¿Qué es lo que más le preocupa con respecto a la Covid-19 en EE. UU.?
Mi mayor preocupación tiene que ver con la confluencia de salud, pobreza, género, clase y raza. Podemos apreciar todas las desigualdades en la forma misma en que se aborda la Covid-19 en EE. UU. Las personas que están padeciendo la situación de manera desproporcionada son los trabajadores con bajos ingresos y los trabajadores a tiempo parcial que dependen de estos empleos para sostener a sus familias. Las personas que viven en situación de pobreza, en viviendas atestadas donde no es posible mantener el distanciamiento social, a menudo no pueden cumplir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Asimismo, las comunidades negras y morenas son las más afectadas.
En comparación con el resto del país, estas comunidades ya estaban relegadas en cuanto al acceso a la atención de la salud y los problemas de salud subyacentes asociados con factores de raza y clase.
Consideremos, por ejemplo, a la comunidad afroamericana. Los últimos datos indican que es la más afectada. Históricamente, ha tenido tasas más altas de diabetes, presión arterial, asma y obesidad. Sus miembros viven en vecindarios con tasas más altas de contaminación ambiental, y esto pone en riesgo su salud. También tienen mayores probabilidades de no contar con seguro de salud. Es más probable que las mujeres negras mueran por causas relacionadas con el embarazo, como así también por cáncer del cuello uterino. Nuestro trabajo en Tulsa, Oklahoma, identificó diferencias en la expectativa de vida mayores a 10 años entre los vecindarios con mayor número de personas blancas y con alto nivel económico y aquellos donde viven más personas negras.
Las personas con este tipo de afecciones de la salud, que pertenecen a grupos económicos con ingresos más bajos y que tienen mayores dificultades para acceder a una atención de calidad, además de estas condiciones preexistentes ahora también deben lidiar con la Covid-19.
Lamentablemente, los primeros datos sobre casos de Covid-19 y muertes por esta enfermedad no incluían referencias a la raza de las personas afectadas, ya que muchos estados no comunicaron esa información y algunos ni siquiera la recopilaron. Recién en las últimas semanas se ha empezando a divulgar información que pone de manifiesto esas disparidades y hace sonar fuertes señales de alarma. En Milwaukee, observamos la cantidad de personas afroamericanas que dan positivo en las pruebas de detección y también el número de fallecimientos. Asimismo, llaman la atención los datos procedentes de Michigan, en particular de Detroit. Todos los estados deberían recopilar estos datos y enviarlos a los CDC, a fin de que podamos ver qué ocurre en todo el país.
¿Quiénes más en EE. UU. tienen mayores probabilidades de verse afectados?
Nuestros bomberos, policías y otros socorristas. También los trabajadores de la salud de todos los niveles, desde el médico más adinerado con 10 títulos de Harvard hasta los trabajadores que limpian y desinfectan pisos. Afortunadamente, algunos de estos grupos, como los trabajadores de urgencias y de atención de la salud, reciben algo de asistencia adicional para poder protegerse mejor. Sin embargo, los trabajadores de los niveles más bajos de nuestra cadena económica, los empleados de tiendas de alimentos o el personal de entrega a domicilio de comida están sumamente expuestos y tienen menos apoyo que ayude a mantenerlos seguros.
Nos preocupa profundamente la situación de las comunidades de personas que necesitan asistencia o que no puede cuidar de sí mismas. Las personas que están en cárceles y centros de detención. Las personas sin techo o que viven en albergues. Las personas que viven en casas de reposo y en instituciones psiquiátricas. Todas estas personas dependen de que otras se ocupen de ellas, las alberguen y las alimenten. Estados Unidos, como nación, no las está protegiendo. Esto se hace palpable en las casas de reposo, donde hay un elevado número de muertes, y en los casos de Covid-19 identificados en cárceles y centros de detención. En cuanto a la comunidad de personas sin techo, no contamos con datos suficientes, pero sabemos que muchas viven en albergues atestados donde las condiciones son insalubres. No pueden darse el lujo de cumplir cuarentena voluntaria o respetar el distanciamiento social, y no siempre pueden acceder a suficiente agua para lavarse las manos. En este momento, a menudo bajo la amenaza de la ley penal, las personas sin techo están siendo obligadas a estar en estos albergues donde comienzan a darse contagios.
