(Ciudad Juárez, México, 25 de septiembre de 2019) –El gobierno de Trump ha ampliado radicalmente el programa de “Permanencia en México” (Remain in Mexico) y, al mismo tiempo, ha cercenado los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, señaló hoy Human Rights Watch. Conforme a los Protocolos de Protección de Migrantes (Migrant Protection Protocols, MPP) –más conocidos como programa de “Permanencia en México”–, los solicitantes de asilo en EE. UU. son enviados de regreso a ciudades de México sin suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad, mientras esperan una audiencia de asilo en la justicia inmigratoria estadounidense.
Human Rights Watch concluyó que los solicitantes de asilo enfrentan obstáculos nuevos o mayores para obtener y consultar asesores legales; un aumento en los casos en que las audiencias judiciales de los MPP están cerradas al público; y el riesgo de secuestro, extorsión y otras modalidades de violencia mientras están en México.
“El carácter inhumano del programa de ‘Permanencia en México’ se torna más abusivo cada día”, expresó Ariana Sawyer, investigadora asistente del Programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “El rápido crecimiento del programa en los últimos meses ha puesto incluso a más familias y personas en riesgo mientras están en México a la espera de un proceso legal cada vez más injusto en EE. UU.”.
Estados Unidos empezará a enviar a México a todas las familias centroamericanas que solicitan asilo a partir de la semana del 29 de septiembre de 2019, como parte de la expansión más reciente del programa de “Permanencia en México”, indicó el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional McAleenan el 23 de septiembre.
Human Rights Watch concluyó en un informe de julio de 2019 que el programa MPP ha tenido graves consecuencias para los solicitantes de asilo, incluidos obstáculos enormes –o incluso insuperables– a las garantías de debido proceso con respecto a sus pedidos de asilo en Estados Unidos, y amenazas y hechos de violencia física en México. Human Rights Watch habló recientemente con siete solicitantes de asilo, como así también con 26 abogados, administradores de albergues para migrantes, funcionarios gubernamentales mexicanos, trabajadores de la justicia migratoria, periodistas y defensores. En agosto, Human Rights Watch estuvo presente asimismo en audiencias judiciales de 71 solicitantes de asilo y consultó presentaciones judiciales, declaraciones, fotografías e informes en los medios de comunicación.
“Las normas [MPP], que nunca se publican, cambian continuamente sin previo aviso”, explicó el abogado especializado en casos de asilo John Moore. “Hasta el momento, todos los cambios han coartado incluso más el acceso ya limitado que tenemos los abogados a nuestros clientes”.
Además de la ampliación del programa, que empezó en enero, el Departamento de Estado de EE. UU. también ha empezado a financiar un programa de “retorno voluntario” implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que depende de las Naciones Unidas. La organización facilita el transporte hacia su país de origen a los solicitantes de asilo que son obligados a esperar en México, pero no notifica a los jueces inmigratorios de EE. UU. Es muy posible que esto dé lugar a pronunciamientos negativos contra los solicitantes de asilo que no se presentan ante el tribunal, que probablemente impliquen la prohibición de volver a ingresar en EE. UU. por 10 años, cuando podrían haber desistido del caso sin sufrir penalidades.
Desde julio, la cantidad de personas asignadas al programa MPP prácticamente se ha triplicado, y pasó de 15.079 el 24 de junio a 40.033 el 7 de septiembre, según datos del Instituto Nacional de Migración de México. El gobierno de Trump ha incrementado la cantidad de solicitantes de asilo que asigna al programa en puertos de ingreso próximos a San Diego y Calexico, California, y El Paso, Texas, donde este ya se había implementado. El Gobierno también ha ampliado el programa a Laredo y Brownsville, Texas, incluso mientras se ha reducido la cantidad general de aprehensiones en la frontera.
A principios de agosto, más de 26.000 solicitantes de asilo adicionales esperaban en ciudades fronterizas mexicanas, en listas no oficiales, a que sus casos fueran tramitados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (US Customs and Border Protection) como parte de la práctica federal de cupos denominada “metering”, que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo por día al enviarlas de regreso desde los puertos de ingreso, una medida que viola lo dispuesto por el derecho internacional.
En total, más de 66.000 solicitantes de asilo están ahora en México, obligados a esperar meses o años hasta que sus casos se decidan en Estados Unidos. Algunos han desistido de esperar y han intentado cruzar ilegalmente por zonas más remotas y riesgosas de la frontera, a veces con resultados letales.
