República Dominicana: Presentación al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la Red Juvenil Voces Unidas Acabemos con los MIUTF, la Coalición por la Vida y la Dignidad de las mujeres y Human Rights Watch organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos al Comité de los Derechos del Niño (“el Comité”) en vísperas de su 94º período previo de sesiones y de su examen de República Dominicana. Esta presentación aborda los artículos 3, 6, 24, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y cubre el acceso al aborto así aspectos específicos del derecho a la educación.

Acceso al aborto y embarazo adolescentes (artículos 3, 6, 24 y 29)

La prohibición total del aborto en la República Dominicana, en vigor desde 1884, amenaza la salud y la vida de niñas, mujeres y personas embarazadas, y es incompatible con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

El aborto es ilegal en la República Dominicana incluso cuando el embarazo pone en peligro la vida de la persona embarazada, es inviable o es consecuencia de violencia sexual o incesto. El Código Penal de la República Dominicana penaliza a las niñas, mujeres y personas embarazadas que inducen abortos y a cualquier persona que las ayude[1]. En virtud del artículo 317 del Código Penal, personal médico, cirujanos, parteras, personal de enfermería, farmacéuticos y “otros profesionales de la medicina” que practiquen abortos se enfrentan a penas de prisión de entre cinco y 20 años[2]. Las niñas, mujeres y personas embarazadas que inducen o consienten abortos, e incluso cualquier persona que transmita información a las personas embarazadas sobre la obtención de un aborto, si el aborto se produce, se enfrentan a penas de seis meses a dos años de prisión[3].

Están documentadas las consecuencias perjudiciales de la prohibición del aborto en la República Dominicana a través de entrevistas con decenas de mujeres y niñas que se enfrentaron a embarazos no deseados y recurrieron a métodos inseguros de aborto, a menudo con gran riesgo para su salud y sus vidas[4]. Se ha demostrado que la prohibición del aborto en el país contribuía a complicaciones de salud evitables y a muertes maternas, y perjudicaba de forma desproporcionada a mujeres y niñas de zonas rurales y de bajos ingresos, quienes tienen menos probabilidades de acceder a métodos de aborto más seguros o de viajar a otro país donde el aborto sea legal[5].

En todo el mundo, el aborto inseguro contribuye a muertes maternas evitables. En 2020, la tasa de mortalidad materna en la República Dominicana era de 107 por cada 100.000 nacidos vivos, superando la de la región latinoamericana, que era de 88 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos[6].

En entrevistas realizadas por sociedad civil, niñas y mujeres en edad reproductiva que habían tenido embarazos no planificados o no deseados citaron una variedad de razones para tales embarazos, incluyendo barreras para acceder a métodos anticonceptivos, fallas en los anticonceptivos y violencia sexual[7]. 

La República Dominicana ha estado en proceso de reformar su código penal durante años, siendo el tema del aborto un asunto de debate importante. Diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la mujer han instado a congresistas a despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer, niña o persona embarazada esté en peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, violencia sexual o incesto, y cuando el feto presente complicaciones graves incompatibles con la vida extrauterina. El presidente Luis Abinader también ha expresado su apoyo a la iniciativa[8].

Sin embargo, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en junio de 2021 una modificación de última hora del proyecto de Código Penal que no incluía la despenalización del aborto en las tres circunstancias limitadas[9]. En febrero de 2023, el Senado aprobó de nuevo ese proyecto[10]. Todavía debe ser aprobado de nuevo por Senadores y el presidente antes de que entre en vigor. Sin embargo, expiró en julio de 2023, por lo que uno nuevo debe ser reintroducido y se debe iniciar el proceso en la Cámara de Diputados para que pueda regresar al Senado.

Las investigaciones demuestran que las leyes restrictivas y las sanciones penales no reducen la incidencia del aborto[11]. Las interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos establecen que negar a las mujeres y las niñas el acceso al aborto es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida; a la salud; a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la no discriminación y la igualdad; a la privacidad; a la información; y a la libertad de decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Por ejemplo, este Comité ha señalado que “el riesgo de muerte y enfermedad durante los años de la adolescencia es real, incluso por causas prevenibles como... los abortos inseguros” e instó a los Estados a “despenalizar el aborto para garantizar que las niñas tengan acceso a servicios de aborto seguro y post-aborto, revisar la legislación con miras a garantizar el interés superior de las adolescentes embarazadas y asegurar que sus opiniones sean siempre escuchadas y respetadas en las decisiones relacionadas con el aborto”[12].

Según la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de fertilidad en adolescentes en la República Dominicana es significativamente más alta que el promedio regional para América Latina y el Caribe[13]. El gobierno registró 25.461 embarazos entre adolescentes de 10 a 19 años en 2022[14]. Casi el 20% de los nacimientos, abortos y pérdidas gestacionales atendidos en centros de salud públicos en 2022 correspondieron a adolescentes menores de 19 años, según datos gubernamentales[15].

El embarazo en la adolescencia y el parto temprano conllevan riesgos significativos para la salud tanto de la madre como del hijo. Las niñas y las jóvenes de 10 a 19 años corren un riesgo elevado de padecer varias condiciones de salud graves relacionadas con el embarazo y el parto[16]. Los bebés nacidos de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro y condiciones neonatales graves[17].

Según datos de 2019, los adolescentes que viven en ingresos más bajos experimentan de manera desproporcionada embarazos en la adolescencia. La tasa de fertilidad entre los adolescentes de 15 a 19 años en el quintil de ingresos más bajo en el país es más de cinco veces mayor que la tasa de fertilidad adolescente para el quintil de ingresos más alto[18].

