(Washington, DC) – Las autoridades nicaragüenses han despedido al menos a 10 profesionales de la salud en aparente represalia por expresar su preocupación sobre el manejo del gobierno de Daniel Ortega de la crisis de salud generada por la Covid-19, señaló hoy Human Rights Watch. El régimen de Ortega debería permitir de inmediato que los profesionales de la salud se reincorporen a sus puestos, compensarlos por los salarios que no percibieron y adoptar medidas efectivas para responder a la pandemia.
El 18 de mayo de 2020, más de 700 profesionales de la salud del sector público y privado firmaron una carta en la cual exhortaron al gobierno a reconocer la propagación comunitaria del virus en Nicaragua y a adoptar las medidas de prevención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Contradiciendo el discurso oficial, según el cual el virus ha tenido poco impacto en el país, destacaron que el precario sistema público de salud nicaragüense tiene una “alta probabilidad de colapsar en los próximos días, lo que pone a la población general en un elevado riesgo de muerte”. El 6 y el 9 de junio, el Ministerio de Salud de Nicaragua despidió a varios trabajadores del sistema público de salud que habían firmado la carta, sin observar los procedimientos legales para despedir a trabajadores del sector público.
“Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus. Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre”.
En junio, Human Rights Watch entrevistó telefónicamente a cinco de los médicos despedidos y a otro que había renunciado, incluyendo una internista, un cirujano general, una otorrinolaringóloga, una anestesióloga y un médico infectólogo. Todos se desempeñaban en el sistema de salud pública y habían firmado la carta del 18 de mayo que instaba al gobierno a actuar con rapidez para detener la propagación del virus.
El gobierno de Ortega ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y secretismo, sostuvo Human Rights Watch. Contradiciendo las recomendaciones de los expertos en salud globales y locales, en un primer momento el gobierno fomentó los eventos multitudinarios y hasta la fecha no ha dispuesto el cierre de escuelas ni medidas de confinamiento, así como tampoco requisitos de distanciamiento social. El 30 de abril, Ortega expresó que se oponía a las campañas públicas que instaban a las personas a quedarse en sus casas, y se refirió a quienes promovían esas medidas como “radicales” y “extremistas” que “son los que quieren que se destruya el país”.
Cuatro médicos dijeron a Human Rights Watch que el Ministerio de Salud mantiene un férreo control sobre la información vinculada con la Covid-19, sobre todo la relativa a pruebas de diagnóstico y sus resultados. Todas las muestras de Covid-19 tomadas en hospitales públicos y privados se envían al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, la única institución de Nicaragua que realiza estas pruebas. Como se señalaba en la carta de los profesionales de la salud del 18 de mayo, la falta de información pública, incluso sobre la cantidad de pruebas realizadas y casos de Covid-19, implica que se desconoce “la dimensión real de la pandemia”.
La información publicada en los medios de comunicación y las declaraciones realizadas por médicos sugieren que es muy probable que una amplia mayoría de los casos de Covid-19 no se reporten. Mientras el gobierno informó 1.823 casos de personas infectadas con Covid-19 y 64 muertes por esta enfermedad hasta el 16 de junio, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró, hasta el 10 de junio, casi 5.000 posibles casos y más de 1.300 muertes presuntamente causadas por la enfermedad.
Tras haber negado gravedad a la amenaza que representa la enfermedad, Ortega ahora parecería estar intentando ocultar su propagación. En Managua, según trascendió en los medios, cada vez son más frecuentes los entierros “express” realizados por funcionarios del Ministerio de Salud bajo atenta supervisión policial. Las autoridades sanitarias niegan que la Covid-19 haya sido la causa de estas muertes. En su lugar, informan a las familias que la causa de fallecimiento es una “neumonía atípica” o alguna otra enfermedad respiratoria. En varios casos, no se permitió a los familiares asistir a los entierros.
Human Rights Watch revisó las cartas de despido enviadas a los cinco médicos entrevistados. Las misivas, emitidas el 9 de junio, tienen una redacción idéntica, no indican las causas del despido ni expresan ninguna otra justificación. Todos los médicos indicaron que habían trabajado para el sistema público de salud durante más de cinco años y ninguno había sido sancionado por su desempeño.
El derecho administrativo nicaragüense prevé la estabilidad de los trabajadores públicos “sobre la base del mérito, la capacidad, especialización, profesionalismo, con el objetivo de que el servidor público tenga como meta convertirse en un servidor público de carrera”. La Ley de la Carrera Sanitaria prevé un procedimiento específico para el despido de quienes trabajan en el sistema público de salud, que implica iniciar una investigación disciplinaria formal y permitir que el trabajador presente una defensa. Todos los médicos entrevistados indicaron que el Ministerio de Salud no observó los procedimientos legales correspondientes al despedirlos.
El 9 de junio, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expresó en una declaración su indignación y preocupación por el “despido a varios profesionales de la salud en medio de la grave situación por la pandemia del Covid-19”.
