Estimado Sr. Presidente,
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de Human Rights Watch, en relación con las elecciones de octubre para miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período 2024-2026. Como candidato, es crucial que Brasil demuestre una defensa implacable, de principios y coherente de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.
Al establecer el Consejo en 2006, la Asamblea General dispuso que los miembros del Consejo “defenderán los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperarán plenamente con el Consejo”[1]. Las promesas voluntarias y compromisos de Brasil para las próximas elecciones al Consejo incluyen “fortalecer y mejorar el sistema internacional de derechos humanos y el CDH de forma integral y global, basándose en sus principios fundacionales”, entre los que se encuentran los mencionados anteriormente.
Desde que asumió el cargo en enero de 2023, su gobierno ha adoptado una postura firme en materia de derechos humanos en política exterior; por ejemplo, denunciando la incompatibilidad entre la democracia y el racismo, defendiendo el derecho a la educación primaria y secundaria gratuitas, y comprometiéndose a promover los derechos de la mujer en el Consejo. También ha elevado a la agenda mundial cuestiones de la pobreza y el hambre y la protección del medio ambiente.
Al mismo tiempo, esperábamos que usted hubiera aprovechado sus recientes interacciones con las autoridades chinas y la renovación de los lazos diplomáticos con el gobierno de Venezuela para condenar los graves abusos contra los derechos humanos que están produciendo esos gobiernos y para promover que no se repitan. Dado que usted también ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por liderar conversaciones de paz para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, también esperábamos que hubiera incluido en el centro de sus llamamientos la necesidad de que hubiera rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos en Ucrania y que hubiera criticado la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de enviar municiones de racimo a Ucrania, una medida que no contribuye a la paz y que podría poner en peligro la vida de más civiles ucranianos en los próximos años.
Quisiéramos animar a su gobierno a que garantice que Brasil desempeñe un papel más importante en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo, tal y como le encomienda su propia constitución, abordando las violaciones de derechos humanos de una forma coherente, independientemente de la ideología de cualquier gobierno en particular y de intereses geopolíticos, y sobre la base de los principios de universalidad e imparcialidad, que Brasil destaca en sus promesas y compromisos voluntarios.
En este sentido, nos gustaría llamar su atención sobre los Criterios Objetivos desarrollados por un grupo interregional de países para “ayudar [al Consejo de Derechos Humanos] a decidir, de forma objetiva y no selectiva, cuándo el Consejo debería comprometerse de forma útil con un Estado en cuestión, para prevenir, responder o abordar violaciones y para ayudar en la desescalada de una situación preocupante”. Los Criterios Objetivos se expusieron en una declaración ante el CDH en 2016 presentada por Irlanda y son una herramienta útil para evaluar cuándo debe actuar el CDH en la situación de un país.
Entendemos que Brasil se encuentra en una posición única para utilizar su puesto en el Consejo, si resulta elegido, para influir en otros países—especialmente en sus vecinos latinoamericanos y en los países que son miembros de los BRICS o aspiran a serlo—para que asuman compromisos concretos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, su gobierno podría pedir públicamente el establecimiento de una investigación independiente respaldada por la ONU sobre los asesinatos y abusos cometidos por guardias fronterizos saudíes contra cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí. También podría, como en el pasado, ser una voz de liderazgo para presionar a las autoridades iraníes para que cambien de rumbo en su implacable represión de la disidencia pacífica. Y podría comprometerse a trabajar con otros Estados de todos los grupos regionales para dar seguimiento al contundente informe de la ONU sobre Xinjiang (China), que concluyó que el gobierno chino ha cometido abusos contra los derechos humanos que pueden constituir crímenes contra la humanidad.
En su reaparición en el escenario mundial de los derechos humanos, Brasil debería tomar medidas inequívocas para deshacer una política exterior equivocada y abandonar el doble rasero en materia de derechos humanos. En la región, como en el mundo, su administración debería trabajar con las organizaciones locales e internacionales de la sociedad civil para promover la seguridad, la justicia y la igualdad para todos.
Por ello, nos gustaría llamar su atención sobre preocupaciones clave en materia de derechos humanos en las que creemos que Brasil podría incidir positivamente. Adjuntamos un documento con recomendaciones sobre situaciones temáticas y específicas de cada país que le instamos a considerar no sólo si resulta elegido para el Consejo, sino a través de una diplomacia bilateral y multilateral activa y de esfuerzos en materia de justicia internacional.
Aunque no se trata de un análisis exhaustivo, el documento adjunto destaca el papel clave que puede desempeñar Brasil en el avance de la justicia internacional, la lucha contra el racismo sistémico en la aplicación de la ley, el fortalecimiento del derecho a la educación y la protección de los derechos de los migrantes. El documento también resalta los abusos en América Latina y el Caribe, incluida la represión de críticos y disidentes en Venezuela, Nicaragua y Cuba; el debilitamiento de las instituciones democráticas en El Salvador; la crisis política y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Perú; y la crisis política, humanitaria y de seguridad en Haití.
Por último, aborda los crímenes contra la humanidad del apartheid y persecución cometidos contra los palestinos por parte de las autoridades israelíes; la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania y las violaciones del derecho internacional humanitario; la violenta represión de las protestas en Irán; y el control abusivo del gobierno chino en Xinjiang y Tíbet, así como la persecución cultural y la detención arbitraria de uigures y otros musulmanes túrquicos.
Nuestras recomendaciones incluyen que Brasil:
- Lidere una iniciativa para establecer un mecanismo a cargo de monitorear violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras, tal y como lo han solicitado organizaciones de la sociedad civil y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
- Se una al core group de Estados miembros para liderar y apoyar el desarrollo de un cuarto protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que garantice una educación preescolar y secundaria gratuitas, de calidad, inclusivas y públicas.
- Apoye todas las iniciativas del Consejo de Derechos Humanos para aumentar las capacidades del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER).
- Adopte una postura inequívoca contra las amenazas o ataques a la Corte Penal Internacional (CPI), a sus funcionarios y a las personas que cooperan con la Corte.