Se estima que el 44% de los abandonos escolares en la República Dominicana son consecuencia de embarazos en la adolescencia[19], lo que limita el desarrollo profesional de los adolescentes y, posteriormente, su empleo, aumentando la brecha social y perpetuando el ciclo de pobreza.

A pesar de las protecciones legales que impiden que las escuelas sancionen o expulsen a estudiantes debido a embarazos en la adolescencia, investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales sugieren que las adolescentes embarazadas y las jóvenes madres en la República Dominicana enfrentan barreras para acceder a la educación[20].

Las organizaciones firmantes instan al Comité a preguntar al gobierno de la República Dominicana: 

• ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para reducir la tasa de mortalidad materna en la República Dominicana y evitar las muertes maternas prevenibles por abortos inseguros?
• ¿Qué medidas está tomando el gobierno para proporcionar a las mujeres, niñas y personas embarazadas información sobre la seguridad y el riesgo de las diferentes medidas utilizadas para inducir el aborto?
• ¿Qué medidas está tomando el gobierno para capacitar a profesionales de la salud sobre cómo atender a las usuarias que se enfrentan a embarazos no deseados o no planeados, que presentan abortos incompletos o que buscan atención postaborto? 
• ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para proporcionar educación sexual integral a todos los niños, niñas y adolescentes, en línea con las normas y recomendaciones internacionales?

Las organizaciones firmantes alientan al Comité a instar al gobierno de la República Dominicana a:

• Despenalizar el aborto con carácter de urgencia, eliminando todas las sanciones penales por aborto del código penal.
• Como mínimo, reformar el código penal para proporcionar a las mujeres, niñas y personas embarazadas acceso a servicios de aborto seguros y legales cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida o la salud de la mujer, niña o persona embarazada, cuando el feto presente una afección grave incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea consecuencia de cualquier forma de violencia sexual.
• Realizar investigaciones sobre las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las adolescentes, para identificar los factores que contribuyen a los embarazos no deseados y precoces. Investigar las barreras en el acceso y el uso sistemático de los métodos anticonceptivos proporcionados por el Sistema Nacional de Salud. Modificar las políticas sanitarias nacionales según sea necesario para ampliar las opciones anticonceptivas y abordar estas barreras.
• Garantizar que los centros de salud no estigmaticen a las personas adolescentes sexualmente activas y que cuenten con personal médico cualificado para proporcionar servicios de salud para adolescentes confidenciales e integrales.
• Poner en marcha campañas públicas de información y concientización que aborden el estigma en torno a la sexualidad adolescente y promuevan prácticas sexuales sanas entre personas adolescentes. Garantizar que dichas campañas dejan claro que los niños adolescentes no necesitan la autorización de un adulto para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva.
• Reforzar los servicios para mujeres y niñas que sufren violencia sexual, violencia doméstica y otras formas de abuso. Garantizar los vínculos entre los servicios para sobrevivientes de violencia y los proveedores médicos, de modo que las supervivientes de abusos puedan acceder fácilmente a la atención médica especializada. Garantizar que las personas proveedoras de atención médica remitan sistemáticamente a los pacientes que sepan o sospechen que están sufriendo abusos a servicios integrales de apoyo.
• Garantizar la educación laica en las escuelas y colegios (tanto públicas como privadas). Implementar un plan de estudios obligatorio de educación sexual integral en las escuelas primarias y secundarias que cumpla las normas internacionales y sea científicamente preciso, basado en los derechos y adecuado a la edad. Garantizar que el plan de estudios llegue a los estudiantes desde una edad temprana y se desarrolle gradualmente para proporcionarles información relevante para su desarrollo sobre su salud y bienestar. Como parte del plan de estudios, proporcionar a los niños información práctica sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos y dónde pueden obtener suministros anticonceptivos, así como información sobre enfermedades de transmisión sexual.

Derecho a la educación (artículo 28)

Apoyo al fortalecimiento del derecho explícito a la educación gratuita en el derecho internacional

En junio de 2023, la República Dominicana codirigió junto con Luxemburgo una declaración realizada durante el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la educación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Junto con otros 71 países, la declaración expresó su apoyo a “los esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a una educación secundaria completa y gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita”[21].

Las organizaciones firmantes alientan al Comité a:

• Acoger el espíritu de cooperación internacional de la República Dominicana en apoyo del fortalecimiento del derecho a la educación, incluido el derecho explícito a la educación secundaria completa y gratuita para todos los niños y al menos un año de educación preescolar gratuita, con la misma prioridad y urgencia que el derecho a la educación primaria gratuita.

Protección de la educación contra los ataques

La Declaración sobre Escuelas Seguras[22] es un compromiso político intergubernamental que brinda a los países la oportunidad de expresar su apoyo político a la protección de los estudiantes, los docentes y las escuelas en tiempos de conflicto armado; la importancia de la continuación de la educación durante los conflictos armados; y la aplicación de las Directrices para proteger a las escuelas y universidades del uso militar durante los conflictos armados[23]. La República Dominicana suscribió la declaración en diciembre de 2017[24].

Las organizaciones firmantes alientan al Comité a:

• Felicitar a la República Dominicana por respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras.
• Preguntar a la República Dominicana si las protecciones para las escuelas contra el uso militar están incluidas en cualquier política, norma o capacitación para sus fuerzas armadas.

Recomendar al Gobierno que incorpore las normas de la Declaración en la política nacional, los marcos operativos militares y la legislación, y que comparta las buenas prácticas con otros países de la región.