El informe de 70 páginas “‘No Escape from Hell’: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya” (“‘No hay escapatoria del infierno: las políticas de la UE contribuyen al abuso de inmigrantes en Libia”) documenta condiciones graves de hacinamiento e insalubridad, desnutrición y falta de atención médica adecuada. Human Rights Watch descubrió que, al menos en cuatro centros de detención oficiales en el oeste de Libia, los guardias cometían abusos violentos que incluían palizas y latigazos. Human Rights Watch observó a grandes grupos de niños, incluidos recién nacidos, detenidos en condiciones sumamente inadecuadas en tres de los cuatro centros de detención. Casi el 20 por ciento de los que llegaron a Europa por mar desde Libia en 2018 eran menores.
“Los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos en Libia, entre ellos numerosos niños, están atrapados en una pesadilla, y lo que están haciendo los gobiernos de la UE perpetúa la detención en lugar de librar a las personas de estas condiciones abusivas”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa de Human Rights Watch. “Los esfuerzos para mejorar las condiciones y sacar a algunas personas de la detención no eximen a la UE de la responsabilidad de haber implementado este sistema de detención bárbaro”.
En una carta a Human Rights Watch justo cuando el informe estaba en proceso de publicación, la Comisión Europea indicó que su diálogo con las autoridades libias se centró en el respeto por los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, en que el compromiso de la UE con Libia es de carácter humanitario, y que se han logrado mejoras concretas a pesar de que aún queden desafíos.
Human Rights Watch visitó los centros de detención de Ain Zara y Tajoura en Trípoli, el centro de detención de Al-Karareem en Misrata y el centro de detención de Zuwara en la ciudad del mismo nombre en julio de 2018. Todos están bajo el control nominal de la
Dirección para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), una de las dos autoridades enfrentadas en Libia. Human Rights Watch conversó con más de 100 inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos, incluidos 8 niños no acompañados, así como el director y el personal directivo de cada centro. Los investigadores también se reunieron con el jefe de la DCIM; altos funcionarios de la Guardia Costera de Libia, que está alineada con la GNA; y representantes de organismos internacionales y diplomáticos.
Abdul, un joven de 18 años de Darfur, fue interceptado por la Guardia Costera de Libia en mayo de 2018, cuando intentaba llegar a Europa para solicitar asilo. Darfur fue detenido en condiciones abismales de hacinamiento e insalubridad en el centro de al-Karareem. Describió cómo los guardias lo golpearon en la planta de los pies con una manguera para hacerle confesar que ayudó a escapar a tres hombres. La experiencia de Abdul engloba la lucha, las esperanzas frustradas y el sufrimiento de innumerables inmigrantes y solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Libia, dijo Human Rights Watch.
Los altos funcionarios de las instituciones de la UE y los países miembros están al tanto de la situación. En noviembre de 2017, el comisario europeo de Migración, Dimitri Avramopoulos, dijo: “Todos somos conscientes de las terribles y degradantes condiciones en que se encuentran detenidos algunos inmigrantes en Libia”. Sin embargo, desde 2016, la UE y algunos Estados miembros han invertido millones de euros en programas para reforzar la capacidad de la Guardia Costera de Libia de interceptar barcos que salen de Libia, conscientes de que en caso de ser interceptado, todos son automáticamente detenidos en condiciones indefinidas y arbitrarias sin revisión judicial.
Italia, el país de la UE al que ha llegado la mayoría de los inmigrantes que han salido de Libia, ha tomado la iniciativa de proporcionar asistencia técnica y material a las fuerzas de la Guardia Costera de Libia y ha renunciado a prácticamente toda la responsabilidad de coordinar las operaciones de rescate en el mar, para limitar el número de personas que llegan a sus costas. El aumento de las interceptaciones en aguas internacionales por parte de la Guardia Costera de Libia, combinado con la obstrucción por parte de Italia y Malta de los barcos de rescate operados por organizaciones no gubernamentales, ha contribuido al hacinamiento y al deterioro de las condiciones en los centros de detención de Libia.
Permitir que la Guardia Costera de Libia intercepte a personas en aguas internacionales y las devuelva a los lugares de Libia donde sufrían tratos crueles, inhumanos o degradantes, puede significar un refuerzo o asistencia en la implementación de graves violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. El apoyo de la UE y de los Estados miembros a los programas de asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos, así como a los planes de evacuación y repatriación, no ha hecho mucho para solucionar los problemas sistémicos de la detención de inmigrantes en Libia y sirve para encubrir la injusticia de la política de contención de la UE.
Las autoridades libias deberían poner fin a la detención arbitraria de inmigrantes e instituir alternativas a la detención, mejorar las condiciones en los centros de detención y garantizar la rendición de cuentas de los agentes estatales y no estatales que violan los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Las autoridades también deberían firmar un memorando de entendimiento con el ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, para permitirle registrar a cualquier persona que necesite protección internacional, independientemente de su nacionalidad, en el pleno respeto de su mandato.
Las instituciones de la UE y los Estados miembros deberían imponer estándares claros para mejorar el trato de los inmigrantes y las condiciones en los centros de detención en Libia y estar preparados para suspender la cooperación si no se cumplen los estándares. La UE también debería garantizar y permitir las operaciones sólidas de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, incluso por parte de grupos no gubernamentales, y aumentar significativamente el reasentamiento de solicitantes de asilo e inmigrantes vulnerables fuera de Libia.
“Los líderes de la UE saben lo mal que está la situación en Libia, pero continúan brindando apoyo político y material para apuntalar un sistema podrido”, dijo Sunderland. “Para evitar la complicidad en graves abusos contra los derechos humanos, Italia y sus aliados de la UE deberían reevaluar su estrategia para ejercer una verdadera presión para conseguir reformas fundamentales y poner fin a la detención automática”.
