• El calor extremo propiciado por el cambio climático y las respuestas gubernamentales inadecuadas causaron graves dificultades a las personas con discapacidad durante las olas de calor que se registraron en el año 2022 en España, según indica un estudio andaluz.
• Las personas con discapacidad a menudo son algunas de las más afectadas en situaciones de emergencia, como una ola de calor; sin embargo, son las que tienen menos posibilidades de acceder a apoyo.
• Ante la mayor intensidad y frecuencia de las olas de calor que se avecinan, las autoridades deberían aprender de las falencias del año pasado e involucrar a las personas con discapacidad en el desarrollo de un plan de acción climática.

(Bruselas) – El calor extremo exacerbado por el cambio climático y la respuesta gubernamental inadecuada causan graves dificultades y angustia a las personas con discapacidad, señaló hoy Human Rights Watch a partir de un estudio sobre la respuesta durante el verano de 2022 en Andalucía, España.

Cada vez más personas se enfrentan al riesgo de estrés e incluso muerte por calor a medida que aumentan las temperaturas promedio en todo el mundo, y se pronostican más olas de calor para el sur de Europa, según lo señaló el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las personas con discapacidad a menudo se encuentran entre las más gravemente afectadas durante una emergencia, incluidas las olas de calor, y sin embargo son las que tienen menos posibilidades de acceder a apoyo. Estos impactos desproporcionados son el resultado de una variedad de factores, como la falta de inclusión en la planificación ante emergencias y la adaptación, la comunicación inadecuada de emergencias, los problemas de accesibilidad, el aislamiento y la marginación económica.

“Las personas con discapacidad corren un alto riesgo de sufrir daños por la exposición al calor extremo, incluido el riesgo de muerte y de malestar físico, social y de la salud mental, especialmente cuando tienen que hacer frente a temperaturas peligrosas por su cuenta”, explicó Jonas Bull, investigador asistente de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Ante la mayor intensidad y frecuencia de las olas de calor que se avecinan, las autoridades de Andalucía deberían extraer enseñanzas de las fallas del año pasado e involucrar a las personas con discapacidad en el desarrollo de un plan de acción climática y de respuesta a olas de calor que sea inclusivo”.

Entre junio y agosto de 2022, muchos países europeos, incluido España, experimentaron olas de calor récord. No existen datos sobre cuántas personas con discapacidad fallecieron debido a las temperaturas extremas. Según el Instituto de Salud Carlos III, el principal organismo gubernamental español de estadísticas de salud, los datos sobre mortalidad relacionados con temperaturas extremas no se recopilan en función de la discapacidad. Sin embargo, los datos gubernamentales están diferenciados por edad e indican que más del 98 % de las cerca de 4.600 muertes relacionadas con el calor en España en ese período fueron personas de 65 años o más. Esto habría incluido a muchas personas con discapacidad, ya que más de la mitad de las personas con discapacidad registradas en España tienen al menos 65 años.

Human Rights Watch entrevistó a 33 personas con discapacidad en las ciudades de Sevilla y Córdoba, y en zonas cercanas de Andalucía. Sevilla y Córdoba, al igual que varias de las grandes ciudades andaluzas, son propensas a los “efectos de las islas de calor urbanas” que incrementan las temperaturas en los entornos urbanos, y de hecho las han experimentado.

La mayoría de las personas con discapacidad entrevistadas indicaron que las olas de calor del año 2022 tuvieron un impacto negativo grave en su salud física. Refirieron niebla mental, dificultad para respirar, presión arterial baja, mareos, debilidad, privación del sueño, retención de líquidos, infecciones y pérdida del conocimiento. La mayoría manifestó que las olas de calor también afectaron su salud mental. Mencionaron además que la soledad y el aislamiento social que sienten se profundizan durante el calor extremo, cuando se ven obligadas a permanecer en sus casas por períodos largos. Varios estudios concluyeron que las personas con discapacidad experimentan tasas más elevadas de soledad y aislamiento social que las personas sin discapacidades. El aislamiento social se asocia con mayores riesgos relacionados con el calor, incluida la mortalidad.

El Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud de 2022 no reconoce de manera explícita a las personas con discapacidad como un grupo más susceptible a los efectos negativos del calor extremo ni define acciones específicas excepto para quienes viven en instituciones. Del mismo modo, si bien el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2022 menciona a la discapacidad como un “factor de riesgo”, no formula acciones específicas que sean necesarias para hacer frente a tales riesgos.

