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Argentina: Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al Covid-19

Condiciones insalubres en centros de aislamiento y cuarentena; restricciones a la libertad de expresión

Personas cumpliendo cuarentena obligatoria en un centro ubicado en la Escuela No. 18, en la ciudad de Formosa el 21 de enero de 2021. © 2021 Leo Fernández.

(Washington D.C.) – El gobierno de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19, señalaron Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica.

Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias. Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.

Entre enero y marzo 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo. Esta publicación también está basada en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Según los primeros protocolos provinciales, quienes llegaban a Formosa, con independencia de si habían estado expuestos al Covid-19, y quienes tuvieron contacto estrecho con personas con resultado positivo, eran enviados a centros de cuarentena, conocidos como “centros de alojamiento preventivos”. Los centros de aislamiento, llamados “centros de atención sanitaria”, se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos. Las personas confinadas en estos centros no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones.

Las autoridades de Formosa a menudo han incumplido sus propios protocolos. Si bien las condiciones en los centros de aislamiento y cuarentena varían, la mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como insalubres y hacinados. En algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo. Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada.

Es muy probable que el incumplimiento de los propios protocolos, junto con las condiciones insalubres de los centros y las estadías excesivas, hayan contribuido a que se propague el Covid-19, violando el derecho a la salud de quienes estaban siendo retenidos allí, afirmaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad John Hopkins.

En enero, tras un marcado aumento en los casos confirmados de Covid-19, el gobierno incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en centros de cuarentena y de aislamiento. Muchas de ellas reportaron abusos.

Zunilda Gómez, de 33 años, cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades encerraron a Gómez y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez empezó a tener un sangrado y pidió ayuda. Desesperada, pidió a su hija que saliera trepándose por la ventana para pedir ayuda, manifestó Gómez.

Una hora después, la policía trasladó a Gómez a un hospital y dejó a sus hijos encerrados en la habitación del hotel hasta el día siguiente. Gómez sufrió un aborto espontáneo. Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

El 27 y el 28 de enero de 2021, el secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuya secretaría depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, visitó Formosa para evaluar los señalamientos de abusos.

El gobierno de Formosa estableció nuevos protocolos de cuarentena y aislamiento tras la visita del Secretario y luego de que información sobre la situación en la provincia trascendiera en la prensa y se presentaran varias demandas judiciales. El gobierno de Formosa también cerró algunos de los centros. El 3 de febrero, las autoridades establecieron nuevos protocolos para permitir que algunas familias con hijos, los mayores de 60 y quienes tuvieran condiciones de salud preexistentes cumplieran cuarentena en su domicilio.

“Los nuevos protocolos en Formosa son un paso positivo. Sin embargo, cualquier protocolo que se vea bien en el papel debe implementarse de manera adecuada para ser efectivo”, explicó Page.

Incluso después de que Formosa adoptara los nuevos protocolos, algunas personas que en principio podían hacer cuarentena domiciliar por pertenecer a estos grupos fueron enviadas a centros de cuarentena, aparentemente porque sus viviendas no cumplían con las “condiciones socioambientales” requeridas en los nuevos protocolos, tales como tener un baño privado para las personas enfermas y ventilación adecuada. En los centros, a veces, estuvieron expuestas a peores condiciones que las que probablemente habrían enfrentado en su hogar. A pesar de que se ha reducido el hacinamiento y algunos centros se cerraron, Human Rights Watch ha recibido denuncias de condiciones insalubres y acceso limitado a atención médica en algunos centros después de que fueran adoptados los protocolos de febrero.

El 19 de marzo un juez federal ordenó a las autoridades formoseñas que terminen con la cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la provincia con una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa. Las autoridades apelaron esta decisión, pero el 22 de marzo adoptaron un nuevo protocolo cumpliendo con la orden judicial. La prensa ha reportado que algunas personas han comenzado a viajar desde y hacia la provincia.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades de Formosa impusieron un “bloqueo sanitario” en la ciudad de Clorinda. Como parte de este bloqueo, suspendieron el transporte público y han exigido que todos aquellos que pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía. Estas restricciones han obstaculizado seriamente la posibilidad de los residentes de Clorinda de obtener atención médica debido a que el acceso a tratamientos médicos es muy escaso en esa ciudad.