- Condene inequívocamente la represión contra manifestantes y críticos en Cuba, pida al gobierno que libere a todos los detenidos arbitrariamente e impulse una transición a la democracia en el país.
- Llame la atención sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de El Salvador durante las reuniones y debates del Consejo de Derechos Humanos.
- Garantice que cualquier despliegue consensuado de una fuerza multinacional en Haití cuente con mecanismos sólidos de supervisión y rendición de cuentas, cumpla las normas de derechos humanos y forme parte de una respuesta multifacética que incluya el establecimiento de un gobierno de transición.
- En cooperación con otros gobiernos democráticos, establezca un “Grupo de Amigos” para coordinar una respuesta de alto nivel a la crisis de los derechos humanos en Nicaragua e impulsar una transición a la democracia.
- Pida al gobierno de Perú que invite a un grupo interdisciplinario de expertos internacionales para que apoyen las investigaciones penales en curso sobre los asesinatos de manifestantes e informen sobre las causas de la crisis.
- Apoye activamente todos los esfuerzos de rendición de cuentas sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, incluyendo el apoyo a la Misión de Investigación de la ONU.
- Apoye los esfuerzos del Consejo para hacer un seguimiento del histórico informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre Xinjiang, que concluye que las autoridades chinas pueden haber cometido crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras comunidades musulmanas.
- Resalte en declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos, en una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, antes del plazo de presentación el 25 de octubre, y en otros foros la comisión por parte de las autoridades de Israel de crímenes de apartheid y persecución.
- Apoye a la Misión de Investigación de la ONU sobre Irán y plantee sistemáticamente graves preocupaciones en materia de derechos humanos en las reuniones y negociaciones bilaterales durante el proceso de adhesión de Irán a los BRICS, en particular el continuo encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, de la mujer, de derechos laborales y del medioambiente, así como de periodistas.
- Mientras se siguen cometiendo de forma generalizada aparentes crímenes de guerra en Ucrania, apoye la prórroga anual de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, creada para investigar los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos en el contexto de la invasión a gran escala por parte de Rusia.
Brasil no necesita esperar para ayudar a abordar las violaciones de los derechos humanos a medida que se producen. Si actúa de forma no selectiva y se considera que actúa por principios y no por política, estas acciones no harán sino mejorar su candidatura.
Apreciamos su consideración de las cuestiones enumeradas en esta carta y agradeceríamos su respuesta a estas recomendaciones.
Atentamente,
Juanita Goebertus
Directora para las Américas de Human Rights Watch
María Laura Canineu
Directora para Brasil de Human Rights Watch
Recomendaciones de Human Rights Watch:
Candidatura de Brasil al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
2. PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
JUSTICIA INTERNACIONAL
Brasil tiene un papel esencial que desempeñar en el apoyo a la justicia para los graves crímenes internacionales como parte de una política exterior basada en los principios de los derechos humanos.
Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), Brasil puede aumentar su liderazgo en materia de justicia promoviendo un apoyo político y práctico continuado a la corte. Un área clave es garantizar que la corte disponga de los recursos financieros adecuados para apoyar su mandato en todas las situaciones, evitando enfoques selectivos que puedan reforzar el doble rasero en el acceso de las víctimas a la justicia. Brasil debe cooperar en las investigaciones del tribunal y aprovechar todas las oportunidades multilaterales y bilaterales disponibles para pedir a otros gobiernos que cooperen con el tribunal. Con respecto a los países a los que se hace referencia en esta carta, esto incluye las importantes investigaciones de la CPI en Palestina, Ucrania y Venezuela.
El apoyo a la justicia internacional, por supuesto, va más allá del apoyo a la CPI. Como cuestión de derecho interno, Brasil debe implementar plenamente el Estatuto de Roma y adoptar las medidas necesarias para investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, incluso mediante el principio de jurisdicción universal, tal y como se contempla en la legislación nacional.
Recomendaciones:
- Maximizar todas las oportunidades para defender los principios consagrados en el Estatuto de Roma y adoptar una postura inequívoca contra las amenazas o ataques a la CPI, sus funcionarios y las personas que cooperan con la Corte.
- Asegurarse de cumplir con cada solicitud de cooperación de la CPI y pedir a otros Estados que cooperen con el tribunal.
- Adoptar una postura activa contra el doble rasero y los enfoques selectivos en la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos, garantizando que todas las víctimas puedan acceder a recursos judiciales, incluso mediante el apoyo para reforzar los recursos financieros de la CPI.
- Aplicar su legislación nacional en materia de jurisdicción universal.
JUSTICIA RACIAL E IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
En 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución histórica presentada por el Grupo de Estados Africanos para crear el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER). Sus tres expertos tienen la misión de investigar las causas profundas del racismo sistémico, en particular en las fuerzas de seguridad, así como las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo, la actuación policial discriminatoria y otras violaciones de los derechos humanos contra los africanos y los afrodescendientes en todo el mundo.
Las investigaciones llevadas a cabo por el nuevo grupo de expertos deberían promover la rendición de cuentas y crear presión para la aplicación de medidas de justicia racial en materia de salud, vivienda, empleo y educación, así como reparaciones que estén debidamente adaptadas a las víctimas. Hasta ahora, el Mecanismo ha emitido recomendaciones sobre los datos desglosados por raza u origen étnico como elemento clave para impulsar y evaluar las respuestas al racismo sistémico en los ámbitos de la aplicación de la ley y el sistema de justicia penal; ha formulado importantes recomendaciones sobre el actual esquema legislativo y normativo que regula la discriminación racial en Suecia; y está preparando un informe sobre su visita a Estados Unidos.
Saludamos la invitación de Brasil al Mecanismo para llevar a cabo una misión de investigación en el país en noviembre de 2023, tras el llamado para que realice esta invitación por parte de 120 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch. Los abusos policiales son un problema crónico que afecta de forma desproporcionada a los afrodescendientes en Brasil. En 2022, la policía mató a más de 6.400 personas, el 83% de las cuales eran negras. Human Rights Watch ha documentado graves intentos de encubrimiento, así como falencias a la hora de investigar adecuadamente los casos de abusos, lo cual se traduce en una impunidad generalizada.
