticas de adquisición de oro y diamantes por parte de 13 de las principales marcas de joyería y relojería que, en conjunto, generan ingresos anuales por más de USD 30.000 millones, o cerca del 10 % de las ventas mundiales de joyería.

El informe describe también las condiciones abusivas en las cuales a veces se obtienen los minerales y metales preciosos. Numerosos niños han resultado heridos o incluso han muerto realizando tareas peligrosas en minas de oro o diamantes a pequeña escala. Las comunidades han sufrido problemas de salud y ambientales debido a que las minas han contaminado los cursos de agua con productos químicos tóxicos. Y civiles han padecido el flagelo y los abusos de grupos armados que se han enriquecido con la minería.

“Numerosos joyeros podrían ser mucho más rigurosos y averiguar si el oro o los diamantes que comercializan están corrompidos por el trabajo infantil u otras violaciones de derechos humanos”, manifestó Juliane Kippenberg, directora asociada de derechos del niño de Human Rights Watch. “Cuando alguien compre una joya para un ser querido en este San Valentín, debería preguntar a su joyero qué ha hecho para averiguar cuál es el origen de la pieza”.

Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones rigurosas en numerosos países donde hay prácticas abusivas, sobre todo contra niños y niñas, que empañan la cadena de suministro. En un informe de 2015 de Filipinas, un joven de 16 años describió que habitualmente se sumerge bajo el agua en busca de oro mientras recibe aire por la boca a través de una manguera, exponiéndose al riesgo de ahogamiento.

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En decenas de países del mundo se extraen minerales y piedras preciosas que luego se comercializan, exportan y procesan en otros países. Aunque las cadenas de suministro pueden ser extensas y complejas, los profesionales joyeros y relojeros tienen la responsabilidad de asegurar que sus actividades no contribuyan a que haya violaciones de derechos humanos en ninguna instancia de esas cadenas.

Human Rights Watch determinó que la mayoría de las 13 empresas de joyería no cumplen los estándares internacionales sobre abastecimiento responsable. Conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deberían establecer protecciones conocidas como “diligencia debida en materia de derechos humanos”, un proceso orientado a identificar, prevenir, abordar y explicar su impacto sobre los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) ha profundizado este enfoque en su “Guía de debida diligencia para cadenas de suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo”, el estándar de referencia para el sector.

Las prácticas de las 13 empresas de joyería analizadas por Human Rights Watch difieren sustancialmente. Mientras que algunas empresas han dado pasos importantes para abordar los riesgos para los derechos humanos en la cadena de suministro del oro y los diamantes, otras sencillamente confían en los testimonios no verificados de sus proveedores. La mayoría de las empresas no tienen mecanismos para rastrear el origen del oro y los diamantes que utilizan, y no evalúan en forma suficiente los riesgos para los derechos humanos. La mayoría de las empresas tampoco emiten informes públicos exhaustivos sobre sus acciones en materia de abastecimiento responsable, ni publican los nombres de sus proveedores.

Human Rights Watch evaluó 13 empresas en función de siete criterios para el abastecimiento responsable, utilizando la información que proporcionaron directamente y la información pública disponible.

Diez de las empresas contestaron el pedido de información: Boodles, Bulgari, Cartier, Chopard, Christ, Harry Winston, Pandora, Signet (sociedad matriz de Kay Jewelers, Zales, Ernest Jones, y H. Samuel), Tanishq y Tiffany. Tres no contestaron: Kalyan, Rolex y TBZ. Con base en información públicamente disponible o datos proporcionados por las empresas, Human Rights Watch elaboró una clasificación de estas 13 compañías según criterios específicos de abastecimiento responsable, incluidas medidas para evaluar y responder a riesgos de derechos humanos, establecer la rastreabilidad de los insumos e informar públicamente sobre las acciones la empresa.

Human Rights Watch concluyó que ninguna de los 13 podía clasificarse como “excelente”, pero posicionó a una—Tiffany and Co.— como “sólida” por haber tomado medidas significativas para asegurar un abastecimiento responsable; y a cuatro compañías —Bulgari, Cartier, Pandora y Signet— como “moderadas”, en razón de que realizaron algunas acciones importantes para lograr este tipo de abastecimiento.