Asimismo, las autoridades provinciales también han limitado la posibilidad de los periodistas de informar sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas.

Conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria. Las autoridades argentinas también tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación del Covid-19 y proteger el derecho a alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Las cuarentenas obligatorias que aumentan el riesgo de contagio al coronavirus no sirven para proteger a la población del Covid-19 y, al constituir una limitación innecesaria a la libertad personal, podrían considerarse detenciones arbitrarias conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

“Las medidas para frenar la propagación del Covid-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del Covid-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”.

Ver abajo información adicional sobre los hallazgos de Human Rights Watch.

Metodología

Human Rights Watch analizó fotografías y videos de varios centros que corroboran lo manifestado por 45 entrevistados acerca de las condiciones de insalubridad, y consultó información oficial, informes de prensa y protocolos sobre Covid-19 que emitió el gobierno de Formosa. Una investigadora de la Universidad Johns Hopkins entrevistó a médicos y analizó los protocolos sanitarios de Formosa.

El 15 de marzo, Human Rights Watch se reunió con el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla para discutir la situación en Formosa. Además, pedimos información a las autoridades de Formosa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. El gobierno de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos proporcionaron por escrito información exhaustiva. En esta publicación se incluye la información más relevante de dichas respuestas. La Procuraduría no respondió a nuestra solicitud de información.

El rol de la policía en el rastreo de contactos estrechos

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a menudo ha citado los aumentos en el número de casos confirmados de Covid-19 y muertes por esa enfermedad para justificar las medidas restrictivas en la provincia. Formosa reporta una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más bajas de Argentina, tanto en términos absolutos como en comparación con su población. Hasta el 25 de marzo de 2021, se había confirmado 1.769 casos y 28 muertes.

Las autoridades sanitarias y la policía de Formosa realizan “búsquedas activas” en barrios donde viven personas que tuvieron un resultado positivo para identificar a otros que hayan tenido contacto con ellos o con personas que podrían estar infectadas, realizarles pruebas y trasladarlas a centros de cuarentena o de aislamiento, a veces antes de contar con sus resultados.

Once personas entrevistadas dijeron que policías, en algunos casos acompañados de profesionales de la salud, los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo. Muchos afirmaron que la policía no les permitió empacar la ropa ni los artículos de higiene personal que necesitaban. En algunos casos, los trasladaron en vehículos durante horas, mientras la policía recogía a otras personas que supuestamente también habían tenido contacto con casos positivos, y las mezclaba en camionetas o ambulancias. Algunos dijeron que no les proporcionaron tapabocas durante los viajes.

Las autoridades los llevaron a hacerse las pruebas en las Unidades de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC). Las pruebas de Covid-19 en Formosa solo se realizan en 19 laboratorios gestionados por el estado. Formosa no permite pruebas por laboratorios privados y centraliza toda la información sobre los resultados. Muchos entrevistados manifestaron que no supieron el resultado de sus pruebas antes de que los trasladaran a centros de cuarentena o aislamiento.

Un aspecto alarmante de la respuesta de Argentina frente al Covid-19 ha sido la violencia policial hacia individuos acusados de romper la cuarentena. La policía no debería estar rastreando contactos estrechos a menos que no haya ningún otro recurso humano disponible con entrenamiento y experiencia apropiada para hacer el rastreo de forma segura y efectiva, dijo Human Rights Watch.

Detenciones arbitrarias

La cuarentena obligatoria es una forma de privación de la libertad que debería ser impuesta solo si es necesaria y estrictamente proporcional a la amenaza de salud pública que se busca enfrentar.

