(Johannesburgo) – Las autoridades de Guinea Ecuatorial deberían invitar a expertos internacionales a realizar una investigación independiente sobre la explosión que tuvo lugar el 7 de marzo de 2021 en un campamento militar en Bata, la ciudad más grande del país, dijeron hoy Human Rights Watch y EG Justice.
Funcionarios del gobierno afirman que 98 personas murieron y otras 615 resultaron heridas, sin embargo, personas entrevistadas por EG Justice en Bata aseguran que, según el número de cadáveres extraídos de los escombros, el número real de víctimas es mucho mayor. Dados los altos niveles de corrupción en Guinea Ecuatorial, los donantes y los grupos de asistencia humanitaria deberían enviar la ayuda directamente a las personas afectadas en lugar de desembolsar los fondos al gobierno.
“Los ciudadanos de Bata están en duelo”, dijo Tutu Alicante, director de EG Justice, un grupo que promueve los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial. “Merecen respuestas creíbles sobre lo ocurrido y asistencia inmediata para atender a los heridos, albergar a las personas sin techo y reconstruir la ciudad. La única manera de conseguirlo es mediante una investigación independiente y una ayuda internacional que llegue directamente a las personas afectadas”.
Alrededor de las 14:00 horas del 7 de marzo se produjeron tres grandes explosiones, seguidas de una serie de detonaciones más pequeñas, en el campamento militar de Nkoatoma, que se encuentra en una zona densamente poblada de Bata y alberga una armería que almacena dinamita y otros explosivos. Las explosiones fueron lo suficientemente grandes como para ser oídas y sentidas en toda la ciudad y destruyeron o dañaron muchas casas de los alrededores, según las entrevistas telefónicas con cinco personas que se encontraban en la ciudad en ese momento y los videos del suceso que circulan por las redes sociales.
Las declaraciones oficiales sobre la causa del incidente han sido cuestionadas. Inmediatamente después de la explosión, el presidente Teodoro Obiang emitió un comunicado en el que anunciaba que había pedido a los “tribunales competentes” que llevaran a cabo una investigación, al tiempo que afirmaba que había sido causada por un “incendio de los terrenos cercanos provocado por los vecinos” y por la “negligencia de la unidad” encargada de proteger los explosivos. En otra declaración, el presidente culpaba también a los “agricultores por quemar rastrojos en los campos” y al equipo encargado de custodiar la munición.
Las versiones no verificadas que circulan por el país afirman que el incendio fue provocado por soldados a los que se les ordenó quemar matorrales y que luego se extendió a la armería, o que se inició durante un entrenamiento sobre el uso de explosivos que salió mal. La apresurada declaración del presidente que desvía la culpa de los militares y las especulaciones sobre las causas subrayan la necesidad de una investigación independiente, argumentan Human Rights Watch y EG Justice.
El presidente también dejó claro en la declaración que el gobierno de Guinea Ecuatorial pedirá apoyo internacional para ayudar a pagar la recuperación, citando las dificultades económicas debidas a la caída de los precios del petróleo y la pandemia de Covid-19. La corrupción ha impedido durante mucho tiempo que este país rico en petróleo desarrolle servicios públicos y provea una protección social acorde con sus recursos. A su vez, la continua opacidad de la gobernanza hace que cualquier ayuda desembolsada directamente al gobierno corra un alto riesgo de ser saqueada, advirtieron Human Rights Watch y EG Justice. En su lugar, la ayuda internacional debería ser desembolsada directamente a las personas afectadas.
Las instituciones gubernamentales carecen de independencia, transparencia y adhesión al Estado de Derecho. El presidente Obiang, el gobernante más longevo del mundo, ha colocado a miembros de su familia en puestos clave, lo que les ha servido para amasar enormes fortunas con la riqueza petrolera del país, mientras la gran mayoría de la población vive en la pobreza. El hijo mayor del presidente, quien también es el vicepresidente del país, fue condenado por un tribunal francés en 2017 por saquear más de 100 millones de euros de Guinea Ecuatorial y blanquear el dinero en Francia. En diciembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de US$283 millones, pero sigue paralizado tras el desembolso del primer tramo porque el gobierno no llevó a cabo los requisitos de reforma de la gobernanza incluidos en el programa.
La Unión Africana y la comunidad internacional en general también deberían asegurarse de que el gobierno de Guinea Ecuatorial, que tiene un largo historial de represión severa de la libertad de expresión y de otros derechos humanos, no utilice esta tragedia como pretexto para recortar aún más los derechos, dijeron las organizaciones.
“La respuesta del Gobierno a la explosión ha dejado al descubierto su cruel menosprecio por el bienestar de los guineanos”, dijo Sarah Saadoun, investigadora principal de la división de negocios y derechos humanos de Human Rights Watch. “Independientemente de lo que causó la explosión, el pueblo de Guinea Ecuatorial merece saber por qué los militares están almacenando explosivos en medio de una zona poblada, si hay otras sustancias almacenadas que supongan un peligro público inminente, y qué está haciendo el gobierno para evitar otra explosión similar en el futuro”.