Pese a todas las características negativas del MPP, es probable que muy pronto pedir asilo resulte incluso más difícil. El 11 de septiembre, la Corte Suprema permitió transitoriamente que la Administración Trump estableciera una prohibición de asilo contra quienes ingresaran al país por vía terrestre luego del 16 de julio, tras haber transitado por un tercer país sin haber solicitado asilo allí. Esto podría afectar al menos a 46.000 solicitantes de asilo asignados al programa MPP o incluidos en una lista de cuotas (metering) después de mediados de julio, según cálculos tomados de datos del Instituto Nacional de Migración de México. Los solicitantes de asilo podrían de todas formas reunir los requisitos para otras formas de protección, pero que establecen estándares de elegibilidad mucho más exigentes y no prevén el mismo nivel de tutela.
Human Rights Watch se contactó con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia de EE. UU. para plantearles sus conclusiones y preguntas sobre los cambios en la política y los acontecimientos, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. El Gobierno de EE. UU. debería desistir inmediatamente de enviar de regreso a solicitantes de asilo a México y, en cambio, cerciorarse de que tengan un acceso genuino a procedimientos de asilo completos y justos en los tribunales inmigratorios estadounidenses, apuntó Human Rights Watch. El Congreso debería tomar medidas urgentes para dejar de financiar el programa MPP. Estados Unidos debería gestionar las llegadas de solicitantes de asilo a través de una respuesta humanitaria genuina que incluya determinaciones justas sobre la posibilidad de un solicitante de asilo de permanecer en EE. UU. Estados Unidos debería al mismo tiempo impulsar acciones a más largo plazo orientadas a abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado en América Central.
“El Gobierno de Trump parece estar decidido a que la situación ya incierta de los solicitantes de asilo empeore aun más, al seguir privándolos de derechos de debido proceso”, opinó Sawyer. “El Congreso de EE. UU. debería intervenir y poner fin a estos intentos mezquinos de socavar y destruir el sistema de asilo estadounidense”.
Nuevas consideraciones sobre el Programa MPP
Mayores obstáculos a la representación legal
Aunque todas las personas en el MPP tienen derecho a un abogado por su cuenta y cargo, para los solicitantes de asilo obligados a permanecer en México ha sido prácticamente imposible acceder a representación legal. Apenas cerca del 1,3 % de los participantes tienen representación legal, según indica Transactional Records Access Clearinghouse en Syracuse University, un centro de investigación que analizó expedientes de tribunales inmigratorios federales hasta junio de 2019. En los últimos meses, el Gobierno de EE. UU. ha establecido nuevos obstáculos a la posibilidad de obtener representación y acceder a asesoramiento legal.
Al crear el programa, el Departamento de Seguridad Nacional emitió pautas que indicaban siguiente:
a fin de facilitar el acceso a asesoramiento legal para los ciudadanos extranjeros que sean objeto de devolución a México conforme al MPP y que serán transportados a las audiencias en tribunales inmigratorios, [los agentes] partirán [del puerto de ingreso] con la persona extranjera con antelación suficiente para llegar al tribunal inmigratorio, como mínimo, una hora antes del horario de audiencia programado, de modo que la persona extranjera tenga posibilidad de reunirse personalmente con su representante legal.
Sin embargo, según diversos abogados entrevistados por Human Rights Watch en El Paso, Texas, y conforme lo observó Human Rights Watch entre el 12 y el 15 de agosto en el Tribunal de Inmigración de El Paso, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (Executive Office for Immigration Review, EOIR), que administra el tribunal inmigratorio, en la práctica han impedido que los abogados se reúnan con los clientes durante la hora entera previa al inicio de la audiencia de estos. En vez de tener libre acceso a sus clientes, ahora los abogados deben esperar en el vestíbulo del edificio, en un piso distinto del que se encuentra el tribunal inmigratorio, hasta que el administrador del tribunal informa a los guardias de seguridad que los abogados pueden ingresar.
Conforme lo ha observado antes Human Rights Watch, una hora no es suficiente para que el abogado pueda realizar una consulta y una preparación adecuadas. Aun así, varios abogados señalaron que este lapso de tiempo en el tribunal era crucial. El tribunal inmigratorio es a menudo el único sitio donde los solicitantes de asilo obligados a esperar en México pueden reunirse con abogados, ya que los abogados que están en condiciones de representarlos en general trabajan en EE. UU. Por motivos logísticos y de seguridad, a los abogados no les resulta sencillo viajar a México. Para los participantes del MPP que no tienen abogados, ahora existen nuevos obstáculos que se interponen a la posibilidad de obtener información y asistencia sobre el proceso de solicitud de asilo.