La adopción de medidas decisivas para poner fin a la violencia policial debería ser una prioridad absoluta para el gobierno brasileño.
Recomendaciones
- Apoyar todas las iniciativas del Consejo de Derechos Humanos para aumentar la capacidad del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER) para llevar a cabo sus actividades y apoyar la renovación de su mandato, que expira en junio de 2024.
- Cooperar plenamente con el EMLER en su visita a Brasil en noviembre de 2023 y acompañar activamente los esfuerzos de seguimiento de la visita, incluso mediante la aplicación de las recomendaciones del Mecanismo.
DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
En junio de 2023, Human Rights Watch se unió a más de 200 organizaciones para instar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un mecanismo de monitoreo independiente en y cerca de las fronteras. Las políticas y prácticas de gobernanza de la migración en todo el mundo han provocado muertes, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales. El Consejo de Derechos Humanos debe tomar medidas oportunas y establecer un mecanismo de vigilancia internacional independiente para investigar estas violaciones, incluidas las causas profundas de las violaciones en la gobernanza de la migración internacional, y contribuir a la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas y sus familias.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos registró 55.980 muertes reportadas de migrantes y refugiados en todo el mundo desde 2014 hasta mayo de 2023. En general se estima que esta cifra cuenta con un subregistro importante. En algunas regiones, las muertes de migrantes han alcanzado cifras récord y a menudo, estas muertes no se investigan eficazmente.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes ha planteado en repetidas ocasiones su grave preocupación por las tácticas abusivas y violentas de gobernanza fronteriza, que incluyen medidas de estado de emergencia, la legitimación de prácticas de “devolución en caliente” y “retención” en la legislación y órdenes gubernamentales, operaciones estatales inadecuadas de búsqueda y rescate y obstáculos impuestos a las operaciones no estatales de búsqueda y rescate. Según el anterior Relator Especial de la ONU sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, muchas de las políticas migratorias que contribuyen a las muertes y otras violaciones graves de los derechos de los refugiados y los migrantes afectan de forma desproporcionada a las personas de determinados grupos de origen nacional, étnico, racial y religioso. En muchos casos, estas políticas implican o se basan en el racismo estructural.
En la sesión 53º del Consejo de Derechos Humanos, México presentó una Resolución sobre la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos en tránsito, la cual fue adoptada por consenso. El principal resultado de la resolución es el panel que tendrá lugar entre las sesiones de marzo y junio del próximo año. Lamentablemente, el Consejo no estableció un mecanismo internacional para vigilar los abusos en las fronteras, como lo solicitaron organizaciones de la sociedad civil y el Relator Especial sobre los Derechos de los Migrantes. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha solicitado un monitoreo de las fronteras.
Recomendaciones
- Liderar una iniciativa para establecer un mecanismo de monitoreo de los abusos cometidos en fronteras, tal y como solicitaron organizaciones de la sociedad civil y el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en la sesión 53º del Consejo de Derechos Humanos.
- Crear y promover normas de derecho internacional e interno para las personas que no cumplen con los requisitos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero que se enfrentarían a una grave amenaza para su vida o su integridad física si fueran devueltas a su país debido a un riesgo real de violencia o a situaciones excepcionales, incluidas las derivadas de los efectos del cambio climático, para las que no existe un recurso interno adecuado.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
El derecho a la educación, tal y como se define en los tratados internacionales de derechos humanos, ya no es suficiente para garantizar que los niños prosperen en el mundo actual. La Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, garantiza a los niños la educación primaria gratuita y obligatoria, pero no se pronuncia sobre la educación en la primera infancia y no garantiza a los niños el derecho inmediato a la educación secundaria gratuita. Brasil se encuentra en una posición valiosa para defender una nueva iniciativa para crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante, como un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refuerce el derecho a la educación al reconocer explícitamente el derecho de todo niño a al menos un año de educación preescolar gratuita y a la educación secundaria gratuita.
La constitución y la legislación nacional de Brasil ya constituyen un excelente ejemplo al garantizar la educación gratuita y obligatoria para todos los niños, incluidos dos años de educación preescolar gratuita y obligatoria y 12 años de educación primaria y secundaria pública, gratuita y obligatoria. Aunque las promesas voluntarias de Brasil sólo mencionan brevemente el derecho a la educación, saludamos la declaración de la Sesión 53º del Consejo de Derechos Humanos de invitar a todos los estados a considerar el nuevo instrumento legal internacional para ampliar el derecho de todos los niños a la educación. Esperamos que Brasil siga defendiendo y apoyando los esfuerzos para reforzar el derecho internacional sobre el derecho a la educación.
Además, Brasil puede mantener su destacado papel en la salvaguarda de la educación durante los conflictos armados. Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Brasil ha abogado firmemente contra los ataques y el uso militar de las escuelas en zonas de conflicto. Brasil también demostró su compromiso respaldando la Declaración sobre Escuelas Seguras en mayo de 2015. Como el último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación ha subrayado los efectos perjudiciales de tales ataques sobre el derecho a la educación y la vida de los educandos, existe una necesidad urgente de seguir reforzando la protección de los estudiantes, los profesores y las instalaciones educativas en los conflictos armadso.
Recomendaciones
- Unirse al core group de Estados miembros para liderar y apoyar el desarrollo de un cuarto protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que garantice una educación preescolar y secundaria gratuitas, de calidad, inclusivas y públicas.
- Defender sistemáticamente que se aborden los ataques a la educación dentro de la agenda del Consejo de Derechos Humanos (CDH), así como en la presentación de informes y el seguimiento a través de los mecanismos específicos de cada país del CDH.
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CUBA
El gobierno de Cuba sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública, mientras los cubanos sufren una grave crisis económica que afecta sus derechos fundamentales.