Otras cuatro —Boodles, Chopard, Christ y Harry Winston— se clasificaron como “débiles” debido a que tomaron pocas medidas para conseguir un abastecimiento responsable, y Tanishq fue calificada como “muy débil”, pues no hay ninguna prueba de que tome medidas para tal fin. Las tres empresas que no respondieron no se incluyeron en la clasificación, porque no divulgan ningún tipo de información sobre sus políticas y prácticas de abastecimiento.

Human Rights Watch también concluyó que las iniciativas existentes sobre abastecimiento responsable, como el Proceso de Kimberley para los diamantes y la certificación del Responsible Jewellery Council, no constituyen, por sí solas, garantías suficientes de que los diamantes o el oro hayan sido extraídos sin contribuir a abusos. El Proceso de Kimberley se enfoca exclusivamente en diamantes que están vinculados con fuerzas rebeldes, se aplica solo a diamantes en bruto y no asigna responsabilidad directa a las empresas.

El Responsible Jewellery Council, un grupo del sector con más de 1.000 miembros, cuenta con estándares, medidas de gobernanza y sistemas de certificación deficientes. El consejo debería reforzar sus estándares y prácticas de auditoría, de modo de establecer un parámetro más exigente para las prácticas de abastecimiento responsable en el sector, apuntó Human Rights Watch.

“Demasiadas empresas señalan su pertenencia al Responsible Jewellery Council como la única prueba necesaria de que cumplen con el abastecimiento responsable; sin embargo, esto no es suficiente para garantizar realmente que haya cadenas de suministro íntegras”, destacó Kippenberg.

Mientras que numerosas empresas de joyería incumplen los estándares internacionales, algunas han adoptado buenas prácticas que podrían replicarse de manera más generalizada. Entre las empresas analizadas, Tiffany and Co. se destaca por su capacidad de rastrear el oro que utilizan hasta la mina de origen, y por su evaluación exhaustiva de las consecuencias para los derechos humanos. Cartier compra la totalidad de la producción de una mina de oro “modelo” en Honduras. La joyera suiza Chopard ha trabajado con cooperativas de minería a pequeña escala en América Latina para mejorar las condiciones laborales, y se abastece a través de esas minas. Pandora se destaca por divulgar los riesgos para los derechos humanos identificados en sus auditorías.

Una cantidad cada vez mayor de pequeños fabricantes de joyas están tomando medidas para comprar el oro que utilizan a minas a pequeña escala donde se respetan los derechos, a menudo con la ayuda de organizaciones no gubernamentales.

“Es alentador que algunas empresas de joyería, tanto pequeñas como grandes, estén tomando medidas en la dirección correcta”, apuntó Kippenberg. “Sus acciones demuestran que el cambio es posible”.

Desde entonces, dos de las empresas se han comprometido a dar pasos concretos para mejorar sus prácticas. La joyería Boodles, en el Reino Unido, ha comenzado a mantener reuniones con sus proveedores de diamantes para analizar las medidas de debida diligencia sobre derechos humanos que estos aplican, y ha iniciado su primera auditoría de abastecimiento responsable. La empresa se ha comprometido a desarrollar un código de conducta integral para sus proveedores de oro y diamantes y a difundirlo al público, a informar abiertamente sobre las medida de debida diligencia relativas a derechos humanos a partir de 2019 y a llevar a cabo evaluaciones más rigurosas de derechos humanos. La joyería alemana Christ ha asumido el compromiso de publicar su código de conducta y otros datos acerca de sus acciones de debida diligencia en materia de derechos humanos durante 2018./a>

Todas las empresas de joyería deben adoptar estándares rigurosos de derechos humanos e informar de manera pública sobre sus acciones, señalaron varias organizaciones de la sociedad civil y sindicatos en el comunicado conjunto. Human Rights Watch también puso en marcha la campaña pública #BehindTheBling, para ejercer presión sobre la industria de la joyería.

Al comprar joyas, los clientes deberían preguntar de dónde proceden y qué pasos ha dado el comercio minorista para determinar si en las minas de origen se respetan los derechos humanos, expresó Human Rights Watch. La minería artesanal y a pequeña escala, en particular, tiene el potencial de beneficiar a comunidades locales.

“Una cantidad cada vez mayor de clientes desean cerciorarse de que las joyas que compran no contribuyan a propiciar violaciones de derechos humanos”, explicó Kippenberg. “Las empresas de joyería tienen la responsabilidad, ante sus clientes y las comunidades afectadas por sus actividades, de abastecerse de manera abiertamente responsable y permitir que el público escudriñe sus acciones”.

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