Hasta el 16 de febrero, Formosa había confinado a más de 24.000 personas en 188 centros de cuarentena y aislamiento, de acuerdo con información oficial. Human Rights Watch documentó 30 casos de personas confinadas entre enero y marzo en centros cuyas condiciones contravienen las normas internacionales de derechos humanos, las recomendaciones de la OMS y, en muchos casos, los propios protocolos de Formosa. Ello constituye una detención arbitraria.

La cuarentena en los centros de Formosa a menudo se ha extendido más allá de los 14 días que recomienda la OMS y que establecen los protocolos provinciales, según manifestaron personas en los centros a Human Rights Watch. Algunas señalaron haber estado retenidas por un total de 30 días. Si bien a veces puede ser necesario extender la cuarentena más allá de los 14 días recomendados por la OMS, en algunos casos personas con resultados negativos de Covid-19 podrían haber estado expuestas al virus en los centros durante estas extensiones. 

Según los protocolos de testeo de Formosa, los resultados de las pruebas deberían comunicarse a las personas a través de un sitio web privado protegido con contraseña que gestiona el gobierno provincial, llamado MiPortal, o ser proporcionados directamente por las autoridades sanitarias responsables de los centros de cuarentena y aislamiento. Pero, según entrevistas de Human Rights Watch y capturas de pantalla de la página MiPortal de algunos usuarios, los resultados a veces no son publicados, incluso después de varios días. En algunos casos, los entrevistados dijeron que no se les informó verbalmente los resultados. Algunos terminaron su período de aislamiento o cuarentena sin haber tenido acceso a los resultados de sus pruebas, lo cual vulnera sus derechos a la salud y el acceso a la información.

Human Rights Watch entrevistó a seis personas que obtuvieron resultados de PCR negativos antes de ingresar a la provincia pero que, después de algunos días en centros de cuarentena, dieron positivo. Aunque no siempre resulta claro dónde contrajeron el virus, en algunos casos la cantidad de días transcurridos entre las pruebas negativas y positivas sugiere que sucedió dentro de los centros.

  • El 27 de diciembre, Juana Ramírez (seudónimo), de 33 años, presentó documentación de ella y sus hijos, de 12 y dos años, en la que acreditaba que habían dado negativo en un test de Covid-19 antes de mudarse de la ciudad de Buenos Aires a la localidad de Clorinda. Al día siguiente, cuando la familia ingresó a la provincia de Formosa, las autoridades realizaron otro test y nuevamente los resultados fueron negativos. Los funcionarios indicaron a Ramírez que, antes de salir de un centro de cuarentena, la familia tendría que dar negativo en la prueba de Covid-19 dos veces más.

Las autoridades enviaron a Ramírez y a sus hijos a un centro ubicado en una escuela primaria en la ciudad capital de Formosa, donde compartían el baño con otras personas. Después de una prueba el 10 de enero, individuos que no se identificaron ni proporcionaron copias de los resultados oficiales de las pruebas, le dijeron a Ramírez que su hijo de 12 años había dado positivo. El 11 de enero, las autoridades trasladaron a la familia al centro de aislamiento en el Estadio Cincuentenario. Fueron puestos en cuarentena durante otros 14 días, y se les exigió dar negativo en la prueba de Covid-19 dos veces más antes de ser liberados.

Las autoridades de Formosa han retenido en repetidas ocasiones a personas que dieron positivo por Covid-19 junto con personas que dieron negativo o que todavía estaban esperando sus resultados. Varios entrevistados señalaron que las autoridades llevaron a familias enteras, incluidos menores de edad y adultos, que habían recibido resultados negativos en las pruebas, a centros de aislamiento.

  • El 6 de enero, la policía les dijo a Lucas Garibaldi (seudónimo) y a su familia —su esposa y el hijo, la hija y el nieto de su esposa— que algunos de ellos habían dado positivo y otros negativo. No obstante, los agentes los llevaron a todos, incluidos los que dieron positivo en la prueba, a un centro de cuarentena destinado a personas que habían tenido resultado negativo antes de ingresar a la provincia.