Según lo que Human Rights Watch ha podido determinar, las personas con discapacidad o las organizaciones que las representan no estuvieron involucradas en el desarrollo del plan de acción de Andalucía para las olas de calor. Consultar a personas con discapacidad habría contribuido a asegurar que sus derechos se ejercieran durante una ola de calor y habría mitigado un sufrimiento evitable, explicó Human Rights Watch.

Todas las personas con discapacidad entrevistadas afirmaron sentirse relegadas por las autoridades locales. “Me siento abandonada por el gobierno”, expresó Laura Sánchez, una mujer de 41 años con discapacidad física de Sevilla.

En agosto de 2022, las autoridades andaluzas indicaron que contactaron en forma telefónica a 12.000 personas y realizaron algunas visitas domiciliarias para velar por la seguridad y protección de las personas más expuestas a riesgos, incluidas personas adultas mayores y personas con condiciones de salud mental. Sin embargo, ninguna de las personas entrevistadas dijo haber sido contactada por algún organismo gubernamental con respecto a cómo estaban sobrellevando la situación. Señalaron que se sentían excluidas porque la información general sobre las olas de calor y el calor extremo que se brindaba en Internet y en los medios de comunicación no abordaba sus necesidades y derechos específicos. El Servicio Andaluz de Salud dijo a Human Rights Watch que no cuenta con datos sobre cuántas de las 12.000 personas que fueron contactadas tienen alguna discapacidad.

Las autoridades municipales de Sevilla y Córdoba pusieron a prueba el uso diurno de los centros de enfriamiento durante 2022 para asistir a las personas más expuestas, pero funcionarios de la ciudad afirmaron que los centros no se utilizaron de manera suficiente. Diversos estudios sugieren que la eficacia de los centros de enfriamiento depende de múltiples factores, como que haya infraestructura e información accesibles. Las ciudades deben desarrollar todas las iniciativas orientadas a reducir el calor urbano en consulta con aquellas personas que estén más expuestas al riesgo de los efectos negativos del calor extremo y el cambio climático, apuntó Human Rights Watch.

Había información importante relacionada con las olas de calor que no fue en general accesible. El Servicio Andaluz de Salud, funcionarios municipales de Sevilla y Córdoba y un integrante del Proyecto ProMETEO Sevilla, una coalición que fomenta la divulgación sobre los impactos de las olas de calor en la salud, reconocieron que, en 2022, la información relacionada con las olas de calor, incluidas las recomendaciones generales sobre protección, no se brindó en formatos accesibles para las personas con discapacidad, como el lenguaje de señas o formatos de lectura fácil.

La pobreza es otro factor de riesgo, que exacerba el calor y su impacto sobre muchos residentes de Andalucía, una de las comunidades autónomas con mayor pobreza de España. Según investigaciones y lo señalado por activistas ambientales en Andalucía, muchos residentes que experimentan pobreza viven en edificios que tienen aislamiento deficiente y donde faltan espacios verdes, dos factores que contribuyen a los riesgos para la salud relacionados con el calor. Los cortes de energía en los barrios con mayor pobreza de Andalucía pueden afectar más y con mayor severidad a las personas con discapacidad porque es posible que no puedan usar ascensores, cargar dispositivos relacionados con la discapacidad o mantenerse frescas con ventiladores eléctricos o equipos de aire acondicionado.

María C. (seudónimo), de 66 años, quien tiene una discapacidad y vive en uno de los vecindarios con mayor pobreza de Sevilla, tiene dificultades para pagar su factura de electricidad. En julio de 2022, el mes más caluroso registrado hasta el momento en España, se interrumpió su servicio eléctrico. “Esa semana, fue realmente mala”, contó. “No abrí la nevera porque no quería que la fruta se me estropeara, no pude usar hielo para mantenerme fresca y no podía usar el ventilador del dormitorio”. El corte del servicio de energía se produjo a pesar de que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 prohíbe la interrupción del suministro energético por cualquier motivo durante temperaturas extremas.

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), España y sus comunidades autónomas deben garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad durante los desastres naturales y protegerlas de las amenazas razonablemente previsibles para la vida, incluido como resultado del cambio climático. Además, los gobiernos tienen la obligación de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas, y esto comprende las respuestas gubernamentales ante fenómenos meteorológicos extremos.

