Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales del 18 de octubre por un amplio margen. Arce recibió la banda presidencial de Jeanine Áñez, quien se convirtió en presidenta interina tras la renuncia del presidente Morales en noviembre de 2019 mientras en todo el país se realizaban protestas motivadas por alegaciones de fraude, que ahora están siendo cuestionadas, en las elecciones de octubre de 2019y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas le pidieran que dejara el cargo.
La administración de Morales había generado un entorno hostil para los defensores de derechos humanos y promovió cambios en el Poder Judicial que supusieron una grave amenaza al Estado de derecho. En lugar de romper con el pasado, la presidenta interina Áñez adoptó medidas contrarias a las normas fundamentales de derechos humanos.
Su gobierno utilizó de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales y no impulsó investigaciones independientes de las violaciones de derechos humanos ni los actos de violencia relacionados con las elecciones que se produjeron en octubre y noviembre de 2019.
La presidenta interina Áñez emitió decretos que habrían eximido a militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios y que amenazaron la libertad de expresión. Su gobierno derogó ambas medidas debido a las críticas.
Covid-19
Bolivia registró más de 141.000 casos confirmados de Covid-19 y más de 8.700 muertes hasta el 2 de noviembre.
En marzo, el gobierno interino cerró las fronteras como respuesta a la pandemia, dejando varadas en campamentos en Chile a alrededor de 1.300 bolivianos, incluidas personas mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas. Semanas más tarde, el gobierno les permitió volver a Bolivia y debieron cumplir un período de cuarentena.
La pandemia puso de manifiesto falencias estructurales del sistema de salud. En marzo, Bolivia contaba con 490 camas de terapia intensiva, según informó la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y hasta agosto solo se habían agregado 30.
En mayo, el gobierno interino compró 170 respiradores —para su uso en ambulancias, no en hospitales—, por los que, aparentemente, pagó casi el triple del costo real. Ante esto, la fiscalía inició una investigación penal por posible corrupción contra varios funcionarios gubernamentales, entre ellos, el entonces ministro de Salud.
El personal sanitario protestó en reiteradas oportunidades por la falta de equipos de protección personal y de insumos médicos. En junio y julio, varios directores de hospitales manifestaron que estaban al tope de su capacidad y que no podían admitir nuevos casos.
Según el Instituto de Investigaciones Forenses, entre abril y mediados de julio se encontraron los cuerpos de más de 3.000 personas que habían fallecido como resultado de casos sospechados o confirmados de Covid-19 fuera de los hospitales. Algunos de los cuerpos quedaron tendidos en las calles.
En agosto, manifestantes bloquearon carreteras para oponerse a la postergación de las elecciones. El gobierno acusó a los participantes de las protestas de haber impedido que llegara oxígeno a los hospitales y, por lo tanto, de haber causado la muerte de cerca de 40 pacientes con Covid-19. Los hospitales habían informado que se estaban quedando sin oxígeno incluso antes de las protestas.
ONU Mujeres informó que las consecuencias económicas de la pandemia afectaron de manera desproporcionada a las mujeres bolivianas. Las mujeres ganan, en promedio, 30 % menos que los hombres; el 70 % de ellas trabaja en el sector informal; y durante la pandemia aumentó su carga de trabajo como cuidadoras principales de personas mayores, niños y enfermos. ONU Mujeres llegó a la conclusión de que las medidas de ayuda de emergencia por el Covid-19 implementadas por el gobierno interino no abordaron de manera adecuada las necesidades de las mujeres, en especial, en áreas rurales.
Las restricciones a la circulación establecidas en respuesta a la Covid-19 redujeron el acceso de muchas comunidades indígenas a comida, medicamentos y mercados para sus productos, según informó la Defensoría del Pueblo, un organismo estatal encargado de proteger los derechos humanos. Para algunas poblaciones indígenas ubicadas en zonas remotas resultó difícil acceder a la asistencia estatal y algunas personas carecían de los documentos de identificación necesarios para obtener ayuda, según la Defensoría del Pueblo.
