Felipe Orozco, de 45 años, es un residente de Puebla a quien le diagnosticaron esquizofrenia en 2003. Debido a esta condición, sufre alucinaciones visuales y auditivas, sobre todo cuando atraviesa períodos de estrés intenso. A comienzos de 2013, sufrió una crisis producto de esta condición y su familia recurrió a servicios de salud mental.
A continuación, Orozco fue hospitalizado. No recuerda cómo llegó al hospital psiquiátrico. Al despertar, encontró que tenía las piernas y los brazos sujetados fuertemente con vendas. Cuando pidió ir al baño, el personal le dijo que tendría que orinar en la cama y que ellos más tarde lo limpiarían. El personal no respondió a sus reiterados pedidos de ayuda.
Desde entonces, Orozco ha quedado internado cinco veces. En una oportunidad, en 2018, el personal de un hospital psiquiátrico de Puebla lo encadenó desnudo con un candado durante las noches a lo largo de dos semanas y media, y se vio obligado a orinar y defecar en su cama. No se le permitió ver a nadie, pese a que su padre intentó visitarlo.
La internación y el tratamiento involuntarios en establecimientos psiquiátricos son algo que ocurre en todo México. Según la Dra. Osiris Pazarán Galicia, directora del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México, uno de los más grandes del país, el establecimiento registra 3.200 internaciones por año, 2.600 de tipo involuntario.
Los internamientos involuntarios por lo general se inician por familiares que deciden, con el acuerdo de un profesional de la salud, que la persona necesita tratamiento hospitalario. El criterio que subyace a esta práctica, señaló la Dra. Pazarán en un evento público, es que está en riesgo el paciente, y con frecuencia quizás también sus familiares. Sin embargo, esta postura desconoce los estudios científicos que muestran que el tratamiento psiquiátrico forzado es una fuente de trauma y puede agravar el deterioro de la salud mental.
El internamiento involuntario en un hospital y el tratamiento forzado de una persona sobre la base de su discapacidad, así como el uso de contenciones físicas como las que se emplearon con Orozco, están prohibidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México ratificó en 2007 y que tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, en México estas prácticas se encuentran avaladas por la Ley General de Salud.
Actualmente, la ley está siendo revisada en el Congreso. Esto genera una oportunidad ideal para concretar una reforma que se necesita con urgencia para asegurar una mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad. En vez de eso, el 18 de noviembre, la Comisión de Salud del Congreso aprobó un proyecto que amplía el uso de la hospitalización y el tratamiento involuntarios de personas con “adicciones” (uso problemático de sustancias).
Está previsto que en breve el proyecto se trate en pleno, y es posible que se apruebe. Los legisladores pueden mejorar lo establecido en el proyecto y adecuarlo a las obligaciones de derechos humanos asumidas por México. Por ejemplo, los legisladores pueden apoyarse en la Iniciativa Calidad y Derechos de la Organización Mundial de la Salud, que establece pautas claras y prácticas para adoptar un enfoque de la salud mental que respete los derechos.
Uno de los principios centrales de la iniciativa es que las personas deben poder conservar el control de sus vidas y que los demás deben respetar su voluntad y preferencias con respecto al apoyo que necesitan, en vez de obligarlas a estar en un hospital o tomar medicamentos contra su voluntad.
También hay iniciativas en varios países que procuran apoyar a las personas con discapacidades psicosociales, como el programa Tandem Plus en Bruselas y la iniciativa de Diálogo Abierto, que ofrecen asistencia domiciliaria a personas con malestar emocional agudo. El objetivo de estas iniciativas es asegurar que la voz y las decisiones de la persona afectada se escuchen y realmente se tomen en cuenta. La medicación y otros tratamientos pueden resultar útiles a las personas con discapacidad psicosocial cuando se los elige en forma libre, pero no son la única opción.
En vez de reafirmar la utilización de medidas coercitivas contra las personas con discapacidad psicosocial y ampliar su uso a otras personas, como aquellas que consumen drogas, la Cámara de Diputados debería emprender una reforma de salud mental con perspectiva de derechos, que respete la igualdad y los derechos humanos de las personas, así como sus necesidades reales de empatía, reconocimiento y servicios de apoyo sobre los que tengan control.
