La FIFA, el organismo que rige el fútbol internacional, tenía un problema de reputación. En 2015, Sepp Blatter, el presidente de la organización en ese momento, y otros altos ejecutivos enfrentaron acusaciones de corrupción y, tras otorgar los Mundiales de Fútbol de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, sufrieron una reacción pública por los alarmantes historiales de derechos humanos de esos países.
Como parte de sus “deberes”, la FIFA acordó exigir estándares mínimos de derechos humanos para los países que se postulen a acoger competiciones de fútbol, incluida la tolerancia cero con la discriminación basada en la orientación sexual.
La primera prueba de estas nuevas políticas llegará el 14 de junio cuando se inaugure el Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 en Rusia, un país abiertamente hostil a las personas LGBT. Miles de millones de seguidores verán cómo 32 equipos nacionales juegan en la principal competencia mundial de fútbol en 11 ciudades de Rusia. El Mundial de Fútbol está destinado a ser una celebración alegre del deporte y la humanidad. Sin embargo, muchas personas LGBT no celebrarán los juegos.
La FIFA necesita dejar en claro ahora que espera que Rusia cumpla con sus normas durante el torneo. El establecimiento de políticas de derechos humanos fue un primer paso vital para la FIFA. La parte difícil es ponerlas en práctica, especialmente con potenciales anfitriones represivos que pretenden “lavar” sus reputaciones internacionales.
Junio marcará el quinto aniversario de la ley discriminatoria de “propaganda” anti-gay de Rusia. Adoptada meses antes de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, la ley penaliza la incidencia por los derechos de personas LGBT y crea un clima peligroso de estigma y violencia para este colectivo. La violencia contra las personas homosexuales ha aumentado tanto en Rusia que F.A.R.E., una organización dedicada a contrarrestar la discriminación en el fútbol, advirtió a los seguidores que asistan a los partidos del Mundial con sus parejas del mismo sexo que no se cojan de la mano en público.
En 2017, la república rusa de Chechenia llevó a cabo una terrible “purga” anti-gay. Las fuerzas de seguridad chechenas acorralaron a presuntos hombres homosexuales y bisexuales, los torturaron y secuestraron a algunos. “Aquí no hay gays”, dijo el gobernante de Chechenia, Ramzan Kadyrov, a HBO el año pasado. “En caso de que hubiese alguno, que se lo lleven para purificar nuestra sangre”.
En lugar de pronunciarse, la FIFA, en el mejor de los casos, está haciendo la vista gorda ante dicha homofobia y, en el peor de los casos, la recompensa. La organización incluyó a Grozny, la capital chechena, en una lista de los lugares de entrenamiento del Mundial de Fútbol.
Qatar, que ha castigado a personas homosexuales con uno a tres años de prisión, será el próximo anfitrión del Mundial de Fútbol, en 2022. Y el 13 de junio, la FIFA votará entre una oferta conjunta de Estados Unidos-Canadá-México y Marruecos para acoger la edición de 2026, a pesar de que el código penal nacional de Marruecos castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de cárcel. La ley ha provocado numerosos arrestos en los últimos años, incluyendo el de dos chicas adolescentes en 2016 por besarse.
Estas leyes contra los homosexuales chocan con los estatutos de la FIFA, que advierten que la discriminación de cualquier tipo “está estrictamente prohibida y es punible con suspensión o expulsión”. Como parte de un proceso de dos años de aplicación de las reformas de derechos prometidas en 2015, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, creó la primera política de derechos humanos de la organización, que establece que la FIFA “se compromete a abordar la discriminación en todas sus formas”. Infantino también acordó aplicar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en todas las operaciones.
La FIFA afirma que tomará medidas en caso de violaciones. “Si hay algún caso de abuso, o incluso una posibilidad de que un defensor de los derechos humanos o un periodista se vea arrojado a una situación difícil, entonces, de acuerdo con nuestros estatutos y política de derechos humanos, la FIFA intervendrá”, dijo Federico Addiechi, responsable de sostenibilidad y diversidad de la FIFA, a The New York Times el año pasado. En una carta de 2017 sobre la purga anti-homosexual de Chechenia dirigida a los activistas, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, escribió que los eventos de la organización deben ser “entornos libres de discriminación, incluida la discriminación basada en la orientación sexual”.
Organizar el Mundial de Fútbol implica negociar alguna soberanía. La FIFA ha exigido y ha conseguido que se hicieran cambios a las leyes nacionales de cara a pasados Mundiales de Fútbol. Sudáfrica estableció decenas de “tribunales instantáneos”, principalmente para enjuiciar delitos menores relacionados con el torneo, y Brasil revocó la legislación que prohibía la cerveza en los estadios. Este tipo de presión debería usarse para promover los derechos humanos fundamentales.
La FIFA debe decirle públicamente a Rusia que espera una atmósfera acogedora para las personas LGBT en todos los partidos del Mundial de Fútbol y dejar en claro que el país será responsable de transmitir ese mensaje a todos los funcionarios y personal locales, en los partidos y más allá de los campos de juego.
Esto enviaría una fuerte señal a países como Qatar y Marruecos de que no podrán albergar grandes torneos de la FIFA a menos que reformen las leyes y políticas anti-LGBT.
Si la FIFA no puede hacer cumplir sus propias reglas, deberían ser sus patrocinadores los que actúen. Coca-Cola, Adidas, McDonald’s, Visa y otras multinacionales con políticas que prohíben la discriminación deben proteger su propia reputación al insistir en que la FIFA cumpla con sus promesas. McDonald’s ya expresó “preocupaciones a la FIFA con respecto a los problemas de derechos humanos en Qatar” y anunció que dejará de ser patrocinador del Mundial de Fútbol después de 2018.
Pensando más allá de Rusia este año, la FIFA tiene que advertir a Qatar de que cuatro años es tiempo suficiente para revocar sus leyes anti-LGBT, y hacer que el requisito sea público y esencial a la hora de seleccionar a futuros anfitriones. En resumen, la FIFA necesita decir: si no sigues las reglas de los derechos humanos, no puedes jugar.