Human Rights Watch observó en mayo un esfuerzo coordinado de organizaciones no gubernamentales locales y abogados en El Paso para realizar presentaciones para solicitantes de asilo que no contaran con abogados en las que se informa sobre sus derechos, y para actuar en carácter de “Amigos del Tribunal”, a criterio del juez. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración ha reconocido en el contexto de los menores no acompañados que los Amigos del Tribunal “son útiles como apoyo para el tribunal y para facilitar que los acusados comprendan los procedimientos”.
Los memorandos del organismo señalan asimismo que “se insta a los jueces inmigratorios y los administradores de los tribunales a facilitar la representación ad honórem”, dado que los abogados ad honórem brindan a los “acusados asistencia legal necesaria y facilitan la tarea del juez de un modo que solo es posible cuando el demandado cuenta con representación”.
Para tal fin, se instó a los tribunales a facilitar “orientaciones legales y presentaciones sobre derechos de grupos” por parte de organizaciones sin fines de lucro y abogados.
Uno de los abogados implicados en la coordinación de varios programas de extensión en el Tribunal de Inmigración de El Paso indicó, sin embargo, que el 24 de junio el organismo empezó a prohibir todo tipo de contacto entre terceros y solicitantes de asilo sin representación legal, tanto en la sala como en el vestíbulo exterior. Esto hizo que terminaran todas las presentaciones sobre derechos y los seguimientos de casos ad honórem, aunque no se emitió ningún nuevo memorando en este sentido. Actualmente, guardias armados impiden que abogados en EE. UU. interactúen con participantes del MPP a menos que los abogados ya hayan presentado notificaciones oficiales de que están representando a determinados participantes.
El 8 de julio, el organismo también empezó a impedir que los abogados actuaran como “Amigos del Tribunal”, señalaron varios abogados a Human Rights Watch. Tampoco se ha emitido ningún memorando que se refiera a la actuación como “Amigos del Tribunal”.
En un mensaje de correo electrónico del 16 de julio enviado a un abogado, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, Rob Barnes, vocero del organismo, expresó que este concluyó las presentaciones como “Amigos del Tribunal” y de comunicación de derechos a los solicitantes de asilo para evitar que recibieran información no veraz, tras “tomar conocimiento de que personas de organizaciones que no están reconocidas oficialmente por la EOIR...estaban ingresando en espacios de la EOIR en El Paso”.
No obstante, la mayoría de los abogados y las organizaciones a los que ahora se les impide realizar presentaciones sobre derechos o actuar como “Amigos del Tribunal” en El Paso figuran en una lista que el tribunal entrega a los solicitantes de asilo sobre proveedores de servicios legales, según consta en una copia del formulario entregado a Human Rights Watch y conforme indican abogados y organizaciones que coordinan estos servicios.
Cierre al público de las audiencias judiciales sobre inmigración
Cuando Human Rights Watch presenció audiencias judiciales en El Paso entre el 8 y el 10 de mayo, la cantidad de solicitantes de asilo que habían sido asignados al programa MPP y que estaba previsto que comparecieran ante la justicia era de entre 20 y 24 cada día, y un juez intervenía en todos los casos mediante una única audiencia masiva. En ese momento, ese número se consideraba elevado, y existía un clima de caos y confusión mientras los jueces trabajaban en un sistema que nunca estuvo previsto que brindara audiencias a personas que estuvieran retenidas fuera de Estados Unidos.
Cuando Human Rights Watch volvió a presenciar audiencias apenas tres meses después, cuatro jueces estaban a cargo de cerca de 250 casos por día, a un promedio de 60 casos por juez. Los solicitantes de asilo en el programa, a quienes antes se habría permitido entrar en Estados Unidos para plantear sus pretensiones en tribunales inmigratorios repartidos por el país, han sido derivados a través de los tribunales a apenas dos ciudades fronterizas, y esto ha provocado inmensa presión sobre estos tribunales y ha generado errores en el sistema. Algunos solicitantes de asilo que se presentaban ante el tribunal descubrían que sus casos no estaban en el sistema o recibían instrucciones contradictorias acerca de si debían comparecer o cuándo hacerlo.
Un funcionario de inmigración estadounidense señaló que el programa MPP había “quebrado a los tribunales”, informó Reuters.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración ha expresado que las audiencias judiciales de inmigración en general deberían estar abiertas al público. Las reglamentaciones indican que los jueces inmigratorios pueden hacer excepciones y limitar o cerrar las audiencias cuando las instalaciones físicas sean inadecuadas; cuando sea necesario para proteger a testigos, partes o el interés público; si debe comparecer un cónyuge o menor que hayan sufrido abuso o cuando deba presentarse información con secreto de sumario.
