Por John Raphling y Nicole Austin-Hillery
Millones de personas en todo el mundo observaron azoradas este año el video que muestra a policías de Minneapolis inmovilizar con la rodilla a George Floyd y limitar su respiración mientras este implora por su vida. Uno de los agentes presionó la rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de ocho minutos y le provocó la muerte, con total indiferencia.
El video trascendió a fines de mayo, mientras la pandemia de Covid-19 se cobraba la vida de decenas de miles de personas en Estados Unidos —que en un número desproporcionado eran negras y morenas— y devastaba la economía. Millones salieron a las calles en la primavera y el verano de 2020 para reclamar no solo de rendición de cuentas por parte de los agentes, sino además que se lidie de lleno con los perjuicios causados en el pasado y en la actualidad a las personas negras en EE. UU. por la policía y por las estructuras racistas más amplias en la sociedad.
“La pobreza es la peor forma de violencia”, afirmó Mahatma Gandhi. Un número desproporcionado de personas negras en EE. UU. viven en la pobreza. En 2019, Human Rights Watch divulgó un estudio de casos sobre actuación policial, raza y pobreza en Tulsa, Oklahoma, en el cual se mostraron disparidades que son comunes en EE. UU. Nuestros investigadores se toparon con una ciudad segregada donde las personas negras, en comparación con las blancas, tenían un índice de desempleo más de dos veces mayor, la mitad de la riqueza, una educación más deficiente, acceso inadecuado a alimentos saludables y una expectativa de vida más de diez años menor. A su vez, en Tulsa era mucho más frecuente que se interceptara, detuviera, cacheara y sometiera a violencia policial a las personas negras que a las blancas. Las condiciones actuales en Tulsa tienen como antecedente una larga historia de opresión racial, que incluye la Masacre Racial de 1921, durante la cual una turba de hombres blancos encapuchados saqueó y quemó la próspera comunidad negra de Greenwood, mató a cerca de 300 personas negras y se robó sus bienes.
Debido a los perjuicios históricos, que van desde la esclavitud y la segregación avalada en las leyes Jim Crow hasta el aumento drástico del encarcelamiento en los últimos 50 años, y que afectan de manera desproporcionada a las personas negras y sus comunidades, hoy estas personas en Estados Unidos tienen vidas más cortas y gozan de peor salud que la población blanca. Tienen menor acceso al poder y la riqueza y a menudo viven con temor a la policía, cuya función no hace más que profundizar estas divisiones raciales. El gobierno estadounidense no ha abordado con seriedad estos perjuicios y las comunidades negras por lo general se ven relegadas. En vez de invertir en atención de la salud, educación y desarrollo económico que ayuden a las comunidades de personas negras y de bajos recursos a asegurar sus derechos económicos y sociales, los gobiernos locales, estaduales y federal en general han respondido a los problemas de la sociedad con más presencia policial, procesamientos y cárceles. La disparidad en las tasas de contagio de Covid-19 y muertes por esta enfermedad, así como los asesinatos de Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchas otras personas en 2020, expusieron con tal intensidad estas desigualdades violentas que algunos gobiernos locales consideraron la posibilidad de reducir el financiamiento policial y, en cambio, destinar más fondos a los servicios sociales. Muchos sectores de la sociedad estadounidense se empeñaron en reconocer el racismo estructural, al tiempo que declararon su convicción de que “las vidas negras importan”.
Es necesario que estos pronunciamientos y esta nueva toma de conciencia sobre el impacto del racismo estructural en EE. UU. propicien cambios de fondo y no terminen siendo meros actos de contrición. Los gobiernos locales, estatales y federal deben avanzar más allá de las reformas tibias que plantean la Ley sobre Justicia en la Actuación Policial y la Ley de Justicia, que se trataron en el Congreso de EE. UU. en 2020 pero no fueron aprobadas, y repensar la seguridad pública desde la óptica de la salud comunitaria. Los vecindarios con soluciones habitacionales adecuadas, oportunidades económicas, servicios de salud compasivos y educación de calidad son los que están más preparados para que haya seguridad. Los vecindarios donde no se den estas condiciones básicas no mejoran con una intervención agresiva de las fuerzas de seguridad. Gran parte del dinero que se destina a actuación policial, persecución penal y medidas punitorias sería más útil si se invirtiera en las comunidades y se destinara a resolver de manera directa los problemas vinculados con la pobreza.
El movimiento que promueve las reparaciones por la esclavitud, la segregación y la discriminación persistente cobró renovado impulso con la ola de protestas. Resolver las tensiones raciales y crear una sociedad igualitaria no será posible sin entender cómo las estructuras e instituciones jurídicas violentas pasadas y actuales, como la esclavitud y el encarcelamiento masivo, crearon las bases para las desigualdades que existen hoy, o sin reparar esos daños. La rendición de cuentas por las muertes causadas por policías es apenas una parte de lo que se necesita. El gobierno y el pueblo estadounidenses deben abordar de manera genuina los perjuicios actuales e históricos causados a las personas negras y remediar esa situación. Esto es indispensable para que haya justicia, y sin justicia no terminarán las revueltas que empezaron en el verano de 2020.
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Su pueblo y sus líderes pueden elegir la senda de la justicia y los derechos humanos —un marco que contribuirá a trazar el rumbo para la justicia racial— y revertir el encarcelamiento masivo y las actuación policial opresiva, al tiempo que se invierte en apoyar a las comunidades negras y de bajos recursos, es decir, la senda de la remediación y la reparación. O pueden reafirmar las estructuras racistas en la sociedad, encubrirlas con reformas superficiales, negar la historia y mantener este rumbo destructivo que es el resultado de años de inacción.