“Tras décadas de relegamiento, Florida y el gobierno federal siguen sin abordar la crisis de VIH en la comunidad transgénero”, apuntó Megan McLemore, investigadora sénior de Salud de Human Rights Watch y autora del informe. “Las mujeres transgénero tienen dificultades para encontrar una atención de la salud asequible, incluida la prevención y el tratamiento del VIH, que respete su identidad de género y donde se sientan seguras”.
Human Rights Watch entrevistó a 125 mujeres transgénero en el sur de Florida, así como a funcionarios federales y estatales, proveedores médicos, funcionarios de aplicación de la ley, defensores de oficio, expertos en salud pública y defensores comunitarios. Muchas de las mujeres transgénero entrevistadas, sobre todo afroamericanas y latinas, viven en la pobreza extrema, no tienen vivienda estable, temen sufrir violencia a diario y no cuentan con seguro de salud, y esto las expone a un mayor riesgo de infección por VIH.
Numerosas mujeres transgénero dijeron a Human Rights Watch que, muchas veces, ir al médico resultaba un calvario. “¿Nos sentiremos seguras en público, en la calle o en el autobús? Y cuando lleguemos allí, ¿cómo nos tratarán?”, se preguntó una mujer.
Florida, que presenta la tercera tasa más alta de infección por VIH en el país, recibe millones de dólares al año en fondos federales para la prevención y el tratamiento del VIH. Aunque no hay escasez de clínicas de VIH en los condados de Miami-Dade o Broward, la política sobre VIH estatal y federal no protege a personas transgénero de la discriminación en esos contextos, y esto limita las opciones de tratamiento. El programa federal Ryan White sobre VIH/Sida, el principal vehículo para el financiamiento gubernamental en materia de servicios y medicamentos para el VIH, no incluye requisitos ni estándares para la atención de personas transgénero. Son pocas las clínicas que brindan ofrecen atención relacionada con la transición, un enfoque integrado que los expertos en salud pública consideran vital para reducir el riesgo de VIH y mejorar los resultados para las mujeres transgénero que viven con VIH.
“Nadie debería verse obligado a elegir entre ser quien es y acceder a medicamentos vitales”, sostuvo McLemore.
Al no recopilarse datos precisos, se obstaculiza la posibilidad de una respuesta por parte del gobierno. A menudo, se clasifica equivocadamente a las mujeres transgénero como hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Debido a esto, son un grupo que queda mayormente invisible, insuficientemente representado y excluido de muchos programas destinados a reducir la infección entre las poblaciones en riesgo. Los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades han formulado recomendaciones a los estados para que mejoren la recopilación de datos entre las personas transgénero, pero ha delegado a los estados su implementación. Aunque funcionarios responsables de temas de VIH de Florida están adoptando medidas para abordar el problema, reconocieron que la información con la que están trabajando es incompleta.
A falta de garantías legales estatales o federales expresas, muchas personas transgénero enfrentan discriminación laboral. La mayoría de las mujeres entrevistadas estaban desempleadas y vivían en la pobreza extrema: el 63 % indicó ingresos anuales inferiores a USD 10.000. Casi la mitad no tenía seguro de salud. La negativa de Florida de ampliar Medicaid contribuye al aumento en el estado de las tasas de VIH entre numerosos grupos, incluidas las mujeres transgénero.
Algunas mujeres transgénero realizan trabajo sexual para subsistir. Casi la mitad de las mujeres entrevistadas indicaron que habían intercambiado sexo por dinero, drogas o artículos básicos para la vida durante el último año, y el 40 % habían sido arrestadas al menos una vez. Además de aumentar el riesgo de VIH a través de clientes o parejas, tener antecedentes penales perpetúa un ciclo de desempleo y pobreza.
A su vez, la violencia aumenta el riesgo de VIH, y los centros de detención y las cárceles son sitios peligrosos para las personas transgénero. A nivel nacional, un tercio de las mujeres transgénero detenidas informan haber sido agredidas por otros internos o por personal penitenciario. Una mujer transgénero afirmó que su experiencia en la cárcel del condado de Broward había sido una “pesadilla” de abusos, acoso, reclusión en régimen de aislamiento y negativa, por parte del establecimiento, a reconocer su identidad de género.
Las leyes penales de Florida establecen penas más severas para las personas que ejerzan la prostitución teniendo conocimiento de que son VIH positivas. Sin embargo, expertos en salud pública han concluido que las leyes que actúan contra las personas que viven con el VIH son innecesarias, estigmatizantes y contraproducentes, pues podrían disuadirlas de hacerse pruebas de VIH e informar el resultado.
Florida debería derogar las leyes penales específicamente relacionadas con el VIH y despenalizar el trabajo sexual entre adultos consensuado, apuntó Human Rights Watch.
“Las mujeres transgénero son identificadas por el gobierno como una población de alto riesgo”, expresó McLemore, “pero el relegamiento por parte del gobierno contribuye a que exista ese riesgo. A 30 años de que empezó la epidemia de VIH, ni el gobierno federal ni el del estado saben cuántas personas transgénero viven con VIH, cuántas tienen dificultades para recibir atención y cómo esta situación afecta la salud de la comunidad en general”.