Las autoridades respondieron con una represión y una censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a la calle en julio de 2021 para protestar por la respuesta de Covid-19, la escasez de alimentos y medicinas y las restricciones de larga data a derechos y libertades en el país. Los juicios contra cientos de estos manifestantes en 2022 a menudo violaron garantías básicas de debido proceso y resultaron en penas de prisión desproporcionadas.
Han continuado las manifestaciones en todo el país, provocadas por los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida.
En agosto de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que los cubanos sufrían un “colapso del sistema sanitario público” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”.
La represión del gobierno y su aparente falta de voluntad para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles han obligado a los cubanos a abandonar el país en cifras sin precedentes. Entre enero de 2020 y abril de 2023, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a más de 380.000 cubanos, una cifra que representa casi el 3,5% de la población cubana. La Guardia Costera de EE.UU. ha interceptado a más de 6.500 cubanos en el mar desde octubre de 2022, un aumento dramático comparado con las 800 personas interceptadas entre octubre de 2021 y octubre de 2022.
Los esfuerzos del gobierno estadounidense por presionar por un cambio de régimen mediante la imposición de un embargo económico han demostrado ser un fracaso costoso y errado. El embargo impone consecuencias indiscriminadas a la población cubana en su conjunto y no ha hecho nada por mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, lo que ha permitido al gobierno obtener simpatías en el extranjero.
Recomendaciones:
- Llamar la atención sobre la situación en Cuba y plantear sus preocupaciones en materia de derechos humanos durante las reuniones y debates del Consejo de Derechos Humanos, incluso durante los Diálogos Interactivos con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales pertinentes o en sus declaraciones en relación con el ítem 4.
- Garantizar un enfoque multilateral y coordinado hacia Cuba que dé prioridad a los derechos humanos e impulse una transición hacia la democracia en el país.
- Condenar inequívocamente la represión contra manifestantes y críticos en Cuba y pedir al gobierno cubano que libere a todos los detenidos arbitrariamente.
- Expresar públicamente su apoyo a los derechos de los manifestantes, periodistas y activistas cubanos.
- Seguir criticando el embargo estadounidense a Cuba e instar a la administración Biden a desmantelar progresivamente la política de aislamiento hacia Cuba, sustituyendo el embargo y las actuales prohibiciones de viajar y comerciar con Cuba por formas de presión más eficaces.
EL SALVADOR
Desde que asumió el cargo en 2019, el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones democráticas a un ritmo alarmante y ha creado un entorno hostil para los medios de comunicación independientes y los grupos de la sociedad civil. Los legisladores progubernamentales, que obtuvieron la mayoría de dos tercios en el Congreso en 2021, han erosionado la independencia judicial, restringido la transparencia y la rendición de cuentas, y como parte de una “guerra contra las pandillas” suspendido los derechos al debido proceso establecidos en la constitución.
Los aliados del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa destituyeron y sustituyeron sumariamente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, así como al Fiscal General, y aprobaron leyes que permiten a la Corte Suprema y al Fiscal General trasladar o destituir arbitrariamente a jueces y fiscales. En la actualidad, prácticamente no existen órganos de gobierno independientes que puedan servir de control al poder ejecutivo o garantizar la reparación de las víctimas de abusos.
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa adoptó un régimen de excepción en respuesta a un repunte de la violencia de las pandillas. La ley suspendió los derechos constitucionales, incluidas algunas protecciones básicas del debido proceso. La Asamblea Legislativa también aprobó una serie de medidas propuestas por el presidente Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas que permiten a los jueces encarcelar a niños de tan sólo 12 años, restringen la libertad de expresión, permiten los juicios colectivos y amplían peligrosamente el uso de la detención preventiva y la legislación antiterrorista.
Durante el último año y medio, policías y soldados han llevado a cabo cientos de redadas indiscriminadas, sobre todo en barrios de bajos ingresos, deteniendo a más de 72.000 personas, incluyendo cientos de niños. El estado de emergencia se ha prorrogado 17 veces y sigue vigente.
En un informe publicado en diciembre de 2022, basado en más de 1.100 entrevistas con personas de los 14 estados de El Salvador, Human Rights Watch y la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal documentaron violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas durante el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros maltratos a detenidos, y violaciones masivas del debido proceso. Cientos de personas detenidas no tenían relación con la actividad abusiva de las pandillas. Cristosal también ha reportado que 174 personas murieron bajo custodia, en circunstancias que en muchos casos sugieren la responsabilidad del Estado. Nuestras investigaciones indican que las violaciones de los derechos humanos no son incidentes aislados cometidos por agentes abusivos. Más bien, hubo violaciones similares que se llevaron a cabo repetidamente y en todo el país, a lo largo de un periodo de varios meses, tanto por parte de la Fuerza Armada como de la policía.
Hasta la fecha, las autoridades salvadoreñas no han informado de ningún avance significativo en la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción. El presidente Bukele ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y ha intentado intimidar a los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar las violaciones. También ha utilizado una retórica hostil contra la prensa independiente y la sociedad civil, tachándolas de “defensoras de pandillas”.
Recomendaciones
- Llamar la atención sobre la situación en El Salvador y plantear preocupaciones en materia de derechos humanos durante las reuniones y debates del Consejo de Derechos Humanos, incluso durante los Diálogos Interactivos con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales pertinentes.
- Oponerse pública y privadamente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
- Presionar a las autoridades salvadoreñas, de forma multilateral e idealmente en coordinación con otros Estados latinoamericanos y europeos, para que garanticen el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
- Instar al gobierno de El salvador a que adopte una política de seguridad eficaz y respetuosa con los derechos para desmantelar las pandillas y proteger a la población de sus abusos.
- Presionar a las autoridades salvadoreñas para que restablezcan la independencia judicial, incluso mediante la realización de procesos independientes, justos y transparentes para la selección de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general y la derogación de las leyes que socavan la independencia judicial.