Las autoridades deben investigar y monitorear de manera exhaustiva los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático, como las olas de calor, y diferenciar datos por edad, discapacidad y otros factores, señaló Human Rights Watch.

“Las autoridades andaluzas deberían reconocer al calor extremo como una amenaza fundamental para su población y a las personas con discapacidad como un grupo de mayor riesgo ante el calor extremo”, aseveró Bull. “Si su situación se maneja de manera inadecuada, como ocurrió durante las olas de calor de 2022, sin formular acciones específicas para proteger a las personas con discapacidad, estas personas seguirán soportando de manera desproporcionada las peores consecuencias de la crisis climática”.

Metodología

Entre marzo y abril de 2023, Human Rights Watch entrevistó a 33 personas con discapacidad, entre ellas tres personas mayores y dos menores; 23 representantes de organizaciones de derechos de las personas con discapacidad, organizaciones ambientales, activistas climáticos y otras organizaciones de la sociedad civil; tres investigadores universitarios; y un psiquiatra. Human Rights Watch también se reunió con funcionarios gubernamentales a nivel nacional, regional y local.

Acciones y planes de adaptación al clima en respuesta al calor extremo

Los eventos extremos, incluidas las olas de calor, ya se han intensificado y seguirán aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. Los científicos especializados en clima han confirmado un aumento en la temperatura media y el calor extremo en el sur de Europa, incluida España. Aun si las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran rápidamente, se espera que Andalucía se enfrente a aumentos progresivos de la temperatura. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático anticipa que, sobre la base de los compromisos actuales asumidos por los gobiernos para reducir las emisiones, el calentamiento global superará los 1,5 grados Celsius en relación a los valores del período 1850-1900 durante la primera mitad de la década de 2030, y posiblemente incluso en la década de 2020, si las emisiones globales siguen siendo muy altas.

Ante estos escenarios, se anticipa que algunas de las temperaturas extremas de calor más fuertes de Europa se registrarán en el sur de Europa, incluida España. En 2021, España fue el quinto mayor emisor de la Unión Europea (UE) y las emisiones habían aumentado en comparación con el año 2020. La UE aspira a ser neutral en términos climáticos para el 2050 y reducir las emisiones en un 55 % para 2030, con respecto a los niveles de 1990.

España y Andalucía han adoptado planes para responder a los impactos generales del cambio climático, pero no abordan de manera suficiente los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, la política principal de España destinada a “promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España”, solo se refiere a los derechos de las personas con discapacidad cuando cita la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al mencionar que esta anima a las Partes a hacer uso de las aportaciones de los actores interesados, incluidas las personas con discapacidad.

Si bien el plan enumera acciones orientadas a proteger a las poblaciones “vulnerables”, no propone ninguna medida concreta para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad. En este tono, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2021-2030 no menciona los derechos de las personas con discapacidad, aunque sí hace una referencia general a los “colectivos vulnerables”.

En 2022, España y sus comunidades autónomas, que tienen facultades muy importantes en materia de salud pública, crearon planes para adaptarse a las olas de calor. El Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, que se activa cada verano de junio a septiembre, tiene como objetivo proteger a los grupos que considera que están particularmente en riesgo, como las personas mayores de 65 años, las personas con afecciones médicas y las personas que viven en instituciones residenciales, incluidos los albergues para personas sin vivienda.

Sin embargo, las personas con discapacidad en general no están cubiertas, excepto las que viven en instituciones. El Servicio Andaluz de Salud indicó a Human Rights Watch que si bien no se menciona específicamente en el plan a las personas con discapacidad, serían incluidas en la respuesta junto con otras personas que se considera que pertenecen a grupos vulnerables.

El plan establece medidas preventivas, como compartir información a través de las redes sociales sobre cómo las personas pueden protegerse a sí mismas, y actividades concretas para el supuesto de tres niveles de alerta de calor, dependiendo de la gravedad del calor. También tiene como objetivo identificar de manera proactiva a las personas que se considera que están especialmente en riesgo. Y si se anticipa que una ola de calor dure cinco días o más, los organismos públicos locales deben ponerse en contacto con personas consideradas en riesgo particular y ofrecerles la opción de pasar el día en un centro de enfriamiento.