El derecho internacional de derechos humanos garantiza el derecho de libertad de expresión y esto se aplica también a quienes trabajan en el sector público. Aunque se permiten algunas restricciones a este derecho, incluso algunas aplicables específicamente a los funcionarios públicos, las limitaciones no pueden ser arbitrarias y deben resultar necesarias y proporcionadas según las circunstancias. En particular, no se permite que los gobiernos tomen represalias por el ejercicio legítimo de ese derecho argumentando necesidades de interés público, tal como lo ha hecho el gobierno nicaragüense en este caso.
No es la primera vez que el gobierno de Ortega ha tomado medidas contra profesionales de la salud. Durante la represión de las protestas en 2018, el gobierno despidió al menos a 400 médicos de varios hospitales públicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, presuntamente en represalia por haber atendido a víctimas de la represión.
Las acciones del gobierno dirigidas específicamente contra profesionales de la salud agravan la fragilidad de la infraestructura de salud pública de Nicaragua, limitando su capacidad de hacer frente a la propagación de la Covid-19. La OMS informó en 2018 que en el país había 6.320 médicos —es decir, 9,7 médicos cada 10.000 personas, una proporción muy inferior a la media regional estimada en las Américas, que sería de 23,3 cada 10.000 personas.
A su vez, los trabajadores de la salud en Nicaragua están expuestos a un alto riesgo de contagio. El Observatorio Ciudadano informa que más de 500 trabajadores sanitarios, incluidos profesionales médicos y de enfermería, han presentado síntomas “asociados o presuntivos” con Covid-19 y que al menos 60 trabajadores de la salud con síntomas de Covid-19 habían muerto hasta el 10 de junio. Los médicos atribuyen las muertes, en parte, a la falta de equipos de protección adecuados.
“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, opinó Vivanco.
Ver más abajo información adicional sobre los casos.
Resumen de casos documentados por Human Rights Watch
Los siguientes médicos entrevistados por Human Rights Watch entre el 4 y el 9 de junio habían firmado la carta del 18 de mayo que cuestionaba la respuesta del gobierno de Ortega a la pandemia:
Martha Bendaña, médica internista del Hospital Manolo Morales Peralta durante 17 años, indicó que no le ofrecieron explicaciones sobre las causas de su despido el 9 de junio. El director de recursos humanos del hospital solamente le entregó una carta de despido. Bendaña contó que previamente había firmado dos cartas en las que se expresaba preocupación por la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria.
Adolfo Díaz Ruiz, quien se desempeñó como cirujano general del Hospital Lenín Fonseca durante 25 años, renunció el 9 de junio tras recibir información de que estaban despidiendo a colegas de varios hospitales. Señaló que renunciaba en protesta por la arbitrariedad de los despidos. “El gobierno no ha desarrollado ninguna política que reconozca la gravedad de la pandemia”, indicó Díaz Ruiz. Afirmó que los trabajadores sanitarios se han visto perjudicados por la falta de equipos de protección: “en el hospital donde trabajo, al menos el 20% de los trabajadores sanitarios se han contagiado en algún momento”.
Linda Barba Rodríguez, esposa de Adolfo Díaz Ruíz y radióloga durante 16 años en ese mismo hospital, fue despedida horas después de que renunciara su esposo. No recibió ninguna explicación sobre los motivos que llevaron a su despido.
Leonor Eugenia Morín, quien prestó servicios como otorrinolaringóloga en el Centro de Salud Francisco Morazán durante ocho años y fue despedida el 9 de junio, dijo que el director de recursos humanos sólo le informó que cumplía “órdenes de superiores”. “Somos un país pobre y no tenemos recursos para lidiar con la crisis de la Covid-19”, explicó Morin. “La cantidad de personas infectadas ha aumentado y en los hospitales hay muchísimos pacientes con Covid-19, pero el gobierno no lo reconoce. Nuestro sistema de salud no está preparado”.
María Nela Escoto, anestesióloga del Hospital Lenín Fonseca durante 24 años, no recibió ninguna explicación acerca de por qué fue despedida el 9 de junio; sólo le dijeron que las órdenes venían de “arriba”. Escoto contó que, debido a que tiene una condición de salud crónica (que también la ubica en el grupo de mayor riesgo si llegara a contraer el virus), había llegado a un acuerdo con el hospital para que la exceptuaran de trabajar en turnos de 32 horas. Cuando la despidieron, estaba a mitad del proceso de evaluaciones para demostrar su condición ante el Ministerio de Salud.
Carlos Quant, quien trabajó como médico infectólogo durante 25 años en el Hospital Manolo Morales, fue despedido el 4 de junio. Contó que es miembro del Comité Científico Multidisciplinario, una organización independiente que se creó para dar respuesta a la pandemia y transmitir al público información sobre este tema que el gobierno no difunde. La carta entregada a Quant indicaba que la causa de su despido era que no se había presentado a trabajar entre el 22 y el 29 de mayo.
Quant, que se negó a firmar la carta de despido, afirmó haber asistido al trabajo esos días. Cree que el Ministerio de Salud lo despidió por haber criticado la respuesta del gobierno a la pandemia. “Expresar críticas en Nicaragua puede ser peligroso”, afirmó. “Es inaceptable [para el gobierno] que haya una voz independiente. Se me considera un enemigo político por contradecir el discurso del gobierno”.
