“Si me quedaba en Honduras, iba a morir”, afirmó José Medrano (seudónimo), un hombre de 31 años con discapacidad física que se desplaza en silla de ruedas, a quien conocí la semana pasada en un albergue para solicitantes de asilo y migrantes en la Ciudad de México. Se lamentó por la falta de servicios de rehabilitación y por la calidad deficiente de los tratamientos médicos en su país de origen.
José es uno de los cientos de centroamericanos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México como parte de lo que se ha llamado la primera “caravana de migrantes” de 2019. Es una de muchas personas con discapacidad que viajan por el territorio de México hacia EE. UU.
José me contó que aunque el personal del albergue le proporciona medicamentos e insumos adecuados, tienen dificultades para obtener comida. Presenta lesiones en la columna y el aparato digestivo tras sufrir un accidente automovilístico en 2009, y necesita consumir alimentos blandos. En el albergue se brinda una sola variedad de comida, que suele incluir carne. A veces, Medrano hacía una única comida al día y comía con dificultad.
En su desplazamiento hacia EE. UU., José pasará por distintas ciudades y se detendrá en numerosos albergues para descansar y recuperarse de las prolongadas caminatas. Cuando estuve en Tijuana en diciembre de 2018, vi en primera persona con qué condiciones se encontrará en estas otras paradas. Las personas con discapacidad que conocí en dos albergues distintos en Tijuana tenían serias dificultades para acceder a servicios básicos, como alimentos e instalaciones sanitarias.
México asumió el compromiso, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de proteger a estas personas en situaciones de emergencia, garantizando que puedan acceder a servicios en igualdad de condiciones con los demás. México debería cerciorarse de estar identificando a los solicitantes de asilo y migrantes con discapacidad, a fin de brindarles accesibilidad y asistencia personal.
“La migración desde América Central no se detendrá”, reconoció recientemente Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y no se equivoca. Las autoridades federales y estatales en México deberían cumplir con el compromiso que asumieron a nivel internacional y trabajar para proteger a todas las personas con discapacidad, incluidos solicitantes de asilo y migrantes.