En lugar de trabajar con las escuelas para proporcionar contenidos educativos durante la pandemia, a principios de agosto el gobierno interino canceló lo que restaba del año escolar 2020 hasta diciembre y, con esta medida, casi 3 millones de niños y niñas quedaron sin educación.
Las condiciones insalubres y de sobrepoblación en las cárceles eran favorables ala propagación del Covid-19. En enero, había 18.126 reclusos en establecimientos carcelarios que estaban operando a un 212 % de su capacidad, informó la Defensoría del Pueblo. El 66 % de ellos se encontraban a la espera de un juicio.
En abril, el gobierno interino emitió un decreto, que entró en vigor en mayo, para liberar a ciertas categorías de reclusos, entre ellas, mujeres embarazadas, algunos presos mayores y otros con enfermedades de salud crónicas, discapacidades “graves” o que tenían a su cargo el cuidado de niños o niñas. En junio, el gobierno manifestó que 3.500 reclusos se beneficiarían del decreto, pero un mes más tarde sólo se había liberado a 300.
El gobierno indicó que hasta julio habían fallecido 40 reclusos por Covid-19. Los presos iniciaron protestas en varias cárceles, alegando que no tenían acceso a atención de la salud ni a medidas de protección contra el virus. En septiembre, la Defensoría del Pueblo continuaba denunciando que en varias cárceles no había productos de limpieza e higiene personal.
Independencia judicial
Evo Morales socavó la independencia judicial durante los casi 14 años que ocupó la presidencia. De conformidad con la Constitución de 2009, los votantes son responsables de elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Plurinacional, en la cual el partido de Morales tuvo dos tercios de los escaños en ambas cámaras durante la mayor parte de su presidencia. El partido llenó las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran “transitorios”. A muchos se los removió en forma sumaria.
Durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.
Alrededor del 80 % de los jueces y del 90 % de los fiscales aún son “provisionales”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y permanecer en el cargo.
En lugar de fortalecer la independencia judicial, el gobierno de Áñez presionó en forma pública a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses. Los fiscales iniciaron investigaciones penales, muchas de las cuales parecían responder a motivaciones políticas, contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva.
Human Rights Watch documentó casos de cargos infundados, violaciones de la libertad de expresión y del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.
El propio Morales enfrentó cargos por terrorismo queparecían responder a motivaciones políticas. Los fiscales también acusaron a Patricia Hermosa, apoderada y ex jefa de gabinete de Evo Morales, de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en función de que tuvo contacto telefónico con Morales después de que este renunció. Hermosa permaneció en prisión preventiva durante más de seis meses mientras estaba embarazada (en violación de lo establecido en la legislación boliviana), sin acceso a atención médica. En marzo de 2020, tuvo un aborto espontáneo en la cárcel.
El gobierno de Áñez presentó denuncias penales contra por lo menos cuatro jueces por conceder el arresto domiciliario a personas vinculadas con la gestión de Morales que habían estado detenidas a la espera de un juicio. Inicialmente, la policía detuvo a uno de los jueces, que fue liberado al día siguiente, después de que otro magistrado determinara que su detención fue ilegal.
En agosto de 2020, la Asamblea Plurinacional, en la cual tiene mayoría el partido de Morales, sancionó una ley que prohibía a los exfuncionarios viajar fuera de Bolivia durante tres meses luego de haber dejado el cargo. La ley viola, de manera arbitraria, el derecho de los funcionarios salientes a la libertad de circulación.
Tras ganar las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020, Arce dijo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política. En diciembre de 2020, estableció una comisión de expertos para preparar propuestas para reformar el sistema de justicia.
Violencia y abusos relacionados con las protestas
Las alegaciones de fraude electoral y la renuncia de Morales suscitaron manifestaciones masivas a favor y en contra de Morales en octubre y noviembre de 2019. Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia.