Las personas en los centros nos dijeron que no sabían exactamente con qué frecuencia les hacían las pruebas. Un protocolo de Formosa requiere pruebas de PCR para casos de contacto estrecho al llegar y en los días quinto y décimo de la cuarentena. Otro protocolo exige un resultado negativo en las pruebas realizadas por los centros estatales entre los días tres y cinco, y nuevamente el día 13 de la cuarentena. Personas que se encontraban en algunos centros de cuarentena dijeron que las autoridades les informaron que tendrían que permanecer en cuarentena por 14 días y dar negativo al menos dos veces, y, en ocasiones, tres. Algunas personas dijeron que les hicieron pruebas hasta 11 veces, lo que sugiere una posible exposición a quienes habían dado positivo en el propio centro de cuarentena.

Condiciones insalubres y peligrosas

Los protocolos de cuarentena y aislamiento de Formosa requieren que las personas trasladadas a centros de aislamiento y cuarentena otorguen su “consentimiento informado”. Sin embargo, varios entrevistados dijeron que autoridades no identificadas en estos centros les dijeron que firmaran un formulario de consentimiento apresuradamente, sin permitirles leer el documento completo. Después de firmar, algunos solicitaron una copia, pero se les negó.

Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Como es obligatoria y las personas no pueden salir, la cuarentena constituye una privación de la libertad. El gobierno está obligado a cuidar de las personas detenidas y no puede eximirse de su responsabilidad.

Algunas personas entrevistadas dijeron que en enero y marzo los centros donde estaban retenidas estaban hacinados y presentaban condiciones insalubres. Varias personas dijeron que en enero al menos 260 personas compartían seis baños en el Estadio Cincuentenario.

En enero, el Estadio Cincuentenario estuvo especialmente lleno y albergaba a más de 300 personas a la vez, dijeron los entrevistados. No había separación entre familias, ni instalaciones aptas para personas mayores o con discapacidad, debido a obstáculos para la accesibilidad como escalones.

Los entrevistados describieron que había “habitaciones” improvisadas, separadas solamente por paredes de cartón, en una cancha extensa y cubierta. Esta descripción coincide con fotografías y videos de la instalación que revisó Human Rights Watch. Entre seis y diez personas, en muchos casos de diferentes grupos familiares, compartían una “habitación” improvisada. Las camas estaban una al lado de la otra.

Dentro de los centros, personas de diferentes familias, incluidos niños, estaban con adultos que no conocían, lo cual los expuso a riesgos. La forma en que se distribuyó a la gente en los centros de cuarentena también generó preocupaciones sanitarias debido a que las autoridades no organizaron a las personas por fecha de llegada, ni según la exposición que habían tenido al virus o los resultados de las pruebas, lo cual aumentaba el riesgo de que se propagara el Covid-19 dentro de las instalaciones.

Algunos de los centros ni siquiera se limpiaban, dijeron más de 20 entrevistados. Las personas en cuarentena y aislamiento afirmaron que la higiene era muy deficiente, especialmente en los baños. Aunque los protocolos especifican que debe haber personal encargado de limpiar los espacios comunes, varios entrevistados dijeron que tenían que limpiar los baños y las duchas ellos mismos. Varias mujeres dijeron que temían que sus hijos se enfermaran por las condiciones insalubres.

En algunos centros, se entregaron kits de higiene con jabón, alcohol en gel, cepillo de dientes y tapabocas. Sin embargo, algunos entrevistados dijeron que las autoridades no les entregaron kits de higiene o que tuvieron que pedirlos varias veces.