Lo mismo cabe decir sobre las personas que también están expuestas a riesgos en nuestros centros de detención inmigratoria. Nuestros trabajos anteriores indican que las personas en estos centros a menudo tienen pocas posibilidades de bañarse regularmente, permanecen en espacios cerrados y viven en condiciones insalubres. Estas condiciones, como mínimo, no permiten cumplir el distanciamiento social ni lavarse las manos asiduamente.
El riesgo es particularmente significativo para los niños y las niñas de distritos escolares de bajos ingresos y donde el rendimiento es inferior al promedio. Esos niños y niñas, que difícilmente tenían ya acceso a una buena educación, ahora dependen de familiares y de la enseñanza a distancia para continuar sus estudios. Muchos de estos niños y niñas son los hijos de los trabajadores con bajos ingresos que deben seguir trabajando en este período y tienen pocas posibilidades de supervisar el aprendizaje en el hogar. Es posible que estos niños y niñas no tengan acceso a Internet, computadoras domésticas y otras tecnologías para aprender con un nivel de alta exigencia mientras las escuelas están cerradas.
Las mujeres también son sumamente vulnerables a sufrir violaciones de derechos humanos en este período. Según datos preliminares, dese que empezó la crisis habrían aumentado las denuncias de violencia doméstica. Muchos de los mecanismos de contención que suelen existir para ayudar a estas víctimas están limitados y desbordados a causa de la pandemia. Las madres —sobre todo, las madres solteras— están en una situación particularmente delicada, pues deben encontrar un equilibrio entre las mayores exigencias y, en el caso de algunas, la pérdida de ingresos y la posibilidad limitada de ayudar a sus hijos con las clases en el hogar. Asimismo, algunos gobiernos estaduales usan la pandemia como pretexto para limitar el acceso de las mujeres a la atención de la salud que necesitan, como los abortos seguros.
A menudo, los trabajadores de bajos ingresos pertenecen a varios grupos en riesgo a la vez. Por ejemplo, muchos trabajadores de la cadena de suministro de alimentos, como los trabajadores agrícolas o del sector cárnico, suelen ser personas de color, inmigrantes y mujeres. Están expuestos a condiciones de vida y laborales potencialmente inseguras. Uno de los focos más importantes de contagios del país en este momento es la planta de procesamiento de carne porcina de Dakota del Sur. Esto pone de manifiesto la importancia de proteger a los trabajadores y brindar condiciones de trabajo seguras en la totalidad de las cadenas de suministro que, de lo contrario, se verían perturbadas. Y la situación para estos trabajadores se ha agravado ahora que el Presidente de EE. UU., por decreto, ha exigido que las plantas cárnicas sigan abiertas y mantengan la producción pese a los riesgos para la salud de los trabajadores.
¿En qué sentido la reacción de EE. UU. al virus ha sido perjudicial para los derechos?
No sabría por dónde empezar. Hay una falta de liderazgo. Que el líder de EE. UU. haya desestimado las señales tempranas de alerta que dieron los expertos sobre el avance que tenía la enfermedad y el modo en que se desplazaría es simplemente inaceptable. Que el líder no adoptara medidas preventivas para proteger los derechos de los estadounidenses a la salud y la vida es algo absurdo. Es la razón por la cual ahora tenemos esta cantidad de casos y muertos en Estados Unidos.
En relación con esto, que a nivel local nuestros departamentos de salud y proveedores de atención médica y sistemas hospitalarios no tengan suficiente personal ni fondos, así como tampoco las herramientas que necesitan para hacer frente a esta enfermedad y atender a las personas infectadas, también es una cuestión que repercute en los derechos. Considerando la riqueza de este país, esto no debería estar ocurriendo.
Estamos a fines de abril y tuvimos el primer caso de Covid-19 en enero. Pese a ello, todavía muchas de estas cuestiones no han sido abordadas.
Y si bien hubo algunas medidas que avanzaron en la dirección correcta, el presidente Donald Trump genera confusión prácticamente a diario al farfullar todo tipo de datos inexactos e incluso proponer opciones de tratamiento contra el virus que no tienen fundamento científico.
También hay todo un espectro de problemas económicos. El número récord de solicitudes de asistencia por desempleo confirma que millones de personas han perdido su trabajo, y los funcionarios deberían enfocarse en proteger a quienes estén expuestos a mayores riesgos. Si usted percibe un ingreso bajo como mesero o entregando comida a domicilio, limpiando edificios de oficinas o surtiendo tiendas de alimentos, esas no son tareas que pueda hacer desde su casa. A esto se suma que, probablememente, usted tampoco pueda pagar los gastos de vivienda, comida o facturas por servicios de salud. Tampoco hemos hecho lo suficiente para que los trabajadores que sí conservan su puesto de trabajo puedan cumplir sus tareas de manera segura.
