(Washington, DC) - Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en contra de los soldados presuntamente responsables de la muerte de civiles durante una operación militar ocurrida en marzo de 2022, señaló hoy Human Rights Watch al presentar una intervención ante la Corte Constitucional. En su escrito, Human Rights Watch señaló que la investigación debe llevarse a cabo en la justicia penal ordinaria, no en la justicia penal militar.
El caso se refiere a la operación militar llevada a cabo en marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, en el departamento del Putumayo, que dejó 11 muertos. La Corte Constitucional analiza si la justicia penal militar o la justicia penal ordinaria debe adelantar la investigación. El gobierno del entonces presidente Iván Duque dijo que la operación se ajustó al derecho internacional humanitario, fue dirigida contra un grupo armado conocido como Comandos de la Frontera y que los muertos eran “criminales”. Sin embargo, periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, determinaron que los soldados mataron a varios civiles y al parecer violaron el derecho internacional.
“Las autoridades colombianas deberían transferir el caso a la justicia penal ordinaria y garantizar justicia para los habitantes de Alto Remanso”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro”.
En mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaría a 25 miembros del Ejército en relación con las muertes. Pero antes de que los fiscales presentaran la imputación, los abogados de la defensa pidieron transferir el expediente a la justicia penal militar, lo que originó el conflicto de competencia ante la Corte Constitucional.
Human Rights Watch visitó Putumayo pocos días después de las muertes y entrevistó a víctimas, sus familiares y testigos, así como a fiscales locales y otras autoridades. Human Rights Watch también solicitó información al Ejército, revisó notas de periodistas y se reunió con el entonces jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército, brigadier general Óscar Alexander Tobar.
Los grupos armados, entre ellos, Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, operan en buena parte de Putumayo, imponen sus propias reglas a la población civil y cometen graves abusos, incluyendo reclutamiento infantil, desplazamiento forzado y asesinatos. Estos grupos se financian a través de economías ilegales, en particular con la producción y el tráfico de cocaína, que son prevalentes en la zona.
El Ministerio de Defensa dijo que la operación tenía como objetivo detener o dar de baja a “Bruno”, uno de los comandantes de Comandos de la Frontera. Sin embargo, “Bruno” no se encontraba en la fiesta comunitaria que el Ejército atacó, según fiscales que investigan el caso y testigos. El Ejército utilizó fuerza letal de manera intencional, incluyendo francotiradores, causando la muerte de 11 personas, entre ellas al menos cuatro que no eran miembros de Comandos de la Frontera y estaban desarmadas, determinó Human Rights Watch.
El entonces ministro de Defensa Diego Molano dijo que las personas que murieron eran “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera. Dos de las once personas asesinadas tenían antecedentes penales que no están relacionados con su supuesta pertenencia a Comandos de la Frontera, determinó Human Rights Watch. Human Rights Watch identificó a cuatro de los asesinados como civiles: Juan Pablo Panduro Coquinche, líder indígena; Oscar Oliva Yela, agricultor; Divier Hernández Rojas, líder comunitario; y su esposa, Ana María Sarrias Barrera, que estaba embarazada. Cinco personas, entre ellas un soldado, resultaron heridas.
Aunque algunos miembros de Comandos de la Frontera se encontraban en la fiesta, el uso de la fuerza por parte del Ejército pareció excesivo y violatorio del derecho internacional. El gobierno colombiano afirmó que la operación se ajustó al derecho internacional humanitario, el cual sólo es aplicable en conflictos armados.
Sin embargo, el análisis jurídico y fáctico realizado por Human Rights Watch plantea serias dudas sobre que Comandos de la Frontera sea parte de un conflicto armado contra las fuerzas militares colombianas. En ese caso, el uso de la fuerza en esta operación debió haberse regido por el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que sólo permite a los agentes utilizar fuerza letal de forma intencional cuando sea estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de una persona.
Para evitar abusos similares en el futuro, el gobierno colombiano debería llevar a cabo una evaluación urgente para establecer cuáles grupos son partes en un conflicto armado con las fuerzas armadas colombianas y, así, determinar cuándo es apropiado el uso de operaciones militares ofensivas en virtud del derecho internacional humanitario. El gobierno también debería adoptar medidas eficaces para proteger a la población de todos los grupos armados, señaló Human Rights Watch.
Después de las muertes, los oficiales del ejército tomaron medidas que parecían destinadas a encubrir la operación y obstaculizar la rendición de cuentas. La operación tuvo lugar a las 7 a.m., pero los soldados llamaron a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)—la rama de la Fiscalía encargada de proporcionar apoyo investigativo y forense a los fiscales en casos penales—hasta alrededor del mediodía.
El CTI envió investigadores, pero los soldados les informaron que debían realizar un “registro domiciliario” para encontrar y detener a “Bruno” y sólo fueron informados de los asesinatos cuando ya habían llegado, dijeron fiscales a Human Rights Watch. Estos investigadores no tenían una orden legal de proteger la escena, ni de realizar el levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, tomaron fotos de la escena y observaron que los cuerpos habían sido movidos.
Estos retrasos implicaron que los cuerpos y otras pruebas no estuvieran protegidas en cadena de custodia durante aproximadamente ocho horas, hasta que llegó un segundo grupo de investigadores con la orden de realizar actos urgentes. Los cadáveres fueron trasladados antes de que llegaran los investigadores, según informaron los fiscales a Human Rights Watch, y los análisis forenses realizados días después indicaron que algunos habían sido arrastrados.
Las autoridades forenses tuvieron dificultades para realizar necropsias a todos los cadáveres porque la oficina local del Instituto de Medicina Legal, organismo nacional encargado de realizar los análisis forenses, carecía de refrigeradores suficientes para conservar los cuerpos y, después de tantas horas expuestos a la intemperie, algunos cuerpos estaban en estado de descomposición, según determinó Human Rights Watch.
Las autoridades proporcionaron información incoherente y, en ocasiones, abiertamente falsa de los hechos, en entrevistas con los medios de comunicación, así como durante reuniones con Human Rights Watch. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa Molano tuiteó que cuatro personas habían sido detenidas durante la operación, pero la Fiscalía confirmó que no se había detenido a nadie.
“La Fiscalía debería investigar si algún miembro del Ejército o funcionario intentó desviar de manera deliberada la investigación sobre estas muertes”, dijo Goebertus. “Las autoridades también deberían ampliar la capacidad de los investigadores y las entidades forenses en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Su ausencia facilita abusos por parte de los grupos armados y ha obstaculizado la rendición de cuentas por las muertes en Alto Remanso”.
