(Nueva York) – Desde que tomaron el control de Afganistán el 15 de agosto de 2021, las autoridades talibanes han endurecido sus restricciones extremas sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los medios de comunicación, señaló hoy Human Rights Watch. En los últimos dos años, las autoridades talibanes han denegado a mujeres y niñas sus derechos a la educación, el trabajo, la circulación y la reunión. De igual modo, los talibanes han impuesto una amplia censura a los medios de comunicación y al acceso a la información, y han aumentado las detenciones de periodistas y otros detractores.
Afganistán se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 28 millones de personas –dos tercios de la población— que necesitan ayuda humanitaria urgente. Naciones Unidas ha informado de que cuatro millones de personas sufren desnutrición aguda, entre ellas 3,2 millones de niños y niñas menores de 5 años.
“La población de Afganistán vive una pesadilla humanitaria y de derechos humanos bajo el régimen talibán”, afirmó Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights Watch. “Los dirigentes talibanes deben cesar urgentemente sus normas y políticas abusivas, y la comunidad internacional debe exigir que rindan cuentas por las crisis actuales”.
Junto con décadas de guerra, fenómenos meteorológicos extremos y un desempleo generalizado, las principales causas de la inseguridad alimentaria, desde la toma del poder por los talibanes, han sido las duras restricciones impuestas a los derechos de las mujeres y las niñas. El resultado ha sido la pérdida de muchos puestos de trabajo, en particular el despido de muchas mujeres de sus empleos y la prohibición de que trabajen para organizaciones humanitarias, salvo en zonas limitadas. A las mujeres y niñas se les niega el acceso a la educación secundaria y superior.
El 24 de diciembre de 2022, los talibanes anunciaron la prohibición de que las mujeres trabajaran con todas las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, incluida la ONU, con excepciones para la sanidad, la nutrición y la educación. Esto ha perjudicado gravemente los medios de subsistencia de las mujeres, ya que es imposible determinar si están recibiendo ayuda si no participan en los procesos de distribución y supervisión. La crisis ha perjudicado de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas, que ya de por sí tienen más dificultades para acceder a los alimentos, la atención sanitaria y la vivienda.
“Las políticas misóginas de los talibanes muestran un total desprecio por los derechos fundamentales de las mujeres”, afirmó Abbasi. “Sus políticas y restricciones no solo perjudican a las mujeres afganas activistas y defensoras de los derechos, sino también a las mujeres comunes y corrientes que intentan llevar una vida normal".
Los países donantes deben encontrar formas de mitigar la actual crisis humanitaria sin reforzar las políticas represivas de los talibanes contra las mujeres, señaló Human Rights Watch.
Las severas restricciones impuestas por los talibanes a los medios de comunicación locales, incluido el bloqueo de las emisiones de los medios internacionales, han obstaculizado el acceso a la información en Afganistán. Nadie dentro del país puede difundir información crítica sin temor a ser detenido y encarcelado arbitrariamente.
Las fuerzas de seguridad talibanes han llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias de ex agentes de seguridad y miembros o simpatizantes de grupos armados de resistencia. Desde la toma del poder por los talibanes, el grupo armado islamista Estado Islámico de la Provincia de Jorasán, filial afgana del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), ha perpetrado numerosos atentados contra escuelas y mezquitas, dirigidos en su mayoría contra chiíes de etnia hazara, que reciben escasa protección de seguridad o acceso a atención médica y otro tipo de asistencia.
Miles de afganos que habían huido del país permanecen en el limbo en terceros países, como Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Turquía, en muchos casos en condiciones terribles. Los gobiernos comprometidos con Afganistán tienen la responsabilidad de garantizar que los afganos en riesgo de sufrir persecución o daños tengan un acceso significativo a vías legales y de seguridad. Los Gobiernos deben cumplir sus compromisos y reasentar a estos grupos de riesgo lo antes posible, señaló Human Rights Watch.
“La respuesta de los talibanes a la abrumadora crisis humanitaria de Afganistán ha sido aplastar aún más los derechos de las mujeres y cualquier disidencia”, señaló Abbasi. “Los Gobiernos que entablen relaciones con los talibanes deberían presionarles para que den marcha atrás de inmediato y restablezcan los derechos fundamentales de todos los afganos, al mismo tiempo que proporcionan asistencia vital a la población afgana”.
