Los debates sobre aborto siempre son difíciles e intensos. Es inevitable que estén atravesados por estigmas, creencias religiosas y profundas convicciones éticas.
Ciertamente, la discusión que tiene lugar actualmente en Argentina no es una excepción. Sin embargo, un análisis desapasionado y objetivo de las normas legales, y de la evidencia empírica disponible, demuestra que la criminalización del aborto ha sido un fracaso. Es por ello que el Senado debería aprobar el proyecto de leyque presentó el presidente Alberto Fernández para legalizar completamente el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y permitir que mujeres y niñas interrumpan su embarazo después de ese período si el embarazo es producto de una violación o si pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, circunstancias hoy permitidas en el Código Penal.
Diversos órganos internacionales encargados de interpretar tratados de derechos humanos ratificados por Argentina han instado reiteradamente al país a reformar sus leyes sobre aborto. La interpretación autorizada de estos órganos es la que debería orientar el análisis jurídico, y no las muy respetables opiniones personales que cada uno tenga sobre la materia.
Sin duda, existen desacuerdos éticos y biológicos sobre el comienzo de la vida humana. No obstante, en términos jurídicos, la legalización del aborto es compatible con el derecho a la vida. Numerosos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han subrayado en reiteradas oportunidades que el derecho internacional de los derechos humanos no reconoce un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento.
Quienes se oponen a este proyecto de ley usualmente invocan la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño para afirmar que la legalización es incompatible con el derecho a la vida. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño, el único órgano encargado de interpretar esta convención, ha instado a los estados, incluyendo expresamente a Argentina, a que "despenalicen el aborto" para garantizar el derecho a la salud de las adolescentes. Asimismo, el presidente del comité manifestó públicamente su apoyo al proyecto en su presentación ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Debe quedar claro que no existe, bajo ningún tratado internacional, un reconocimiento explícito del derecho a abortar. No obstante, los organismos y expertos encargados de interpretar oficialmente el alcance de las obligaciones jurídicas asumidas por Argentina han concluido consistente y reiteradamente que despenalizar el aborto y garantizar su acceso es una medida necesaria para proteger derechos humanos fundamentales, en especial los derechos de las mujeres y niñas a la vida y la salud.
Por otra parte, la penalización del aborto ha hecho poco y nada para proteger la vida antes del nacimiento. De hecho, evidencia basada en numerosos estudios científicos, incluyendo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere de manera contundente que las personas con embarazos no deseados intentan abortar incluso en contextos legales en los que el acceso al aborto se encuentra castigado o sumamente restringido.
Y si bien la penalización del aborto no ha contribuido a proteger la vida antes del nacimiento, en muchos casos ha violado los derechos de mujeres y niñas, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Las restricciones al aborto obligan a quienes desean abortar, sobre todo aquellas en situación de pobreza o que viven en zonas rurales, a hacerlo fuera del alcance del sistema de salud nacional, recurriendo a opciones clandestinas y no reguladas. Los abortos clandestinos se realizan normalmente de manera insegura, lo cual expone a las mujeres y niñas a posibles complicaciones de salud, e incluso a la muerte.
Según la OMS, la tasa de abortos inseguros es cuatro veces mayor en países con leyes sobre aborto más restrictivas que en países donde está legalizado.En Argentina, los abortos "en general" se realizan en condiciones inseguras, según un informe del propio Ministerio de Salud de 2015. En 2018, Adolfo Rubinstein, ministro de Salud del expresidente Mauricio Macri, estimó que el 70 % de los abortos en el país se realizaban en condiciones inseguras. Según la OMS, el aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad materna en el país.
Asimismo, el modelo de causales vigente en Argentina -que prohíbe el aborto salvo en circunstancias específicas- no funciona en la práctica pues a menudo impide que las mujeres y niñas puedan acceder a abortos incluso cuando sus casos se encuentran previstos en las causales. Un informe reciente de Human Rights Watch, elaborado a partir de una investigación en cinco provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, reveló que los médicos y las autoridades sanitarias locales a menudo imponen obstáculos arbitrarios e ilegales que restringen la posibilidad de las mujeres de acceder a servicios de aborto en los casos permitidos por la ley, es decir, cuando está en riesgo su vida o salud o la mujer fue víctima de violación. Obligar a las mujeres a seguir adelante con embarazos en estas circunstancias impone una carga indebida e injusta que podría constituir un trato cruel y degradante.
Frente a la sólida evidencia y las interpretaciones autorizadas de derecho internacional de los derechos humanos a favor del acceso al aborto seguro, no resulta sorprendente que muchos países desarrollados -incluido Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea- tengan leyes que permiten a las mujeres y las niñas interrumpir sus embarazos cuando así lo soliciten.
Argentina debe sumarse a estos países desarrollados. El Senado tiene una oportunidad única de terminar con una norma que en la práctica discrimina especialmente en contra de las mujeres pobres y solo ha servido para poner en riesgo sus derechos.
