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Venezuela debe cesar la represión de la sociedad civil

El director de Provea habla en la conferencia "Unidos por los Derechos Humanos" en Caracas, Venezuela. Provea, una ONG, ha sido atacada por el gobierno de Nicolás Maduro por su papel en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. © 2018 Provea

Mientras se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra la sociedad civil se vuelven cada vez más comunes. El 30 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia y el Terrorismo, en el que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro del país a entregar datos confidenciales sobre sus aportes y beneficiarios. Por ejemplo, debido a su definición amplia de “beneficiarios,” la medida establece un requisito alarmante que exige que se revele las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONGs de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el estado.

Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales. En octubre de 2020, el gobierno de Maduro emitió una resolución que requiere a todas las ONGs internacionales que buscan operar dentro de Venezuela que registren con el estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela” y sus intenciones. Poco después, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Venezolanas (Sudeban) anunció el 20 de noviembre del 2020 que exigiría a todas las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones comerciales y financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro en el país. La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela.

También nos preocupan los reportes según los cuales la Asamblea Nacional que inició funciones en enero ha propuesto un proyecto de ley que podría restringir aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y los derechos de los defensores y las defensoras. El 15 de abril, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración propuso la adopción de una “Ley de Cooperación Internacional”, la cual ya fue aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión. Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONGs en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto de ley similar de “Ley de Cooperación Internacional,” propuesto en 2015.

La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses. El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas que viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes bajo cargos sin fundamento de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Los cargos en su contra aún no han sido retirados después de la liberación condicional de los defensores el 10 de febrero, lo cual impulsó a expertos independientes de las Naciones Unidas a pedir a las autoridades venezolanas que «cesen los continuos y crecientes ataques e intimidaciones contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el país.» Docenas de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela también han enfrentado la intimidación y amenazas en forma de acusaciones públicas y difamación, congelamientos de cuentas bancarias, órdenes de detención y allanamientos de las oficinas de ONGs por agentes de las fuerzas de seguridad. Entre enero y marzo del 2021, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Maduro. Este patrón fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. El 22 de febrero, la Alta Comisionada anunció que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición” desde septiembre de 2020. Asimismo, varias organizaciones recientemente alertaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las políticas de criminalización contra defensores y defensoras y organizaciones de la sociedad civil y su agravamiento acelerado en el actual contexto. 

Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela. También instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia. Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla.

Organizaciones firmantes:

  1. Acceso a la Justicia, Venezuela
  2. Acción Solidaria, Venezuela
  3. AlertaVenezuela, Venezuela
  4. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ), Venezuela
  5. Asociación Civil Más Ciudadanos, Venezuela
  6. A Todo Pulmón, Venezuela
  7. Aula Abierta, Venezuela
  8. Aquí Cabemos Todos, Venezuela
  9. Centro de Estudios Sociales y Culturales (CENSO-C), Venezuela
  10. Civilis Derechos Humanos, Venezuela
  11. Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Discapacitados, Venezuela
  12. Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Venezuela
  13. DefiendeVenezuela, Venezuela
  14. DPR-Lara, Venezuela
  15. Epikeia Derechos Humanos, Venezuela
  16. Espacio Público, Venezuela
  17. Fundación Iribarren Lucha, Venezuela
  18. Fundación Lucelia, Venezuela
  19. Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Venezuela
  20. Movimiento Ciudadano Dale Letra, Venezuela
  21. Observatorio Electoral Venezuela (OEV), Venezuela
  22. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Venezuela
  23. Observatorio Hannah Arendt, Venezuela
  24. Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela
  25. Organización StopVIH, Venezuela
  26. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
  27. Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), Venezuela
  28. Proyecto de Extensión Visibilización y Educación en DDHH de la Face, Venezuela
  29. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), Venezuela
  30. Una Ventana a la Libertad, Venezuela
  31. Unión Cívica Nacionalista, Venezuela
  32. Urgent Action for Democracy and Development, Venezuela
  33. Venezuela Diversa AC, Venezuela
  34. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), Perú
  35. Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), Perú
  36. Asociación Pro Derechos Humanos, Perú
  37. Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (SEDYS) de Trujillo, Perú
  38. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú
  39. Centro Loyola Ayacucho, Perú
  40. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú
  41. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú
  42. Comisión de Derechos Humanos de Alto Huallaga (CODHAH), Perú
  43. Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
  44. Comisión de Derechos Humanos de Moyobamba, Perú
  45. Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Perú
  46. Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú
  47. Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (COSDEJ), Perú
  48. CooperAccion, Perú
  49. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
  50. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
  51. Fundación Ecuménica el Desarrollo y la Paz, Perú
  52. Instituto de Defensa Legal, Perú
  53. Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
  54. Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH) de Puno, Perú
  55. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Perú
  56. Movimiento Manuela Ramos, Perú
  57. Movimiento JATARISHUN, Perú
  58. Paz y Esperanza, Perú
  59. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
  60. Fundación Brisas del Norte, Colombia
  61. Venezolanos en Barranquilla, Colombia
  62. Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México
  63. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México
  64. Revista Digital Inalienable, Ecuador
  65. Venezolanos en Guayaquil, Ecuador
  66. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Argentina
  67. Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia
  68. Conectas Dereitos Humanos, Brasil
  69. Asociación Pro-Búsqueda, El Salvador
  70. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Honduras
  71. Activados Panamá, Panamá
  72. International Service for Human Rights (ISHR), Suicia
  73. Canada Venezuela Democracy Forum, Canadá
  74. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Internacional
  75. Comisión Internacional de Juristas, Internacional
  76. Human Rights Watch, Internacional
  77. Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Internacional
  78. Red Jesuita con Migrantes LAC, Internacional
  79. Robert F. Kennedy Human Rights, Internacional
  80. Women’s Link Worldwide, Internacional
  81. América Diversa, EE.UU.
  82. Coalición por Venezuela, EE.UU.
  83. Derechos Humanos con DR, Corp., EE.UU.
  84. Fe en Venezuela, EE.UU.
  85. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), EE.UU.
  86. Venezuelans and Immigrants Aid, EE.UU.

 

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