El informe de 55 páginas, “‘I Felt Like the World Was Falling Down on Me’: Adolescent Girls’ Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic” (“‘Sentí que el mundo se venía abajo”: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana”), documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.
“Las niñas deben estar preparadas con la información y los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y relaciones”, dijo Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Al negarles sus derechos sexuales y reproductivos, las autoridades dominicanas no les están brindando a las niñas y mujeres jóvenes todas las oportunidades para continuar su educación y llevar una vida saludable, exitosa y enriquecedora”.
El informe se basa en entrevistas a 30 niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años, y decenas de otras personas, incluidos estudiantes, jóvenes LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, y expertos en el campo.
La alta tasa de embarazos de adolescentes en la República Dominicana es una consecuencia de la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años en la República Dominicana quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Las leyes que tipifican como delito el aborto crean un temor generalizado y empujan el aborto a la clandestinidad, obligando a las mujeres y las niñas a recurrir a medidas inseguras para poner fin a los embarazos no deseados.
Las niñas y mujeres jóvenes describieron haber sentido una angustia extrema al enterarse de un embarazo no planificado. “Sentí como si se me cayera el mundo encima”, dijo una joven. “Me estaba volviendo loca, pensando que no podía tener un hijo”, añadió. “Estaba aterrorizada”, dijo otra.
La prohibición del aborto en el país tiene distintos impactos que perjudican a las adolescentes, descubrió Human Rights Watch. La actividad sexual a menudo está altamente estigmatizada entre las adolescentes. A una niña que enfrenta un embarazo no deseado le puede resultar más difícil que a una mujer adulta buscar ayuda, lo que podría llevarla a recurrir a métodos de aborto menos seguros. Varias niñas y mujeres jóvenes dijeron que trataron de interrumpir un embarazo clandestinamente antes de los 18 años. Expertos internacionales en derechos humanos han concluido que negar el acceso al aborto a niñas y mujeres es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos.
Expertos de las Naciones Unidas han instado a los gobiernos a proporcionar a los estudiantes una educación sexual integral, desde una edad temprana. Según el derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación nacional en la República Dominicana, los menores tienen derecho a acceder a información sobre salud sexual y reproductiva.
La República Dominicana se encuentra bajo escrutinio internacional por no proporcionar una educación sexual, científicamente precisa y basada en los derechos, en las escuelas. En 2015, las autoridades anunciaron planes para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo nacional y desarrollaron materiales para educadores y orientadores. Pero la Junta Nacional de Educación no ha aprobado el nuevo enfoque para que pueda implementarse en todo el país.
Algunas escuelas ofrecen talleres o instrucción sobre educación sexual, pero no existe un enfoque obligatorio y consistente. “Depende de la buena voluntad del profesor”, dijo un experto.
Una orden departamental de mayo de 2019 por parte del ministro de educación que ordena la creación de una política de género para el Ministerio y el sistema educativo podría requerir que las autoridades proporcionen una educación integral en sexualidad. Queda por ver si esta nueva estrategia se implementará de manera efectiva para garantizar los derechos de las niñas adolescentes.
Muchos adolescentes en la República Dominicana también pasan apuros para obtener servicios de salud confidenciales y no estigmatizantes, y algunos no tienen acceso a servicios importantes de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción. “No reciben servicios de calidad ni tratamiento confidencial”, dijo un experto. Una encuesta del Ministerio de Salud de 2013, los datos más recientes disponibles, encontró que el 27 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años, y el 21 por ciento de 20 a 24 años tienen necesidades de anticonceptivos no cubiertas.
El embarazo precoz conlleva graves riesgos para la salud de las madres jóvenes y sus bebés. Algunas de las madres jóvenes entrevistadas sufrieron complicaciones durante el embarazo o el parto, algunas de las cuales resultaron en la muerte de los bebés.
Las estudiantes embarazadas y las madres jóvenes a menudo pasan dificultades para continuar su educación. Para otras es simplemente imposible. Algunas dijeron que enfrentaron actitudes discriminatorias por parte de maestros o administradores escolares, por lo que abandonaron la escuela durante el embarazo o después del parto. Algunas nunca regresaron.
La República Dominicana debe despenalizar el aborto, implementar planes para proporcionar una educación integral en sexualidad en las escuelas y abordar otras barreras que ponen en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las niñas.
“La vida y los planes de una adolescente no deberían verse descarrilados por un embarazo no deseado”, dijo Wurth. “Los legisladores de la República Dominicana deben garantizar que las adolescentes puedan obtener información confiable sobre salud sexual y reproductiva, incluso en la escuela, así como servicios de salud adecuados, incluido el aborto seguro y legal”.
