El Gobierno de Ontario ha decidido rescindir el contrato sobre detención inmigratoria que tiene con el gobierno federal, y se convierte así en la última de una serie de provincias que terminan con esta práctica abusiva.
Esta noticia auspiciosa se conoce al tiempo que Quebec y Nuevo Brunswick también confirmaron que rescinden los contratos de detención inmigratoria con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services Agency, CBSA). Esto se produce tras las cancelaciones por parte de Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Manitoba y Saskatchewan.
Desde que se lanzó la campaña #WelcomeToCanada (Bienvenidos a Canadá) en octubre de 2021, ocho de las diez provincias canadienses han explicitado que se oponen en forma rotunda al uso de cárceles provinciales para la detención inmigratoria. “Las personas que vienen a Canadá buscando empezar de nuevo y forjar una nueva vida merecen una recepción mejor que terminar en la celda de una cárcel mientras se resuelve su situación administrativa”, expresó en enero Mike Ellis, ministro de Seguridad Pública de Alberta.
Ontario cuenta con la mayor cantidad de personas en detención por motivos inmigratorios en cárceles provinciales del país. En febrero, una investigación forense sobre la muerte, en el año 2015, de Abdurahman Hassan, un refugiado procedente de Somalia, puso al descubierto detalles estremecedores sobre el sistema de detención inmigratoria de Canadá y las condiciones abusivas que persisten en las cárceles provinciales de Ontario.
El uso de cárceles provinciales con fines de detención inmigratoria tiene carácter punitivo, resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y tiene consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas afectadas. En un informe de 2021, Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron evidencias de que las personas racializadas, en particular los hombres negros, son confinados en condiciones más restrictivas y por períodos más prolongados durante la detención inmigratoria, en comparación con otras personas detenidas. Las personas con discapacidad también experimentan discriminación durante el proceso de detención inmigratoria.
A tan solo semanas de que la rescisión del contrato surta efectos en varias provincias, el gobierno federal todavía no ha definido ningún plan para las personas detenidas que actualmente se encuentran en cárceles provinciales por motivos exclusivamente inmigratorios. Sin embargo, la CBSA ha empezado a trasladar a personas desde las cárceles de Alberta hacia el centro de detención inmigratoria en Columbia Británica, a cientos de kilómetros de donde se encuentran sus familias y comunidades.
Al interrumpir los contratos, las ocho provincias han puesto fin a su complicidad con las violaciones de derechos humanos del gobierno federal en el contexto de la detención inmigratoria. Ha llegado el momento de que el primer ministro Justin Trudeau demuestre el mismo liderazgo.
En vez de transferir a personas de una provincia a otra para mantenerlas detenidas, el gobierno federal debería invertir en alternativas a la detención basadas en la comunidad que son gestionadas por organizaciones sin fines de lucro locales, en forma independiente de la CBSA.
Canadá también debería concluir de inmediato el uso de cárceles provinciales para la detención inmigratoria en las otras dos provincias, Isla del Príncipe Eduardo y Newfoundland, y en definitiva, poner fin a la detención inmigratoria en todo el país.
Es tiempo de que Canadá acoja realmente a las personas que buscan seguridad o aspiran a una vida mejor.