Al menos 37 personas murieron en hechos de violencia relacionados con las manifestaciones, y más de 800 resultaron heridas, según informó la Defensoría del Pueblo. Dos manifestantes contrarios a Morales fueron asesinados en la localidad de Montero. Veinte personas murieron en dos masacres en Sacaba y Senkata, en las cuales agentes de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos, abrieron fuego contra manifestantes partidarios de Morales. Los fiscales a cargos de ambos casos dijeron a Human Rights Watch en febrero de 2020 que las Fuerzas Armadas se habían negado a proporcionarles los nombres de los soldados que habían participado en esas operaciones, y menos aún les habían permitido entrevistarlos. En septiembre, el Fiscal General del Estado manifestó que las Fuerzas Armadas no habían cumplido una orden judicial en virtud de la cual debían proporcionar a los fiscales los planes de operaciones.
Las masacres se produjeron luego de un decreto emitido por la presidenta interina Áñez el 15 de noviembre de 2019 que otorgaba al Ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto, se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieran. En respuesta a las críticas, la presidenta Áñez derogó el decreto.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo documentaron numerosos casos de detenciones arbitrarias y de torturas por policías en la ciudad de El Alto el 11 de noviembre de 2019.
Impunidad por abusos durante regímenes autoritarios
Bolivia ha juzgado apenas a unos pocos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, en parte debido a que, en algunas ocasiones, las Fuerzas Armadas se han negado a transmitir información sobre los abusos.
La “Comisión de la Verdad”, creada en 2017, transfirió 6.000 expedientes de víctimas de las dictaduras a la Asamblea Plurinacional en diciembre de 2019 y presentó su informe final en marzo de 2020.
Libertad de expresión
La Asociación Nacional de la Prensa, que representa a los principales medios de comunicación de Bolivia, documentó 87 casos de ataques físicos contra periodistas en 2019, la mayoría de ellos causados por manifestantes; 14 ataques contra instalaciones de medios de comunicación; y 16 casos de autoridades y políticos que hostigaron y amenazaron a la prensa. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo que los periodistas que “causen sedición” sufrirían “las acciones pertinentes”, incluida la “deportación”. Los ataques contra periodistas, mayormente por parte de manifestantes, continuaron en 2020.
El gobierno interino adoptó políticas que amenazaban la libertad de expresión, entre ellas, un decreto sobre Covid-19 que contenía una disposición excesivamente amplia que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran al gobierno. En respuesta a las fuertes críticas recibidas, el gobierno revocó la disposición en mayo de 2020.
También estableció una unidad de “ciberpatrullaje” para identificar a quienes “desinformaran” al público sobre el Covid-19, en especial, opositores políticos. Como resultado de los “ciberpatrullajes”, por ejemplo, se acusó de sedición y de otros delitos a Mauricio Jara, un partidario de Morales, por haber calificado al gobierno de “dictatorial” a través de un servicio de mensajería privado, haber “desinformado” y exhortando a realizar protestas. La policía lo detuvo en abril de 2020 y, a septiembre, se encontraba a la espera de un juicio en la cárcel.
Derechos de mujeres y niñas
Las mujeres y niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia, a pesar de una ley de 2013 que contempla amplias medidas para prevenir y juzgar la violencia de género. La ley tipificó el delito de “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica).
La Fiscalía General del Estado informó que hubo 117 feminicidios en 2019 y 86 de enero a septiembre de 2020, así como más de 20.000 casos de violencia contra mujeres de enero a agosto de 2020.
La legislación boliviana no penaliza el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando es necesario para proteger la vida o la salud de la mujer o niña embarazada.
Orientación sexual e identidad de género
En julio de 2020, un tribunal de La Paz ordenó al Servicio de Registro Civico (SERECÍ), el registro civil nacional, que registrara la relación de una pareja del mismo sexo como una “unión libre” y determinó que la Constitución boliviana y las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Bolivia exigen que las leyes y los procedimientos administrativos se interpreten de manera congruente con los principios de igualdad y no discriminación.
El SERECÍ apeló la decisión ante el Tribunal Constitucional.
Actores internacionales clave
El gobierno interino aceptó una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, pero posteriormente se echó. El Grupo comenzó su trabajo en noviembre de 2020, una vez que Arce se convirtió en presidente.
En agosto de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que era “esencial” para las víctimas y para Bolivia que se hiciera justicia por esos delitos. Su organismo exhortó a que se investigaran las amenazas y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que trabajaban para la Defensoría del Pueblo.