(Londres) – Las marcas de indumentaria y calzado deberían abandonar las prácticas comerciales que incentivan abusos laborales en las fábricas, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El documento de 66 páginas, “‘Ambiciones peligrosas’: Cómo las prácticas de compra de las marcas de indumentaria propician los abusos laborales” (“‘Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly’: How Apparel Brand Purchasing Practices Drive Labor Abuses”) identifica prácticas clave de las empresas de indumentaria que favorecen que las fábricas adopten métodos abusivos de reducción de costos que perjudican a los trabajadores. Numerosas marcas globales publicitan su compromiso de asegurar que en las fábricas que producen sus mercadería se respeten los derechos de los trabajares, pero, al mismo tiempo, ejercen presión incesante sobre los proveedores para que bajen los precios o produzcan más rápido, concluyó Human Rights Watch. Numerosos proveedores responden a estas presiones con métodos abusivos de reducción de costos que perjudican a los trabajadores. Las marcas tienen “pretensiones irrazonables”, se lamentó el propietario de una fábrica, que resumió con esas palabras el problema.
Human Rights Watch entrevistó a trabajadores en Bangladés, Camboya, la India, Myanmar y Pakistán, así como a proveedores de indumentaria del Sur de Asia y el Sudeste Asiático; a expertos con al menos una década de experiencia en la identificación y gestión de encargos en las fábricas para distintas marcas; y otros especialistas del sector.
El sexto aniversario de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, ocurrida el 24 de abril de 2013 —cuando se desplomó un edificio de ocho pisos en los suburbios de Daca, con un saldo de 1.138 trabajadores muertos y más de 2.000 heridos—, es un escalofriante recordatorio de los riesgos que las marcas de indumentaria deben contrarrestar.
En general, las marcas de indumentaria producen sus artículos en una multiplicidad de fábricas en distintos países. Debido a esto, monitorear las condiciones en esas fábricas es, necesariamente una tarea colosal y compleja. Detrás de la producción de cada producto de una marca, hay un complejo entramado de decisiones de compra. Cada una de estas decisiones puede afectar –en forma positiva o negativa– el trato que los proveedores prestan a sus trabajadores.
En respuesta a las prácticas deficientes de las marcas de indumentaria, las marcas recurren a métodos abusivos de reducción de costos, como la subcontratación ilegal de establecimiento donde prevalecen los abusos laborales. Otros abusos incluyen irregularidades salariales, exigir que los trabajadores produzcan más rápido y sin recesos adecuados, y condiciones laborales peligrosas o insalubres.
Fawzia Khan, de 24 años, soltera, que trabaja en una fábrica en Pakistán, describió la presión implacable que se ejerce sobre los trabajadores para que produzcan más rápido:
Odio el clima de encierro en el trabajo, parece una cárcel, y odio que nos prohíban ir al baño, levantarnos para tomar agua o en ningún momento durante el horario laboral... La hora de descanso que se supone que nos corresponde durante el día, en la práctica es apenas media hora. No recuerdo cuándo fue la última vez que me dieron un receso de una hora.
A menudo, las marcas tienen dificultades para monitorear eficazmente las condiciones laborales en sus extensas cadenas de suministro globales. Muchas exacerban el problema negándose a localizar y divulgar las fábricas que las abastecen. Esta falta de transparencia hace que para las organizaciones veedoras sea mucho más difícil identificar los abusos que no detectan las marcas. Y algunas marcas usan agentes para identificar a las fábricas que proveerán sus productos, sin insistir en conocer dónde están las fábricas y cuáles son las condiciones de trabajo y las prácticas en relación con los precios.
El mercado exige que las marcas de indumentaria produzcan y comercialicen artículos con mayor rapidez que nunca, en respuesta a los cambios en la demanda de los consumidores. Sin embargo, las marcas se arriesgan a propiciar los abusos laborales si reducen el tiempo con que cuentan los trabajadores para producir sus artículos, sin controlar adecuadamente la capacidad de la fábrica o conceder a los trabajadores tiempo suficiente que compute feriados nacionales y días de descanso semanales, concluyó Human Rights Watch.
Las marcas que no tienen contratos escritos, o que imponen contratos unilateralmente sin contemplar fechas de entrega flexibles o la dispensa de multas económicas cuando las marcas contribuyen a que haya retrasos, agravan considerablemente los riesgos para los trabajadores. Cuando los contratos se imponen unilateralmente, las marcas procuran trasladar de manera total los costos de sus propios errores a las fábricas, y agudizan así el uso abusivo, por parte de estas, de métodos para reducir costos. Las empresas que no pagan puntualmente a sus proveedores podrían generar retrasos en el pago de salarios y beneficios a los trabajadores, y menoscaban la posibilidad de las fábricas de tomar préstamos para financiar medidas de seguridad edilicia y contra incendios. El Código de Pagos Puntuales (Prompt Payment Code) del Reino Unido, de carácter voluntario, es un claro ejemplo de buenas prácticas.