En algunas instalaciones, la ventilación y el acceso al agua eran aparentemente limitados. Cuando Laura Quinteros (seudónimo) y sus hijas, de tres años y 18 meses, llegaron para ser puestas en cuarentena en una escuela en la ciudad de Formosa el 13 de enero, los baños estaban inundados por las lluvias. Al segundo día, los baños ya se habían quedado sin agua. El 4 de marzo, un hombre retenido en otro centro de cuarentena dijo que, en los días previos, no había habido agua durante cinco a siete horas al día. Los alimentos se suministraban con regularidad, dijeron personas retenidas en varios centros, pero a menudo eran muy escasos y de calidad deficiente.

Aunque los protocolos de Formosa estipulan horarios al aire libre programados para quienes están en instalaciones de cuarentena o aislamiento, los entrevistados dijeron que las autoridades a menudo les negaban la posibilidad de salir. Algunos padres informaron que sus hijos habían dejado de comer o jugar y no podían dormir. Luego de varias quejas durante enero en el Estadio Cincuentenario y algunos otros centros, las autoridades permitieron que, durante horarios programados, las personas en los centros de cuarentena y aislamiento pudieran salir al aire libre.

En algunos establecimientos, se colocaron candados y cadenas en las puertas que impidieron que las personas salieran. El peligro de esta práctica se hizo evidente en enero en el Estadio Cincuentenario, cuando un grupo amenazó con prender fuego a sus colchones en señal de protesta. “Si hubieran hecho eso, estaríamos muertos, porque estábamos encerrados allí”, dijo a Human Rights Watch una mujer que compartió un video del episodio.

Algunas personas pudieron realizar cuarentena en hoteles y, a menudo, describieron mejores condiciones. Muchos dijeron que tuvieron que pagar para estar allí. En ocasiones, las puertas de los hoteles se cerraban desde el exterior sin posibilidad de comunicación confiable que garantizara que las puertas pudieran abrirse rápidamente en caso de necesitar asistencia urgente, incluyendo de tipo médica. Esto los expuso a un riesgo injustificado. 

Varios entrevistados se quejaron del acceso limitado o nulo a la atención médica. Las autoridades de Formosa dijeron a Human Rights Watch que los centros de aislamiento y cuarentena cuentan con personal médico y de enfermería, psicólogos y personal administrativo, y que en algunos de los centros había asistencia médica disponible las 24 horas, incluido el Estadio Cincuentenario. Sin embargo, los entrevistados informaron que había demoras en el tratamiento de los síntomas de Covid-19 y otros problemas de salud, e incluso ninguna atención en algunos casos.

  • Una persona entrevistada contó que su madre, de 71 años, se cayó en el baño de un centro de aislamiento y sufrió una fractura de cadera. Las autoridades tardaron aproximadamente seis horas en llevarla a un hospital, dijo el familiar. 
  • A un hombre ciego de 82 años, que presenta demencia e hipertensión —condiciones que habían sido informadas a las autoridades—, se le tomó la temperatura diariamente en un centro de cuarentena, pero pasó una semana antes de que le tomaron la presión arterial, dijo su nieta, que estaba con él en el centro. Necesitaba asistencia diaria para bañarse y cambiarle los pañales para adultos, tareas con las cuales su nieta de 16 años no podía asistirlo sin ayuda.

De acuerdo con los protocolos sobre cuarentena y aislamiento adoptados en febrero, las familias con hijos, los mayores de 60 años y aquellos con enfermedades preexistentes pueden realizar un aislamiento domiciliario, siempre y cuando las viviendas cumplan con las “condiciones socioambientales” que permitan el distanciamiento social. Estos requisitos incluyen contar con baños individuales y ventilación. Aun así, estos requisitos a menudo no se cumplían en los centros gestionados por el gobierno. La determinación sobre si una vivienda cumple con las condiciones necesarias la realizan trabajadores sociales contratados por el gobierno.

Algunos niños y niñas, personas mayores y otras personas vulnerables han sido mantenidos en centros de cuarentena aparentemente debido a que sus viviendas no cumplían con las “condiciones socioambientales”.

