El informe, “Toward an Effective and Principled EU Migration Policy: Recommendations for Reform”, contiene recomendaciones concretas para asegurar el liderazgo global de la UE respecto de la protección de refugiados, defender el derecho al asilo y compartir de manera más equitativa la responsabilidad entre los Estados Miembros de la UE. Las recomendaciones de política de Human Rights Watch tienen por objeto proteger los derechos de todos los inmigrantes y, al mismo tiempo, permitir que los gobiernos de la UE controlen sus fronteras.
“Los gobiernos de la UE solamente parecen poder estar de acuerdo en desligarse de la responsabilidad y aportar padecimientos”, señaló Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los jefes de estado deben aprovechar la oportunidad que ofrece la cumbre para apoyar políticas de inmigración basadas en derechos que sean más humanas y más eficientes”.
Human Rights Watch considera que es necesaria una reformulación fundamental en la política de inmigración en un momento en que la UE está desviando la responsabilidad hacia fuera de sus fronteras. La UE está haciendo que resulte más difícil solicitar asilo en Europa, creando un entorno hostil para los inmigrantes y solicitantes de asilo y amenazando la integridad del sistema internacional de refugiados, señaló Human Rights Watch. Un enfoque efectivo y basado en principios acerca de la inmigración debe estar fundado en el respeto por los derechos humanos y el derecho al asilo.
La reciente negativa del gobierno italiano a permitir atracar a un barco de rescate no gubernamental refleja el enfoque de línea dura recientemente adoptado por ese país y la intención de eludir sus obligaciones internacionales, pero también el quiebre de la cooperación y la solidaridad regional, manifestó Human Rights Watch.
El incidente ilustró con crudeza la necesidad de contar con sistemas predecibles y justos para compartir la responsabilidad, no solamente por el rescate en el mar y el desembarco, sino también por el procesamiento legal de los inmigrantes que llegan al país y las personas que solicitan asilo.
Aun así, las negociaciones para reformar el sistema de Dublín, que asigna la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo, se encuentran paralizadas. Existen muchas propuestas que podrían aumentar la presión actual sobre los países de la primera línea de la UE en lugar de distribuir la responsabilidad de un modo más equitativo.
Numerosos países de la UE ya han adoptado o propuesto cambios legales o de política en el ámbito interno que limitan los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados a apelar decisiones y a reunirse con sus familias, y restringen la asistencia. Al mismo tiempo, los países de la UE han intensificado los esfuerzos para evitar las llegadas y disuadir los pedidos de asilo, con una marcada indiferencia por las consecuencias significativas que esto puede acarrear en materia de derechos humanos.
El acuerdo celebrado entre la UE y Turquía en 2016 tuvo como resultado una política de contención de miles de solicitantes de asilo en condiciones inadecuadas en las islas griegas, sin mejoras destacables en la protección para los refugiados en Turquía ni una reubicación significativa en países de la UE. La cooperación con las autoridades de Libia, y particularmente con las fuerzas de la guardia costera de Libia puede estar alimentando un ciclo de violencia y detenciones pese a que se están realizando esfuerzos simultáneos para evacuar a los refugiados vulnerables a Níger para su reubicación en otros lugares y para repatriar a los inmigrantes que no necesitan la protección de Libia a sus países de origen.
En la Cumbre del Consejo, los líderes de la UE deberían enfocarse en estrategias para minimizar los desplazamientos migratorios peligrosos sin desatender el respeto por el derecho a abandonar cualquier país, y reconocer los múltiples motivos que dan lugar a las migraciones, que incluyen la violencia y la persecución.
Los esfuerzos por salvar vidas en el mar y en tierra deberían constituir una prioridad, y la UE debería ampliar el acceso a vías seguras y ordenadas como el reasentamiento de refugiados, como así también vías legales para permitirles trabajar y estudiar. Al mismo tiempo, debería impulsar el retorno seguro de inmigrantes en situación de irregularidad de manera respetuosa de sus derechos humanos. Los gobiernos de la UE deberían invertir capital diplomático y económico de modos que ayuden a abordar los abusos que dan lugar a las migraciones y que mejoren la protección en las regiones de origen. Las mejoras en los países de origen deberían basarse en soluciones que promuevan los derechos humanos, protejan a los refugiados y favorezcan el desarrollo efectivo.
Preservar la UE como un espacio de protección para quienes lo necesitan requiere implementar una reforma a largo plazo en el sistema de Dublín, para distribuir la responsabilidad de manera más equitativa y ofrecer un incentivo a los solicitantes de asilo para que respeten las limitaciones del sistema, como así también procedimientos de asilo eficientes y justos en todos los países de la UE. El uso de disposiciones de país seguro para rechazar a solicitantes de asilo debería limitarse y estar sujeto a salvaguardas estrictas para evitar posibles retornos inseguros.
Mientras los países de la UE trabajan para aumentar la repatriación de solicitantes de asilo rechazados e inmigrantes no autorizados a permanecer, los países deberían asegurar que sus procedimientos sean justos, que en los acuerdos de readmisión se incluyan sólidas disposiciones sobre derechos humanos, y que cualquier detención mientras se encuentre pendiente la deportación se limite al período mínimo necesario. Como regla general, los menores no deberían ser detenidos. La UE debería ofrecer incentivos, y no amenazas, a los países de origen para que colaboren con el retorno de sus ciudadanos incrementando el otorgamiento de visas para estudiantes y trabajadores de todos los niveles de habilidad.
“El debate político de carácter divisivo en Europa no debería impedir reconocer que un enfoque basado en principios permitiría proteger derechos humanos y manejar las cuestiones de inmigración”, señaló Sunderland. “Los líderes de la UE deberían mostrar un liderazgo genuino y defender los valores y compromisos compartidos”.
