(Washington, D.C.) – Una nueva resolución de Argentina que regula el uso de armas de fuego por agentes federales de seguridad contraviene normas básicas de derechos humanos y podría propiciar que empleen armas de fuego en circunstancias injustificables, expresó hoy Human Rights Watch.
El 3 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad de Argentina publicó una resolución sobre el uso de armas de fuego por miembros de las fuerzas de seguridad federales. En la resolución se citan los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establecen lineamientos claros sobre el uso de la fuerza por funcionarios de seguridad. Sin embargo, la resolución argentina presenta vacíos legales y ambigüedades que podrían permitir que los funcionarios de seguridad utilicen las armas de fuego en un espectro inaceptablemente amplio de circunstancias.
“La resolución cita los principios de la ONU sobre uso de la fuerza, pero en realidad no cumple con ellos”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno argentino debería revisar esta resolución para garantizar que existan límites adecuados al uso de armas de fuego y que se exija claramente que todo uso letal deliberado de armas de fuego sea absolutamente inevitable para proteger la vida”.
El gobierno señaló que, conforme a las normas anteriores, los agentes federales no podían usar armas de fuego para “detener a los delincuentes o impedir su fuga, incluso aunque hayan matado o intentado matar a una persona”, ni impedir la comisión de delitos graves porque los agentes “tenían que esperar a que les dispararan primero”.
La resolución establece que las fuerzas de seguridad federales tienen la obligación de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, y que sólo podrán usar armas de fuego cuando tal uso sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera “el desempeño de sus tareas.” Indica que las fuerzas de seguridad “harán uso” de las armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un riesgo inminente de muerte o de lesiones graves, para impedir la comisión de un delito particularmente grave que implique un grave peligro para la vida o la integridad física, y para detener a quien represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad, o para impedir que se fugue.
Sin embargo, las nuevas disposiciones son inconsistentes con estándares de derechos humanos que limitan rigurosamente el uso de armas de fuego.
La resolución no distingue entre el uso de armas de fuego y su uso letal intencional; es decir, no hay distinción entre la diferencia entre disparar y disparar con la intención de matar. Esta es otra distinción crucial ya que, incluso en los pocos casos en los que está justificado el uso de armas de fuego, los funcionarios en general no deberían disparar a matar. Los Principios Básicos de la ONU establecen que el uso intencional de armas letales se permite únicamente cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Por otra parte, la resolución permite que los funcionarios de las fuerzas de seguridad federales usen armas de fuego cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos”, pero no especifica que hay otros medios para el uso de la fuerza que deberían emplearse antes de recurrir a las armas de fuego.
Conforme a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza, los funcionarios de seguridad solamente deberían utilizar armas de fuego cuando resulten insuficientes “medidas menos extremas”, que pueden incluir medidas violentas. Esta disposición es clave, ya que reconoce es más probable que las armas de fuego causen muertes o lesiones que otras medidas de uso de la fuerza. Por ello, el criterio para que las fuerzas de seguridad usen las armas de fuego no debería ser sólo que resulten ineficaces los medios no violentos, sino que, además, sean inviables otras formas de fuerza menos letales. La resolución no acata tal principio, y por eso parece avalar el uso de armas en una amplia variedad de situaciones injustificables.
La nueva reglamentación tampoco incluye estándares de los principios de la ONU que buscan reducir al mínimo posible el uso de la fuerza. Concretamente, los principios establecen que los funcionarios de seguridad “ejercerán moderación”, “reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.
Asimismo, la resolución incluye ejemplos imprecisos de qué se considerará un “peligro inminente”, que otorgan una amplia discrecionalidad a las fuerzas de seguridad para usar armas de fuego. Los ejemplos incluyen supuestos en los cuales una persona integre un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya lesionado a terceros; cuando se fugue luego de haber causado, o intentado causar, la muerte o lesiones a un tercero; o cuando “la imprevisibilidad del ataque” impida a los funcionarios de seguridad el “cumplimiento del deber”.
