El miércoles, las autoridades inmigratorias de Estados Unidos arrestaron a 680 personas durante las redadas en siete plantas de procesamiento de alimentos en el estado de Mississippi, en lo que probablemente sea la mayor redada inmigratoria en el lugar de trabajo llevada a cabo en el país en más de una década.
Al igual que muchas industrias peligrosas, exigentes, sucias y de bajos salarios, el sector cárnico en EE.UU. depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, y las autoridades que velan por el cumplimiento de las leyes migratorias han llevado a cabo rutinariamente arrestos en masa de alto perfil de trabajadores en plantas procesadoras de carne y aves de corral.
Una redada en mayo de 2008 en un matadero en Postville, Iowa, había sido hasta la fecha la mayor redada llevada a cabo en el lugar de trabajo. Y en abril de 2018, las autoridades inmigratorias arrestaron a casi 100 trabajadores en una planta de sacrificio y procesamiento de ganado cerca de Morristown, Tennessee.
Hablé con algunos de los trabajadores arrestados en Morristown, así como con sus familias y miembros de la comunidad, para un próximo informe de Human Rights Watch sobre los derechos de los trabajadores en las plantas procesadoras de carne y aves de corral de EE.UU. Las entrevistas dejaron en claro que las redadas en el lugar de trabajo como estas separan a las familias y las comunidades, que deben seguir lidiando con sus efectos traumáticos mucho después de que los funcionarios de inmigración se hayan ido.
La redada del miércoles afectará a los inmigrantes de todo el país que trabajan cada día para preparar la carne que consumen los estadounidenses. Muchos de los trabajadores de las plantas de carne y aves de corral que hablaron con Human Rights Watch temían represalias de los empleadores, independientemente de su estado migratorio. Dijeron que el miedo a la aplicación de la ley de inmigración como una herramienta de represalia evita que muchos trabajadores inmigrantes denuncien abusos en el lugar de trabajo.
“No trabajamos con nuestros nombres reales, así que tenemos miedo”, dijo un trabajador indocumentado de una planta de pollos en Carolina del Norte. “No tenemos derecho a hablar sin reservas”. El hecho de que la redada del miércoles en Mississippi incluyera una planta que recientemente resolvió una demanda colectiva por discriminación laboral por US$3,75 millones puede confirmar este temor para muchos trabajadores.
El gobierno de EE.UU. no puede proteger adecuadamente la seguridad de los trabajadores en plantas como las que fueron allanadas esta semana, a menos que sus políticas de inmigración garanticen que los trabajadores inmigrantes puedan hablar sin temor a represalias.
