Esta semana, en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, más de 70 países de todas las regiones del mundo manifestaron su apoyo a los “esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a la educación secundaria completa gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita”.
Luxemburgo y la República Dominicana impulsaron la declaración de apoyo.
Brasil fue aún más lejos, e invitó a “todos los Estados a considerar la adopción de un nuevo instrumento jurídico internacional para reconocer formalmente el derecho de todo niño y niña a al menos un año de educación preescolar y a una educación secundaria pública de calidad que sea inclusiva y gratuita”.
¿Por qué se precisaba una declaración con esas características? Por empezar, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño —el tratado internacional de derechos humanos que ha sido más ampliamente ratificado— no contiene referencias expresas a la educación durante la temprana infancia, y si bien exige que la educación primaria sea gratuita y obligatoria, no obliga de manera explícita a los gobiernos a brindar educación secundaria o preescolar gratuita a todos los niños y niñas. Sin embargo, para que los niños y las niñas alcancen su pleno potencial y progresen en el mundo actual, la educación primaria gratuita sencillamente no es suficiente.
Durante un evento que tuvo lugar el día previo, el ministro de Educación de Sierra Leona, David Moinina Sengeh, explicó en una presentación por video que, en 2018, el país lanzó una iniciativa por medio de la cual se eliminaron las matrículas y los derechos de examen, y que esto incrementó en más de un millón el número de niños y niñas inscriptos en escuelas. Este año, Sierra Leona plasmó en ley esos cambios y garantizó 13 años de educación gratuita, desde el nivel preescolar al secundario.
No solo los gobiernos piden que se fortalezca el derecho internacional en materia de educación gratuita; también activistas y especialistas en derechos humanos, premios Nobel y, a través de una carta abierta del movimiento cívico global Avaaz, más de medio millón de personas en todo el mundo están planteando un reclamo similar.
El análisis de Human Rights Watch sugiere que la forma más eficaz de fortalecer el derecho internacional sobre el derecho a la educación sería adoptando un cuarto protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Lucia Fry, directora de investigación y políticas de Malala Fund, planteó la pregunta retórica de si ampliar el marco jurídico internacional permitiría solucionar todos los problemas.
A ese interrogante, respondió que “no”, pero enumeró tres cosas que sí posibilitaría:
Sería otro pilar en el andamiaje que sostiene la norma global según la cual todos los niños y niñas deben tener una educación. Representaría una señal de respaldo a las niñas que “luchan por abrir las puertas del aprendizaje para todos”. Y sería una herramienta de valor incalculable que podrían usar niños, niñas, padres, activistas y responsables de políticas en la lucha por el derecho a la educación gratuita para todos.