  • Una niña de 16 años y su abuelo de 82 años fueron aislados en un centro de cuarentena del 22 al 25 de febrero, a pesar de que el hombre padecía demencia, hipertensión y necesitaba asistencia constante que el personal del centro no podía brindar. Posteriormente fueron trasladados a un hospital para continuar allí la cuarentena. Ambos dieron negativo en los test de Covid-19 tres veces. Se les permitió volver a su casa 10 días después.

Según el nuevo protocolo, en principio se les debería haber permitido cumplir cuarentena en forma domiciliaria, dado que se trataba de una menor de 18 años y un mayor de 60 años.

Varios médicos de Formosa comentaron a Human Rights Watch que las normas restrictivas y las condiciones de los centros han desalentado a la gente a buscar atención médica o realizarse pruebas de Covid-19. Los médicos añadieron que aconsejaban a los pacientes con síntomas leves de Covid-19 que se aislaran en sus casas, pero no los enviaban a realizarse las pruebas debido a las condiciones deficientes de los centros. Esta pérdida de confianza por parte de los profesionales médicos y quienes viven en Formosa probablemente socave la respuesta contra el Covid-19 en la provincia en el futuro.

Desde fines de febrero, el gobierno de Formosa ha cerrado varios centros debido a que el número de casos de Covid-19 informados en la provincia ha disminuido. Si bien el hacinamiento en los centros que siguen funcionando al parecer ya no sería tan grave, las entrevistas realizadas a personas en los centros desde fines de febrero indican que algunas condiciones no han mejorado, incluyendo el acceso limitado al agua y la comida de mala calidad, la falta de acceso a la atención médica y las dificultades para mantener el distanciamiento social.

Aislamiento en la ciudad de Clorinda

Entre agosto 2020 y marzo 2021, el gobierno provincial impuso un “bloqueo sanitario” que restringió la entrada y la salida de Clorinda, una ciudad de aproximadamente 53.000 habitantes cerca de la frontera con Paraguay. Conforme a estas disposiciones, sólo se autorizaba la salida de la ciudad por motivos laborales específicos, para ayudar a personas que requerían tratamiento médico o asistencia especial o por “fuerza mayor”. No se permitían en forma expresa los viajes por otros motivos, incluidos viajes para obtener atención médica.

El 12 de marzo, un tribunal federal ordenó al gobierno de Formosa flexibilizar el bloqueo sanitario de Clorinda en un plazo de cinco días. El tribunal afirmó que las restricciones habían vulnerado los derechos a la salud y la educación. El 23 de marzo, el gobierno provincial estableció un nuevo protocolo que permite que las personas en Clorinda viajen dentro de la provincia presentando un PCR negativo a las autoridades.

Varios médicos de Clorinda afirmaron que el bloqueo ha afectado el acceso a la atención médica, dado que la ciudad tiene pocos hospitales y sanatorios equipados para brindar servicios avanzados de diagnóstico y tratamiento médico. También señalaron que, debido a las restricciones, algunas personas han postergado los tratamientos médicos para otras enfermedades o no se han realizado los estudios médicos necesarios.

Derechos de acceso a la información, libertad de expresión y reunión pacífica

La libertad de prensa y la disponibilidad de información gubernamental oportuna y accesible son esenciales para una gestión de gobierno democrática y con rendición de cuentas en circunstancias normales, pero son aún más importantes cuando una sociedad debe afrontar los retos tan complejos y multidimensionales que plantea una pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instan a los Estados a “garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información” y “proporcionar proactivamente información veraz y fidedigna sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia”.

Algunos periodistas denunciaron limitaciones para ingresar a la provincia para informar sobre la pandemia, incluso después de la repercusión pública que tuvieron las denuncias sobre las medidas relacionadas con Covid-19 y los centros de confinamiento. Si bien un decreto nacional exime al personal de los medios de comunicación de muchas de las restricciones relacionadas con el Covid-19, incluida la cuarentena obligatoria, Formosa exigía a los periodistas que querían ingresar a la provincia obtener un permiso de las autoridades provinciales, demostrar que habían tenido un resultado negativo en la prueba de detección y cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Inés Beato Vassolo, periodista de La Nación publicó un video en el cual mostró cómo policías impedían que ella y otros periodistas entraran a la provincia el 7 de febrero.