HAITÍ
Haití se enfrenta a una profunda crisis política, humanitaria y de seguridad. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 agravó la crisis constitucional de Haití. El Parlamento ha dejado de funcionar y el sistema judicial se enfrenta a enormes dificultades a su funcionamiento. El repunte de la violencia por parte de grupos criminales con presuntos vínculos con la policía y los políticos, prisiones gravemente superpobladas y la impunidad generalizada siguen siendo graves preocupaciones. Un brote de cólera ha causado decenas de miles de casos sospechados y cientos de muertes desde octubre de 2022. Desde enero de 2021, la República Dominicana, Estados Unidos y otros países han devuelto a decenas de miles de personas a Haití, donde corren el riesgo de sufrir violencia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado dos importantes informes sobre Haití durante el año pasado, en los que se formulaban una serie de recomendaciones a las autoridades haitianas y a otros actores[2]. El 4 de abril de 2023, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución, presentada por la delegación de Haití, en la que solicitó al Alto Comisionado la creación de un experto independiente en derechos humanos y pidió a su Oficina que presentara nuevos informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití en los períodos de sesiones 54º y 55º del Consejo de Derechos Humanos.
El Consejo de Seguridad de la ONU está considerando opciones para el despliegue de una fuerza multinacional consensuada que ayude a la policía haitiana a restablecer la seguridad. Esto podría ser una parte importante de la solución, pero es probable que sólo sea eficaz con un nuevo gobierno de transición, y como parte de una respuesta multifacética con fuertes salvaguardas de los derechos humanos.
Recomendaciones:
- Apoyar, incluso con recursos técnicos y financieros, la facilitación del establecimiento de un gobierno de transición que restablezca la seguridad básica y garantice la observancia de los derechos humanos fundamentales, restablezca un Estado de derecho que respete los derechos y proporcione acceso a las necesidades básicas a todos los haitianos, hasta la formación de un gobierno regular sobre la base de elecciones democráticas.
- Pedir que cualquier despliegue consensuado de una fuerza internacional se base en protocolos claros de derechos humanos, cuente con una financiación adecuada y mecanismos de supervisión sólidos, y se complemente con medidas contundentes para garantizar la rendición de cuentas, frenar el flujo de armas y municiones hacia los grupos delictivos violentos, y proporcionar ayuda humanitaria y otros servicios básicos, educación y puestos de trabajo en las zonas más afectadas por los grupos criminales violentos.
- Apoyar la prestación continua de una mayor capacitación y asistencia técnica a Haití por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), así como el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la OACDH y otros expertos independientes en derechos humanos, incluso en el Consejo de Derechos Humanos.
NICARAGUA
La crisis de derechos humanos en Nicaragua, que comenzó con la represión de las protestas en abril de 2018, se está deteriorando aún más.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha atacado a todos los segmentos de la sociedad en un intento de permanecer en poder indefinidamente. Hasta julio de 2023, 68 personas percibidas como críticos del gobierno permanecían en detención, según grupos locales de derechos humanos. Entre ellos se encuentra el obispo Rolando Álvarez, un líder religioso conocido por defender a víctimas del gobierno. El trato que recibe el obispo Álvarez, condenado a más de 20 años de prisión por cargos espurios, ejemplifica los numerosos casos de persecución de la Iglesia católica.
El 9 de febrero de 2023, el gobierno liberó a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos, tachándolos de “traidores”, despojándolos de su nacionalidad y confiscando sus bienes. Muchos habían sido detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en medio de una oleada de represión contra críticos del gobierno, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, empresarios, líderes campesinos y candidatos presidenciales. El gobierno también retiró la nacionalidad a otros 95 críticos del gobierno.
Un informe publicado a principios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua encontró motivos razonables para concluir que las autoridades han cometido crímenes contra la humanidad, como asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.
El gobierno también ha restringido drásticamente el espacio cívico, aplicando una legislación represiva para cancelar el estatus legal de más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Nicaragüense. No se ha permitido la entrada al país de ningún observador internacional desde que el gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a finales de 2018.
Los abusos cometidos por la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales durante una brutal represión en 2018 que dejó más de 300 manifestantes y transeúntes muertos siguen impunes.
Recomendaciones
- Pedir al gobierno de Nicaragua que cumpla con la resolución A/HRC/52/2 del Consejo de Derechos Humanos del 27 de marzo de 2023 y monitorear su cumplimiento. La resolución insta al gobierno a “cesar inmediatamente el uso de arrestos y detenciones arbitrarias, así como de amenazas y otras formas de intimidación o medidas alternativas de detención, como medio para reprimir la disidencia, a liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos”, y a “adoptar medidas eficaces para garantizar la independencia, transparencia e imparcialidad del sistema de justicia”.
- En cooperación con otros gobiernos democráticos de América Latina y la Unión Europea, establecer un “Grupo de Amigos” para coordinar una respuesta de alto nivel a la crisis de derechos humanos en Nicaragua e impulsar una transición a la democracia, tal y como lo han solicitado 180 víctimas nicaragüenses y 29 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
- Presionar al gobierno de Ortega para que autorice a los organismos internacionales de derechos humanos que fueron expulsados en 2018 —la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)— a volver a entrar en Nicaragua para supervisar las condiciones de los derechos humanos en el país y para que coopere plenamente con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, incluso permitiendo visitas al país.
- Como Estado Parte en la Convención contra la Tortura de 1984 y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ejercer la jurisdicción penal, en la medida en que lo permita el derecho interno, sobre cualquier funcionario nicaragüense responsable de tortura, de conformidad con el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
PERÚ
En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y asumir el poder judicial, en medio de graves acusaciones de corrupción en su contra. El Congreso le destituyó y la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en presidenta.
Miles de manifestantes —en su mayoría trabajadores rurales e indígenas que sufren marginación y un acceso desigual a los servicios gubernamentales— salieron a la calle para pedir elecciones anticipadas y otras reivindicaciones. Algunos manifestantes cometieron graves actos de violencia. El ejército y la policía respondieron de forma indiscriminada, desproporcionada y brutal.
