(Austin, July 20, 2023)—Deben investigarse las denuncias de que migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas, han sido objeto de empujones por parte de funcionarios de Texas, quedando varados bajo un calor sofocante, muchos con lesiones en la piel por el alambre de púas instalado como parte de las estrategias de la Operación Lone Star. La totalidad del financiamiento federal a la operación debe cesar, señaló hoy Human Rights Watch.
En un mensaje de correo electrónico enviado por un médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas describen los acontecimientos ocurridos entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2023 en Eagle Pass, Texas. El correo electrónico, sobre el que informó por primera vez el medio Houston Chronicle el 17 de julio, detalló los incidentes acontecidos el 30 de junio que incluían los siguientes:
- Una niña de 4 años se desmayó como resultado de un golpe de calor después de ser devuelta a empujones a las corrientes del Río Grande por soldados de la Guardia Nacional de Texas. La temperatura era superior a 100 grados Fahrenheit (38 ºC).
- Una mujer de 19 años, que estaba embarazada, quedó atrapada en el alambre de púas instalado por las autoridades de Texas y sufrió un aborto espontáneo.
- Un grupo de unas 120 personas, incluidos niños y niñas pequeños y bebés lactantes, quedaron varados entre el alambre de púas y el río. Un comandante de turno del Departamento de Seguridad Pública indicó a los soldados que, en vez de prestar ayuda, debían decirles a las personas que regresaran a México.
- Un niño de 15 años sufrió una fractura en la pierna cuando un alambre de púas instalado por las autoridades de Texas hizo que se desviara a una parte peligrosa del Río Grande.
“Los acontecimientos en la frontera entre Texas y México son un recordatorio profundamente estremecedor de los impactos letales de la Operación Lone Star”, destacó Bob Libal, consultor para Texas de Human Rights Watch. “Los soldados estatales están empujando deliberadamente a las personas hacia el alambrado de púas, a la posibilidad de que padezcan golpes de calor y a las peligrosas corrientes fluviales; sabiendo que sufrirán, que resultarán heridas y morirán”.
El mensaje de correo electrónico del soldado señala además que el alambre de púas instalado por el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de Texas fue colocado en áreas donde es más fácil cruzar el río, lo que hace que las personas intenten cruces más peligrosos. Cinco personas se ahogaron en esta parte del Río Grande durante la semana que se movilizaron los soldados, según indica el correo electrónico. El Departamento de Seguridad Pública se rehusó a quitar el alambre de púas ante el pedido de un propietario de terrenos después de que la joven de 19 años quedara atrapada en el alambre y sufriera un aborto espontáneo.
La información difundida en los medios indica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre los incidentes. Dada la gravedad del daño que ocasionó la Operación Lone Star, Human Rights Watch renovó su llamado a que cesen todos los fondos federales y de la colaboración con la operación. La legislatura de Texas, que recientemente asignó USD 5100 millones para los próximos dos años de la Operación Lone Star, también debería llevar a cabo audiencias de supervisión que examinen la operación, explicó Human Rights Watch.
Estos incidentes constituyen “devoluciones forzosas” (pushbacks) en la frontera, que el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes definió como “devolver en forma sumaria” a personas migrantes, incluidos solicitantes de asilo, “sin realizar una evaluación individual de sus necesidades de protección de los derechos humanos, al país o territorio …desde donde intentaron cruzar o efectivamente cruzaron una frontera internacional”. Las devoluciones forzosas violan las prohibiciones jurídicas internacionales relativas a las expulsiones colectivas y a la “devolución” (refoulement), es decir, el retorno forzoso de cualquier persona a un lugar donde se enfrentaría a un riesgo real de persecución, tortura u otros daños graves.
El maltrato documentado de migrantes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública de Texas viola el derecho internacional de los derechos humanos y constituye violaciones específicas en lo que respecta a niños y niñas.
Las devoluciones forzosas en la frontera entre Texas y México son los eventos más recientes de la escalada de medidas en el contexto de la Operación Lone Star. Previamente en julio, el gobernador Greg Abbott anunció que el Departamento de Seguridad Pública de Texas instalaría “barreras de boyas” a mitad del Río Grande en Eagle Pass, lo que concitó preocupación entre miembros del Congreso por el riesgo que esto implicaría tanto para los migrantes como para los agentes de la Patrulla Fronteriza. El Gobierno mexicano presentó una queja diplomática en la que planteo que las barreras violan un tratado sobre aguas de 1944 y prevé inspeccionar si las boyas se extienden hasta el lado mexicano del río.
Human Rights Watch ha documentado ampliamente el impacto de la Operación Lone Star, constatando que el programa causa lesiones y muertes, incrementa las acciones basadas en perfiles raciales contra quienes residen en la frontera, viola de manera sistemática los derechos de migrantes y solicitantes de asilo, así como de ciudadanos estadounidenses, y cercena la libertad de asociación y expresión.
Human Rights Watch no tiene conocimiento de evidencias de que la Operación Lone Star haya frenado la migración. En cambio, no ha hecho más que fortalecer a los cárteles delictivos que lucran con el temor acentuado de migrantes y solicitantes de asilo a la posibilidad de ser capturados, sufrir daños y la deportación, y se benefician con que haya menos oportunidades para que las personas soliciten asilo, a pesar de los derechos que les corresponden conforme a la legislación estadounidense. Las ganancias de los cárteles delictivos y las muertes de migrantes aumentan cuando las operaciones de aplicación de la ley obligan a las personas a viajar a través de territorios remotos y letales para ingresar a Estados Unidos.
Hasta la fecha, la Operación Lone Star ha costado a los residentes de Texas al menos USD 4400 millones.
“El Departamento de Justicia debe investigar de manera oportuna y exhaustiva a todas las agencias federales y estatales de aplicación de la ley involucradas en los terribles abusos cometidos en la frontera entre Texas y México, y asegurar que rindan cuentas”, expresó Libal. “La legislatura de Texas debe llevar a cabo audiencias de supervisión en forma inmediata, y los fondos federales así como el apoyo a esta operación letal deben terminar sin demora”.