El informe identifica pasos claves que deberían dar las marcas de indumentaria para revertir prácticas irregulares en las compras y mitigar los riesgos de abusos en las cadenas de suministro. Las marcas deberían adoptar y publicar políticas sobre contrataciones a responsables e integrarlas en todos los departamentos. Deberían publicar listas de sus fábricas, en consonancia con lo establecido en el Compromiso de Transparencia, un estándar mínimo desarrollado en 2016 por una coalición de organizaciones de derechos laborales y derechos humanos. Deberían reconsiderar el uso de agentes de compra y asegurarse de que sus contratos con los proveedores se plasmen en documentos escritos y sean justos.
Las marcas deberían participar en encuestas como Better Buying, que permiten a los proveedores clasificar las prácticas de compra de las marcas e informar qué lugar ocupan en los resultados; usar herramientas para el cálculo de costo de la mano de obra que reflejen los costos de cumplimiento de las normas laborales y sociales, como las desarrolladas por la Fair Wear Foundation; y participar en iniciativas que combinen reformas colectivas de las marcas en materia de prácticas de compra con convenios colectivos sectoriales, como la iniciativa ACT (Action, Collaboration, Transformation). Deberían informar de manera pública sobre la cantidad de sindicatos y convenios de negociación colectiva en relación con sus proveedores y las medidas que adoptan para mejorar las prácticas de compra que afectan las actividades de las fábricas.
Los gobiernos deberían adoptar leyes que establezcan la obligatoriedad de los controles de debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro globales de las empresas, y estas leyes deberían contemplar además medidas para supervisar y corregir sus prácticas comerciales.
“Los consumidores no deberían permitir que las marcas se ufanen de tener buenas políticas solo en papel o se sumen a iniciativas con fines loables, a menos que sean totalmente transparentes con respecto a los resultados”, explicó Kashyap. “Lo que se necesita con urgencia es que las empresas muestren a consumidores, inversionistas, trabajadores y defensores laborales lo que han hecho para modificar prácticas de compras deficientes”.
Selección de testimonios
“La presión sobre los equipos de contrataciones y los agentes de compra consiste básicamente en encontrar un precio mejor [inferior] [para la producción de una fábrica]. …Lo que nadie hace es asociar el riesgo que implica presionar por un lado [en cuanto al precio], y el resultado que eso produce [en las condiciones de las fábricas], por el otro. Esto tiene que ver con el modelo de negocios”.
– Experto del sector con más de 25 años de experiencia en la compra de indumentaria, calzado y otros productos para varias marcas, Londres, 15 de enero de 2019.
“No hay una negociación de precios. Sencillamente, tienen demasiadas opciones [otros proveedores]…. Para ellos [las marcas], es como comprar huevos”.
– Proveedor de Pakistán que pidió permanecer anónimo, junio de 2018.
“Para mí es más económico hacer que los trabajadores cumplan horas extras y se esfuercen para cumplir la fecha de envío, que atrasarme y pagar el costo del transporte aéreo”.
– Ejecutivo, que pidió permanecer anónimo, de un grupo que administra fábricas de indumentaria en China, el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, y abastece a entre 17 y 20 marcas de indumentaria internacionales, Sudeste Asiático, abril y mayo de 2018.
“Es posible que los trabajadores tengan que hacer horas extras a causa de los encargos. Puede ocurrir que aceptemos encargos con fechas de entrega establecidas, pero no recibamos todas las aprobaciones de estilo, muestra, etc. Y en ese proceso, nuestra fecha de entrega se vuelve cada vez más ajustada. Entonces, tenemos que hacer lo posible para cumplir la fecha de entrega. Algunas empresas [fábricas] son más inteligentes y calculan qué cuesta más, si las horas extra o el transporte aéreo”.
– Proveedor de Pakistán, que pidió permanecer anónimo, junio de 2018.
“Uno de los agentes establece un precio fijo de 10 rupias (USD 0,14) por pieza. No importa si la prenda completa cuesta 50 rupias (USD 0,72) o 500 rupias (USD 7,20)”.
– Proveedor de la India que pidió que se mantenga su anonimato y se refería a las “comisiones” que los agentes aplican a los proveedores, septiembre de 2018.
“Si una marca le dice a una fábrica que van a encargar 150.000 piezas y luego, al realizar el pedido, en realidad piden 250.000 piezas, tienen que hacer horas extras o subcontratar”.
– Experto en contrataciones con más de 30 años de experiencia en el sector, que pidió permanecer anónimo, Estados Unidos, octubre de 2018 y enero de 2019.