Un informe de Human Rights Watch de abril de 2023 documentó el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso y abusos contra los detenidos, falencias en las investigaciones penales, y la arraigada crisis política y social del país que está erosionando el Estado de derecho y los derechos humanos en Perú. Cuarenta y nueve personas, entre ellos 8 niños, murieron, la gran mayoría por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas durante las protestas, incluidos agentes de policía.
Recomendaciones
- Llamar la atención sobre la muerte de manifestantes en Perú y plantear sus preocupaciones en materia de derechos humanos durante las reuniones y debates del Consejo de Derechos Humanos, en particular, durante los Diálogos Interactivos con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales pertinentes.
- Pedir al gobierno de Perú que invite a un grupo interdisciplinario de expertos internacionales para que apoyen las investigaciones penales en curso sobre los asesinatos de manifestantes, e informen sobre las causas de la crisis y las consiguientes violaciones de derechos humanos.
- Expresar pública y privadamente su preocupación por los esfuerzos del Congreso para socavar y cooptar las instituciones democráticas, los ataques a las autoridades electorales y la corrupción generalizada.
- Instar al gobierno y al Congreso de Perú a que adopten medidas concretas para garantizar que las fuerzas de seguridad respeten las leyes en el futuro y para recuperar la confianza de la población, abordando la corrupción y las profundas desigualdades en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y protegiendo la independencia de las instituciones democráticas.
VENEZUELA
Mientras Brasil restablece los lazos diplomáticos con el gobierno de Maduro, debería tomar medidas para garantizar que ese reconocimiento contribuya a lograr avances en materia de derechos humanos, incluidas elecciones libres y justas, la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos y asistencia humanitaria.
Venezuela se enfrenta a una grave emergencia humanitaria, con 19 millones de personas con necesidad de ayuda, según HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que supervisa la emergencia humanitaria. Muchos no pueden acceder a la atención sanitaria básica, ni a unos niveles mínimos de nutrición. Más de 7,3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, alrededor del 80% de ellos a otros países latinoamericanos, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. Según los últimos datos disponibles, unos 487.700 venezolanos, incluidos más de 53.300 refugiados, viven en Brasil.
Nos decepcionó que, tras reunirse con el presidente Nicolás Maduro en mayo, el presidente Lula dijera que allí existe una democracia y describiera el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela como una “narrativa construida”. Durante casi veinte años, Human Rights Watch ha documentado cómo las autoridades venezolanas destruyeron progresivamente la independencia judicial y la integridad electoral, y posteriormente utilizaron su poder sin control para llevar a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo torturas, asesinatos y persecución arbitraria de opositores políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente hay más de 280 presos políticos en el país, según la ONG venezolana Foro Penal.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM) de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha llegado a la conclusión de que existen “motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas cometieron crímenes de lesa humanidad”, como asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad en el país.
Estamos muy preocupados por los recientes esfuerzos de la Asamblea Nacional de Venezuela para llevar a cabo un proceso controlado por el gobierno para designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, lo que podría socavar aún más la posibilidad de elecciones presidenciales libres y justas en 2024 y elecciones legislativas y regionales en 2025.
Recomendaciones
- Apoyar activamente todos los esfuerzos de rendición de cuentas sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, incluso respaldando la misión de determinación de los hechos (FFM) y, si procede, apoyando los esfuerzos para ampliar su mandato cuando deba renovarse en septiembre de 2024.
- Instar al gobierno de Venezuela a que permita a la FFM visitar el país para llevar a cabo sus investigaciones de acuerdo con su mandato, incluyendo la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura.
- Apoyar los esfuerzos para establecer un fondo humanitario administrado por la ONU, acordado en noviembre de 2022 durante las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición.
- Instar pública y privadamente al gobierno de Venezuela a que cumpla las recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE de 2021, permita una nueva observación electoral en las elecciones de 2024 y 2025, asegure una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral y garantice que los líderes de la oposición no sean excluidos arbitrariamente.
CHINA
El gobierno autoritario de China bajo la presidencia de Xi Jinping, que inició un tercer mandato sin precedentes en 2022, y el Partido Comunista Chino reprimen sistemáticamente los derechos fundamentales. Las autoridades han detenido arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, han reforzado el control sobre la sociedad civil, los medios de comunicación e Internet y han desplegado una tecnología invasiva de vigilancia masiva. El gobierno impone un control especialmente férreo en Xinjiang y el Tíbet. La persecución cultural de las autoridades y la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos desde 2017 constituyen crímenes contra la humanidad.
En Hong Kong, el gobierno impuso una legislación draconiana de seguridad nacional en 2020 y desmanteló sistemáticamente las libertades de la ciudad. El gobierno obstaculizó los esfuerzos internacionales para investigar los orígenes de Covid-19, amordazó a los críticos en el extranjero y socavó las instituciones mundiales de derechos humanos. Personas de toda China y de la diáspora salieron a la calle a finales de 2022 para exigir derechos humanos y democracia en China.
En octubre de 2022, con una dramática votación de 19 a 17, el Consejo de Derechos Humanos estuvo a punto de conseguir un debate sobre el condenatorio informe de la OACDH que concluía que los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno de China pueden equivaler a crímenes contra la humanidad en Xinjiang. Nos decepcionó que Brasil se abstuviera en ese proyecto de decisión, apoyado por países de la región, que se limitaba a tomar nota del informe y a convocar un debate sobre la situación. Si se presenta una futura iniciativa, esperamos que Brasil esté en condiciones de apoyarla, para enviar un mensaje claro al gobierno de China de que no condona tales abusos, y un mensaje de solidaridad a las víctimas, a los supervivientes y a los seres queridos de los cientos de miles de personas que están detenidas arbitrariamente o desaparecidas. Es importante dejar claro que ningún Estado, por poderoso que sea, está por encima del derecho internacional.
Recomendaciones
- Apoyar los esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento del informe histórico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) sobre Xinjiang, que concluye que las autoridades chinas pueden haber cometido crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras comunidades musulmanas, incluidos los esfuerzos para garantizar que se siga informando sobre la situación.