No obstante, en las últimas semanas, periodistas, abogados y otros observadores públicos se vieron impedidos de entrar en estas salas en El Paso por administradores judiciales, guardias de seguridad y, en al menos un caso, un abogado del Departamento de Seguridad Nacional, quien manifestó que la sala estaba demasiado llena para permitir el ingreso de un investigador de Human Rights Watch.
Ahora es habitual que el administrador del tribunal o guardias de seguridad indiquen a potenciales observadores que “no hay lugar” y que las salas están “demasiado llenas”.
El administrador del Tribunal de Inmigración de El Paso, Rodney Buckmire, indicó a Human Rights Watch que cientos de personas reciben audiencias cada día porque los solicitantes de asilo “merecen ser escuchados en la justicia”, pero el clima de caos y los errores en las audiencias masivas, la falta de acceso a abogados y asesoramiento legal y la falta de transparencia dejan en claro que el programa MPP está afectando gravemente el debido proceso.
En la semana del 9 de septiembre, el gobierno de Trump empezó a realizar audiencias para solicitantes de asilo que son enviados de regreso a México en tribunales improvisados en carpas en Laredo y Brownsville, donde se espera que los jueces intervengan mediante videoconferencia. En una conferencia de prensa del 11 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional no accedió a que se permitieran observadores en esas audiencias, invocando para esto “medidas de seguridad reforzadas” debido a que los tribunales están ubicados cerca de la frontera. Desde entonces, a periodistas y abogados se les ha negado el ingreso a estos tribunales en los puertos de acceso al país.
Solicitantes de asilo describen riesgo de secuestro y otros delitos
A medida que el programa MPP se expandió, un número cada vez mayor de solicitantes de asilo han quedado expuestos al riesgo de secuestro y otros delitos en México.
Dos de los estados mexicanos del Norte a los cuales los solicitantes de asilo eran inicialmente enviados en el marco del programa —Baja California y Chihuahua— están entre los que registran el mayor número de homicidios y otros delitos en el país. Informes de los medios que se han dado a conocer recientemente documentaron que los solicitantes de asilo que están allí siguen siendo blanco de daños como violaciones, secuestros, explotación sexual, agresiones y otros delitos violentos.
El programa también se extendió a Nuevo Laredo y Matamoros, ambas localidades en el estado mexicano de Tamaulipas, que integra la lista de lugares con “recomendación de no viajar” del Departamento de Estado de EE. UU. Diversos medios de comunicación y trabajadores de asistencia también han informado que migrantes allí experimentaron violencia física, agresiones sexuales, secuestros y otros abusos. Solamente en 2019 hubo varias denuncias de migrantes que fueron secuestrados cuando intentaban llegar a la frontera a bordo de autobuses.
Jennifer Harbury, una abogada especializada en derechos humanos y activista que realiza trabajo voluntario con solicitantes de asilo a ambos lados de la frontera, recogió declaraciones juradas de abusos sufridos por tres solicitantes de asilo que habían sido asignados al programa MPP y enviados, por las autoridades de inmigración de México, en autobuses a Monterrey, México, una localidad situada a dos horas y media de la frontera. Human Rights Watch analizó estas declaraciones, en las que los solicitantes de asilo denunciaron haber sufrido robos, extorsiones y secuestros, incluso por parte de miembros de la policía mexicana.
Expansión a ciudades mexicanas con incluso menos protecciones
Harbury, quien recientemente entrevistó a cientos de migrantes en México, describió la situación de los solicitantes de asilo enviados a Nuevo Laredo como “pescar en una pecera”, en referencia a su vulnerabilidad frente a las organizaciones delictivas. Afirmó que muchos de los solicitantes de asilo a quienes había entrevistado dijeron que habían sido secuestrados o sufrido una agresión armada al menos una vez desde que llegaron a la frontera.
Dado que, en muchos casos, hay funcionarios mexicanos presuntamente implicados en delitos contra migrantes, y debido a que casi el 98 % de los delitos en México quedan sin resolución, los delitos cometidos contra migrantes suelen quedar impunes.
En Matamoros, los solicitantes de asilo no tienen acceso significativo a refugios, señalaron abogados de Lawyers for Good Government (L4GG), que estuvieron en la localidad por última vez desde el 22 hasta el 26 de agosto. Más de 500 solicitantes de asilo fueron asignados a un campamento en una plaza cercana al puerto de entrada a EE. UU., donde durmieron a la intemperie, pese a las temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit. Henriette Vinet-Martin, abogada de la organización, dijo que había visto a “una madre lactante que dormía con su bebé sobre un cartón” y que los abogados también hablaron con una mujer del programa MPP que afirmó que recientemente había perdido un embarazo en un hospital de EE. UU. mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Los abogados señalaron que algunos solicitantes de asilo tenían carpas, pero muchos otros no.
