A los 13 años de edad, Camila (seudónimo), una niña indígena de una zona rural del Perú, quedó embarazada tras años de ser violada sexualmente por su padre. Las autoridades rechazaron su solicitud de aborto, aun cuando su embarazo implicaba graves riesgos para su vida y salud. Más tarde, Camila tuvo un aborto espontáneo y, al intentar obtener atención médica de urgencia, las autoridades la procesaron y la obligaron a atravesar un procedimiento judicial traumático.
En Perú, el aborto es penado con hasta dos años de cárcel, excepto cuando la vida o la salud de la mujer, niña o persona embarazada esté en peligro. El caso de Camila reunía los requisitos para esta excepción, conocida como “aborto terapéutico”. A pesar de esto, fue condenada en 2018 y se la absolvió un año después en instancia de apelación.
Con el acompañamiento integral de Promsex, Planned Parenthood Global y el movimiento #NiñasNoMadres, Camila llevó su caso ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN). La semana pasada, el comité halló a Perú responsable de violar los derechos de Camila a la vida, la salud, la privacidad y a no ser objeto de discriminación ni tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La implementación de las recomendaciones del comité es imperativa en un país donde demasiadas niñas como Camila ven sistemáticamente vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos. La Defensoría del Pueblo, el organismo gubernamental responsable de proteger los derechos humanos, ha advertido también que Perú no brinda atención integral a las personas sobrevivientes de violencia sexual, y que las niñas a menudo no tienen acceso a la justicia, ni a los servicios de salud física y mental. Entre enero y abril, Perú informó 2.388 casos de violación sexual de niñas de menos de 18 años, lo que equivale a aproximadamente 20 niñas cada día.
El comité instó a Perú a garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluida la atención del aborto. En un país donde 1.100 niñas de menos de 15 años de edad quedan embarazadas cada año, el acceso efectivo y no discriminatorio al aborto legal y seguro en todos los casos de embarazo infantil es de vital importancia.
A fin de prevenir daños a otras niñas como Camila, Perú debería despenalizar el aborto de manera inmediata. Asimismo, Perú debe modificar sus regulaciones relacionadas con el aborto terapéutico para que las niñas puedan acceder al aborto y a la atención posterior al aborto, en consonancia con los principios del interés superior del niño y de no revictimización.