- Plantear su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en China en declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos, incluso en referencia a las conclusiones y recomendaciones del informe de la OACDH sobre Xinjiang.
- Comprometerse a trabajar por el establecimiento de supervisión e investigación independiente y a realizar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe de la OACDH y de otros abusos cometidos en China, tal como han solicitado cientos de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.
IRÁN
En otoño de 2022, tras la muerte bajo custodia de una mujer kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moralidad de Irán por “hiyab inapropiado”, una oleada de protestas generalizadas se apoderó de Irán, con el lema principal de “mujer, vida, libertad”. Las protestas comenzaron con peticiones para la rendición de cuentas y contra los abusos sistémicos de la policía de la moralidad iraní y las leyes sobre el hiyab obligatorio, pero rápidamente evolucionaron hacia la exigencia de un cambio fundamental de las violaciones sistémicas de los derechos y la impunidad.
Las autoridades iraníes reprimieron violentamente las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron a decenas de miles de manifestantes, entre ellos, docenas de defensores de derechos humanos, activistas sindicales, periodistas y personalidades públicas.
Las quejas de los manifestantes recibieron el apoyo de un gran número de iraníes y de la sociedad civil que llevan mucho tiempo sufriendo acoso, presión y encarcelamiento por defender libertades o la justicia. Las mujeres, sobre todo en las grandes ciudades, desde la gente normal hasta las deportistas y actrices, se han quitado públicamente el velo y/o han empezado a aparecer en público sin hiyab como acto de resistencia. En respuesta, las autoridades están endureciendo la normativa, desplegando una combinación de aumento de los castigos, en particular por no observar el hiyab como forma de activismo, coacción económica severa y presión sobre el sector privado para que actúe como ejecutor. Todo ello afecta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, en particular a las mujeres. El gobierno aún no ha llevado a cabo ninguna investigación transparente sobre los graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia y, en cambio, ha aumentado la presión sobre los actores de la sociedad civil, acusándoles sin fundamento de estar en contacto con estados y medios de comunicación extranjeros, y ha impedido que las familias de los asesinados celebren actos conmemorativos.
El movimiento de protesta atrajo solidaridad y apoyo mundial, en particular de los gobiernos del Norte global. Sin embargo, las tensiones geopolíticas y la percibida selectividad de los Estados occidentales disminuyen su impacto en el comportamiento de Irán y brindan a las autoridades iraníes la oportunidad de desestimar las críticas internacionales como parte de una estrategia política. Convencer a las autoridades iraníes para que cambien de rumbo en las violaciones sistemáticas de los derechos requiere un enfoque basado en principios que utilice el poder del multilateralismo e insista en la protección de los derechos civiles y políticos, así de los derechos económicos, que han sido afectados por décadas de amplias sanciones económicas.
La fuerte tradición de apoyo a los derechos laborales del presidente Lula puede desempeñar un papel crucial a la hora de liderar a nivel internacional y bilateral una política hacia Irán centrada en los derechos humanos.
Recomendaciones:
- Apoyar a la Misión de Investigación (FFM) sobre Irán designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, animar a las autoridades iraníes a comprometerse de forma significativa con su mandato y apoyar la renovación de dicho mandato para garantizar que la FFM disponga del tiempo y los recursos necesarios para completar una investigación exhaustiva sobre los abusos cometidos tras las protestas de 2022.
- Plantear sistemáticamente graves preocupaciones en materia de derechos humanos en los compromisos bilaterales y en las negociaciones durante el proceso de adhesión de Irán a los BRICS, en particular el continuo encarcelamiento de periodistas y defensores de derechos humanos, de derechos de la mujer, de derechos sindicales y del medio ambiente, incluyendo las restricciones al acceso a un abogado durante los casos considerados de seguridad nacional, y el aumento de la coacción económica sobre las mujeres.
- Considerar la posibilidad de crear iniciativas que permitan a la sociedad civil y a los académicos iraníes relacionarse con sus homólogos brasileños.
Las autoridades israelíes están cometiendo crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución contra los palestinos, como han documentado grupos de derechos humanos palestinos, israelíes e internacionales, entre ellos, Human Rights Watch. Existe una política gubernamental amplia destinada a mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos, junto con graves abusos contra los palestinos, en particular los que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Este.
Estos abusos incluyen amplias restricciones a la circulación de los palestinos; la confiscación generalizada de tierras; la imposición de duras condiciones que han llevado a miles de palestinos a abandonar sus hogares en condiciones que equivalen a traslados forzosos; la denegación del derecho de residencia a cientos de miles de palestinos y a sus familiares; y la suspensión de los derechos civiles básicos a millones de palestinos.
En los últimos meses, la discriminación y la represión de Israel se han intensificado. Las fuerzas israelíes ya han matado a más palestinos en Cisjordania en 2023 que en cualquier otro año desde que la ONU empezó a sistemáticamente registrar las muertes en 2005. En agosto, el número de palestinos en detención administrativa sin juicio ni cargos, basada en pruebas secretas, alcanzó la cifra más alta de los últimos 30 años. El gobierno actual de Israel ha señalado claramente como principio rector que todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo pertenece “exclusivamente” al pueblo judío.
Recomendaciones
- Denunciar la comisión por parte de las autoridades israelíes de los crímenes de apartheid y persecución en declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos, en una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, antes de que finalice el plazo de presentación el 25 de octubre, y en otros foros.
- Instar a las autoridades israelíes a que revoquen la decisión de declarar ilegales a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina y a que les permitan continuar su importante labor, incluyendo en relación con el mandato de la Corte Penal Internacional (CPI).
- Instar a las autoridades israelíes, tanto en público como en privado, a que pongan fin a la prohibición generalizada de viajar a y desde Gaza y permitan la libre circulación de personas y mercancías hacia y desde Gaza, sujeta, como máximo, a controles de seguridad individuales.
- Instar a la Autoridad Palestina a que ponga fin a su práctica sistemática de detener arbitrariamente y torturar a críticos y opositores.