Vinet-Martin y Claire Noone, otra abogada que viajó al lugar como parte del proyecto L4GG, manifestaron haber encontrado niños con discapacidad que habían sido asignados al programa MPP, incluidos dos niños con síndrome de Down, uno de ellos de ocho meses de edad.
Human Rights Watch también observó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sigue deportando a México a solicitantes de asilo que tienen discapacidades u otras enfermedades crónicas, pese a la orientación inicial brindada por el Departamento de Seguridad Nacional, de que ninguna persona con “problemas de salud física/mental conocidos” sería asignada al programa. En Ciudad Juárez, Human Rights Watch documentó seis casos de ese tipo, de los cuales cuatro eran menores. En un caso, un niño de 14 años había sido asignado al programa junto con su madre y su hermano pequeño, ambos con discapacidades intelectuales, aunque el niño manifestó que tienen familia en EE. UU. Parecía estar confundido y consternado por su situación.
El gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas para proteger a los migrantes de Ciudad Juárez, que incluyen abrir un refugio de grandes dimensiones, operado por el gobierno. El refugio, que fue visitado por Human Rights Watch el 22 de agosto, tiene capacidad para 3000 migrantes y está bien equipado con alimentos, frazadas, colchonetas, kits para higiene personal y muchos elementos más. Al momento de la visita, en el refugio había 555 migrantes, de los cuales 230 eran menores. La mayoría de estas personas eran solicitantes de asilo del programa MPP.
Un funcionario del gobierno mexicano señaló que, en poco tiempo, el gobierno abrirá otros dos refugios, uno en Tijuana, con capacidad para 3000 personas y otro en Mexicali, con capacidad para 1500 personas.
Problemas que afectan el programa de “Retorno Voluntario Asistido”
En octubre de 2018, la Organización Internacional para las Migraciones comenzó a operar un programa de “Retorno Voluntario Asistido” de USD 1,65 millones, financiado por el Departamento de Estado de EE. UU., para asistir a migrantes que han decidido regresar a su hogar o se sintieron obligados a hacerlo. El programa de retorno originalmente estuvo orientado a centroamericanos que viajaban en grupos numerosos por el interior de México. Sin embargo, en julio, el programa comenzó a instalar oficinas en Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, orientadas a los solicitantes de asilo obligados a esperar en esas ciudades después de haber sido asignados al programa MPP. Alex Rigol Ploettner, que dirige la Organización Internacional para las Migraciones en Ciudad Juárez, señaló que la organización también ofrece apoyo material, como literas y kits para higiene personal a los refugios, y que la organización les pide derivar a los solicitantes de asilo interesados al programa de Retorno Voluntario Asistido. Cuatro administradores de refugios en Ciudad Juárez confirmaron estas actividades.
A fines de agosto, Rigol Ploettner manifestó que aproximadamente 500 solicitantes de asilo del programa MPP habían sido derivados a Retorno Voluntario Asistido. De esos 500, señaló, aproximadamente el 95 % fueron considerados aptos para el programa.
Dijo que la organización advierte a los solicitantes de asilo que regresar a sus países de origen puede hacer que reciban órdenes de deportación de EE. UU. in absentia, lo cual significa que, muy probablemente, estarán sujetos a una prohibición de ingreso a EE. UU. por hasta 10 años.
La organización no informa a los tribunales inmigratorios estadounidenses que han enviado de regreso a solicitantes de asilo, y los solicitantes de asilo tampoco reciben asistencia para retirar sus pedidos de asilo, lo cual les evitaría futuras sanciones en EE. UU.
“Por el momento, como Organización Internacional para las Migraciones, no contamos con mecanismos directos para retirar pedidos”, señaló Rigol Ploettner. Human Rights Watch desea expresar su profunda preocupación acerca de la falta de notificación a los tribunales que entienden en materia de asilo cuando personas que tienen expedientes en trámite ante tribunales de inmigración estadounidenses regresan a su lugar de origen, y las consecuencias jurídicas negativas que esto trae aparejado para los solicitantes de asilo. Estas preocupaciones se ven acentuadas por el entorno en el cual está operando el Programa de Retorno Voluntario Asistido. La situación de vulnerabilidad de los solicitantes de asilo que participan en el programa MPP es tan profunda que no cabe suponer que las decisiones de regresar a su hogar se basen en un consentimiento informado.