Los paquetes de ayuda no han protegido debidamente a los trabajadores de bajos ingresos, las personas desempleadas ni los inmigrantes. Hay medidas que pueden tomar los gobiernos estaduales —y que el gobierno federal podría apoyar—, como la suspensión de los desalojos, los cortes de servicios y el cobro de deudas. A su vez, todavía no está garantizado que las personas puedan acceder a una atención médica asequible por Covid-19. Debido al carácter inadecuado de los pagos gubernamentales, muchos siguen sin poder solventar los costos asociados con necesidades básicas.
¿Cuáles fueron las respuestas de estados de EE. UU. que sí respetaron los derechos?
Algunos gobernadores de EE. UU. han asumido un liderazgo absolutamente necesario en esta crisis. Yo vivo en Maryland y, mucho antes de que la Casa Blanca diera instrucciones, el gobernador de Maryland indicó que se iban a cerrar las escuelas y las actividades no esenciales. Fue su forma de decir que iban a ayudar a las personas a quedarse en el lugar. Pero también se ocuparon de los trabajadores de bajos recursos. El estado no va a permitir que haya desalojos, ejecuciones hipotecarias ni cortes de servicios. Eso incluye servicios considerados de “lujo”, como los teléfonos celulares, pues para muchos ese es el medio por el que sus hijos acceden ahora a la escuela. Encontró formas de asegurarse de que siguieran estando disponibles servicios gubernamentales esenciales y, al mismo tiempo, tomó medidas adicionales para proteger a las personas que trabajan allí. Por ejemplo, desde un primer momento, dispuso que los trabajadores del Registro Automotor trabajaran de manera remota utilizando sistemas que se establecieron con el fin de preservar su seguridad y, al mismo tiempo, atender las necesidades del público.
Otro buen ejemplo es el del gobernador de California. Ha enfocado sus esfuerzos en ayudar a los trabajadores de puestos con remuneración baja que ahora están desempleados y a otros sectores, ampliando el horario de atención de la oficina de desempleo para que pudiera dar trámite a la oleada de solicitudes. También destinó otros USD 125 millones a que reciban beneficios por desempleo hasta 150 000 inmigrantes sin estatus legal.
En otros casos, los gobernadores han actuado sin demostrar mucho interés por la salud pública. Por ejemplo, los gobernadores de Alabama, Louisiana y Florida hicieron caso omiso de las advertencias de los CDC y la Organización Mundial de la Salud sobre el virus. El gobernador de Georgia tomó la decisión de reabrir parcialmente el estado, en particular establecimientos de bolos y peluquerías, desoyendo los consejos de los expertos en salud pública.
¿Qué nivel de preparación tiene la infraestructura de EE. UU. para afrontar la Covid-19?
Teníamos problemas de infraestructura mucho antes de la Covid-19. Muchas personas en EE. UU. no tienen seguro de salud, y durante la última década los departamentos de salud locales han sufrido drásticos recortes de su presupuesto. Antes de formar parte de Human Rights Watch, trabajaba en temas de política pública sobre derechos humanos y justicia social para una organización no gubernamental. Realizaba acciones de incidencia en el Congreso, e instaba a los legisladores a fortalecer la infraestructura en áreas tan diversas como atención de la salud, carreteras y puentes o sistemas hídricos. Ahora mismo, Human Rights Watch está abogando por que el Congreso adopte medidas para lograr mayor seguridad en la infraestructura de agua y saneamiento, a fin de que todos tengan agua corriente —una condición esencial para prevenir la propagación de la Covid-19– incluso si no pueden pagarla. Pero lo cierto es que el país no ha sido eficaz al responder a esta situación. Como resultado de esa inacción, se agudizan los problemas asociados con la Covid-19.
Creo que es fundamental que EE. UU. analice qué viene después. Ahora hay un frenesí por identificar qué problemas hay en este momento. Y eso es entendible, ya que estamos en una situación de triaje. El país está malherido. Pero aún así, hay una necesidad incluso mayor de mirar más allá de la Covid-19. ¿Cómo será EE. UU. después de la Covid-19 y qué cambios debemos hacer para ser más eficaces en la protección de los derechos de todas las personas en el país en el futuro?