- Apoyar públicamente los esfuerzos para reconocer, poner fin a la complicidad y garantizar la rendición de cuentas por el apartheid, la persecución y las graves violaciones de los derechos humanos en Israel y Palestina, incluido los esfuerzos de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel y otras iniciativas de la ONU.
Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, ocho años después de su invasión inicial en 2014. La guerra de Rusia contra Ucrania ha tenido un impacto desastroso en la vida civil, matando a miles de civiles, hiriendo a muchos miles más y destruyendo propiedades e infraestructuras civiles. Las fuerzas rusas cometieron una letanía de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos bombardeos indiscriminados y desproporcionados contra zonas civiles que alcanzaron viviendas e instalaciones sanitarias y educativas. Algunos de estos ataques deberían ser investigados como crímenes de guerra. El uso repetido de municiones de racimo por parte de Rusia desde febrero de 2022 ha matado y herido a civiles, dañado objetos civiles y contaminado tierras agrícolas. Las fuerzas ucranianas también han utilizado municiones de racimo, causando víctimas civiles.
En las zonas que ocuparon, las fuerzas rusas o fuerzas afiliadas cometieron aparentes crímenes de guerra, como torturas, ejecuciones sumarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y saqueo de bienes culturales. Quienes intentaron huir de las zonas de combate se enfrentaron a terribles calvarios y a numerosos obstáculos. En algunos casos, las fuerzas rusas trasladaron por la fuerza a un número considerable de ucranianos a Rusia o a zonas de Ucrania ocupadas por Rusia y sometieron a muchos de ellos a controles de seguridad abusivos. Los repetidos ataques de las fuerzas rusas en todo el país contra las infraestructuras energéticas y otras infraestructuras críticas de Ucrania parecen tener como objetivo aterrorizar a los civiles y hacerles la vida insostenible, lo cual constituye un crimen de guerra.
Asimismo, Rusia ha suspendido su participación en la iniciativa del grano del Mar Negro, bloqueando la exportación de grano ucraniano, lo que hizo subir los precios mundiales del grano.
Durante la invasión a gran escala de Ucrania, las autoridades rusas han emprendido una campaña sistemática de represión de los derechos humanos y de cierre del espacio cívico dentro de Rusia. Han adoptado una legislación abusiva destinada a eviscerar a la sociedad civil, han tratado de aislar a Rusia de la información “no amistosa” y han encarcelado y perseguido de forma desenfrenada a críticos pacíficos mediante causas administrativas y penales falsas. Esta campaña creciente llevó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar en octubre de 2022 una resolución por la que se crea el mandato de un Relator Especial sobre Rusia. La resolución cita la grave preocupación por “la represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil”, “las detenciones arbitrarias masivas denunciadas..., el deterioro del Estado de derecho” y “los cierres forzosos masivos de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación independientes”.
Recomendaciones
- Pedir a la Federación Rusa que cumpla con la resolución A/HRC/52/32 del Consejo de Derechos Humanos del 4 de abril de 2023 y monitorear su cumplimiento. La resolución al gobierno a “poner fin inmediatamente a sus violaciones y abusos de los derechos humanos y a las violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania”, y a “cesar los traslados forzosos ilegales y la deportación de civiles y otras personas protegidas dentro de Ucrania o a la Federación Rusa, ... en particular de niños”.
- Cumplir con la resolución A/HRC/52/32 del Consejo de Derechos Humanos, que pide a los Estados que “cooperen plenamente” con la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, cuyo mandato se ha prorrogado un año más, “para que pueda cumplir eficazmente su mandato, y que le faciliten la información o la documentación pertinentes que posean o lleguen a poseer, según proceda”.
- Apoyar la prórroga anual del mandato de la Comisión mientras sigan cometiéndose de forma generalizada aparentes crímenes de guerra en Ucrania.
- Pedir a Rusia que respete la prohibición de los traslados forzosos, incluida la coacción a los civiles para que sean evacuados a destinos no deseados, e instar a todas las partes en conflicto a que faciliten el paso seguro de los civiles a un destino de su elección.
- Preguntar a las autoridades rusas por el número de niños trasladados de Ucrania a Rusia y por el número, la ubicación y el índice de ocupación de los centros de acogida temporal en toda Rusia, así como por el número y el paradero de los civiles ucranianos detenidos en las zonas ocupadas tras las “medidas de filtración” o la detención.
- Prestar apoyo a través de la embajada brasileña en Rusia en la expedición de documentos de viaje temporales que permitan salir del país a los ciudadanos ucranianos que se encuentren en Rusia sin sus documentos de identidad o viaje si así lo desean.
- Pedir a la ONU que establezca un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a identificar el paradero y garantizar el bienestar y el retorno de los niños no acompañados y separados de su familia que fueron trasladados por la fuerza dentro de Ucrania o a Rusia, incluidos los niños adoptados y naturalizados ilegalmente, y ofrecer apoyo a este esfuerzo.
- Adherir sin demora a la Convención sobre Municiones en Racimo, dejar de producirlas y transferirlas y, posteriormente,
- Instar a Rusia y Ucrania a que dejen de utilizar municiones en racimo y animarlos a que se adhieran a la convención.
- Aprovechar cualquier oportunidad diplomática para condenar el uso de municiones de racimo en Ucrania, incluso mediante declaraciones y resoluciones conjuntas.
- Comprometerse a no apoyar a Rusia ni a Ucrania en ninguna de las actividades prohibidas por la convención, como el uso y la transferencia de municiones de racimo.
- Instar a todos los Estados a adherirse sin demora a la Convención sobre Municiones en Racimo.
- Apoyar la renovación del mandato del Relator Especial sobre Rusia.
- Pedir a Rusia que cumpla con las recomendaciones de la Resolución 51/25 del Consejo de Derechos Humanos, que defienda las libertades fundamentales dentro del país y que cumpla con las próximas recomendaciones del Relator Especial.
[1] Resolución 60/251 de la Asamblea General
[2] La violencia sexual en Puerto Príncipe: un arma utilizada por las bandas para infundir miedo, publicado en octubre de 2022, y en febrero de 2023.