Según medios de comunicación, el 19 de febrero, las autoridades de Formosa aprobaron un nuevo protocolo que permite a los periodistas visitar la provincia sin necesidad de cumplir cuarentena. Ese mismo día, un juez otorgó el recurso de habeas corpus que presentaron dos abogados y dispuso que las autoridades provinciales permitieran el ingreso de periodistas a Formosa sin cumplir cuarentena. Las autoridades provinciales acataron la orden judicial.

Las autoridades también han arrestado a manifestantes que cuestionaron las condiciones en los centros de aislamiento. El 21 de enero, la policía detuvo dos concejalas de la ciudad de Formosa, Gabriela Neme y Celeste Ruiz, por participar en una manifestación pacífica afuera de una escuela que funcionaba como centro de cuarentena. La policía retuvo a Neme durante tres horas, esposada, y no le permitió que llamara a un abogado, según manifestó Neme a Human Rights Watch. Ambas enfrentan varios cargos, que parecen estar basados en su participación en la protesta pacífica, según documentos policiales a los que tuvo acceso Human Rights Watch. Sigue en curso la investigación penal contra ellas.

El 5 de marzo, manifestantes en la ciudad de Formosa salieron a las calles luego de que el gobierno decidiera volver a imponer el confinamiento obligatorio debido a que se confirmaron 17 nuevos casos de Covid-19 en la provincia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron haber recibido señalamientos de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes.

Según reportes creíbles de prensa y lo manifestado por cinco personas entrevistadas por Human Rights Watch que participaron en la protesta, la policía usó fuerza excesiva contra los manifestantes, que incluyó el uso de cartuchos de gases lacrimógenos vencidos y balas de goma que se dispararon desde corta distancia y hacia la parte superior del cuerpo de los manifestantes. Las fotografías que examinó Human Rights Watch muestran a manifestantes heridos por disparos de balas de goma aparentemente realizados a corta distancia. La policía detuvo al menos a 93 personas y decenas de manifestantes resultaron heridos. Los medios informaron que 12 policías resultaron heridos.

Respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

El 27 y 28 de enero de 2021, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, visitó Formosa. Su secretaría depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó a Human Rights Watch que las personas entrevistadas “no manifestaron cuestionamientos sobre las condiciones de higiene o la atención sanitaria” en los centros que visitó, pero que su oficina registró “problemas puntuales” relativos al acceso a información sobre salud y a reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas.

El equipo de la secretaría solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda. Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí.

El secretario Pietragalla y su equipo indicaron a Human Rights Watch que la intervención de su secretaría para promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales contribuyó a que el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario. Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos.

Después de las protestas del 5 de marzo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”. Sin embargo, también se refirió a la “permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial”.

La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.

El secretario de Derechos Humanos de Argentina es el principal funcionario de derechos humanos cuya misión es promover y proteger los derechos humanos en todo el país, pero su institución depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por ende, no es independiente del poder ejecutivo. La Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es independiente del poder ejecutivo y podría documentar y denunciar abusos, no funciona con normalidad desde 2013, cuando concluyó el mandato del entonces defensor adjunto. El Congreso no designa a un Defensor del Pueblo desde 2009.

Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins recomiendan al gobierno del Presidente Alberto Fernández trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país.

Correction

Según el idioma preferido en documentos oficiales, se cambió la siguiente frase de “Conforme a estas disposiciones, sólo se autorizaba la salida de la ciudad por motivos laborales específicos, para ayudar a personas que requerían tratamiento médico o asistencia especial o por “extrema necesidad”’ a “...para ayudar a personas que requerían tratamiento médico o asistencia especial o por “fuerza mayor.”’

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