La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido al avance en la lucha contra la violencia de género al reconocer una forma de violencia que muchas mujeres experimentan y que, aun así, ha estado invisibilizada durante muchos años. En enero de 2023, la Corte empleó por primera vez el concepto de “violencia obstétrica” en el caso Brítez Arce vs. Argentina, y la definió como “una forma de violencia basada en el género, ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes durante el acceso a los servicios que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto”.
Cristina Brítez Arce estaba embarazada de nueve meses cuando, a través de una ecografía, se detectó que el feto se hallaba sin vida. Fue hospitalizada para inducir el parto, pero falleció como resultado de un paro cardiorrespiratorio.
La corte determinó que Brítez no recibió el tratamiento médico requerido teniendo en cuenta los diversos factores de riesgo conocidos que afectaban su embarazo, y tampoco contó con la información necesaria sobre alternativas de tratamiento. En lugar de ello, fue “sometida a violencia obstétrica” que, en última instancia, desencadenó su muerte.
Entre otras cosas, el tribunal ordenó al gobierno argentino que diseñe una campaña para difundir información sobre los derechos humanos relacionados con el embarazo, el parto y el posparto, y sobre las situaciones que pueden configurar violencia obstétrica. Esta es la primera vez que una resolución judicial reconoció la obligación del Estado de prevenir la violencia obstétrica para proteger diversos derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la salud, y a recibir un trato humano.
Anteriormente, Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones sobre los abusos ejercidos contra mujeres durante el parto, y la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado acerca de que, durante el parto en hospitales, las mujeres han sufrido abusos físicos y verbales, esterilizaciones y negación de medicamentos analgésicos, y han experimentado complicaciones evitables y potencialmente mortales debido a desatención.
Otras personas expertas en derechos humanos también han reconocido la violencia obstétrica y los daños que esta entraña. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer ha subrayado que el maltrato y la violencia contra las mujeres durante la atención de la salud reproductiva y el parto en hospitales amenaza los derechos a la vida, la salud, la integridad física, la privacidad, la autonomía y a no sufrir discriminación. A su vez, expertos en derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana y la Comisión Africana instaron en forma conjunta a los gobiernos a abordar la violencia obstétrica e institucional contra las mujeres en los centros de salud y a adoptar todas las medidas prácticas y legislativas posibles para prevenir, prohibir, sancionar y reparar estos actos.
La violencia obstétrica no es invisible para las personas embarazadas que la experimentan. Los sistemas judiciales y jurídicos internacionales, regionales y nacionales deberían seguir la decisión de la Corte Interamericana en reconocer a la violencia obstétrica como una violación de derechos humanos y hacer cumplir la obligación de los gobiernos de respetar y proteger los derechos de las personas embarazadas durante el embarazo, el parto y el posparto.