El Plan Nacional de Adaptación reconoce los impactos en la salud mental que tienen los eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, este plan y el plan de acción ante olas de calor de Andalucía no mencionan actividades concretas de apoyo a la salud mental de las personas durante las olas de calor, por ejemplo, ofrecer apoyo psicosocial o iniciativas para proteger específicamente a las personas con condiciones de salud mental existentes. Además, la Estrategia Nacional de Salud Mental 2022-2026 no menciona el impacto en la salud mental que tienen las olas de calor específicamente, ni el cambio climático de manera más general.

Impacto en la salud física

Diversos estudios muestran que las personas con discapacidad corren un riesgo particular de experimentar enfermedades y muerte relacionadas con el calor. Algunas personas tienen más probabilidades de tener condiciones de salud que pueden afectar la capacidad del cuerpo de responder al calor, mientras que otras pueden experimentar aislamiento social, lo que se asocia con mayores riesgos de calor. Estos riesgos aumentan cuando las personas no son incluidas en la respuesta ante la ola de calor del gobierno y enfrentan obstáculos en el acceso al apoyo. Human Rights Watch entrevistó a personas con diversas discapacidades, incluidas discapacidades intelectuales, físicas y psicosociales, con el objeto de recoger una variedad de perspectivas. La mayoría señaló que las olas de calor afectaron en forma significativa su salud física y expresaron temor a soportar mayores riesgos para la salud con el aumento de las temperaturas.

Leo Osorio, de 9 años, vive en las afueras de Sevilla con sus padres y su hermano Abraham, de 13 años, que tiene autismo. Leo tiene epidermólisis bullosa (EB), o piel de mariposa, una afección genética poco común que incrementa la fragilidad de la piel, la cual puede generar ampollas con el más mínimo roce. En 2022, se quedó en casa los meses de julio y agosto. Dijo al respecto: “Debía tener todo el tiempo el aire acondicionado encendido porque me afecta el calor, y todas mis lesiones empeoran”.

Su madre, Lidia Osorio, contó que tenía que rociar a Leo con agua mineral para mantener húmeda su piel. Ella considera que el gobierno se olvidó de ellos, porque no recibieron información específica sobre cómo protegerse durante las olas de calor y no fueron contactados por ningún servicio relacionado con el calor. Teme que la ola de calor de este año sea peor que la anterior.

Juan Manuel Ramírez Montesinos, de 47 años, tiene una discapacidad física y vive en un departamento en Sevilla. Desearía tener un apoyo de salud más adecuado para sobrellevar en general el calor extremo, y no solo en casos de emergencia. Describió una experiencia que tuvo cuando la temperatura superó los 40 grados Celsius:

Mi cuerpo cambia muchísimo con cada variación de dos o tres grados, y las temperaturas altas realmente me afectan. El calor extremo me baja la presión arterial. Mi principal problema con el calor es la retención de líquidos; se me hinchan los pies y las piernas, así que no puedo salir.

Esther la Forge, de 34 años, quien tiene una discapacidad física y vive en las afuera de Sevilla, señaló lo siguiente: 

El verano pasado, sufrí mucho el calor…. Necesito enfriar mi cuerpo, es como tener fiebre fuerte todo el tiempo. Es como si mi cuerpo me pidiera más energía que no tengo, hasta que colapso. 

Human Rights Watch entrevistó a seis personas con discapacidades psicosociales que toman medicamentos psicotrópicos y tuvieron dificultades para sobrellevar la situación. Las personas con discapacidades psicosociales están expuestas a mayor riesgo de muerte durante las olas de calor, entre otras cosas, debido a las dificultades para regular su temperatura corporal, así como a la estigmatización y la exclusión social, que podrían limitar su acceso a redes de apoyo.

Marta H. (seudónimo), quien vive en Sevilla, tiene una discapacidad psicosocial y presión arterial baja, y comentó:

Me recuerdo a mí misma que tengo que reducir al mínimo la [ingesta de] medicación debido a las olas de calor. Conozco mis síntomas, y cuando me siento mal, sé cómo tratarme. Pero hay [otras] personas con condiciones de salud mental que no reconocen los síntomas y podrían medicarse en exceso.

Ninguna de las personas con discapacidad entrevistadas había recibido asesoramiento médico sobre cómo sobrellevar las olas de calor. Human Rights Watch habló con un psiquiatra de Sevilla que cree que los profesionales médicos no están suficientemente informados sobre los riesgos que enfrentan las personas con discapacidades psicosociales durante períodos de calor extremo. Tanto él como todas las personas con discapacidad entrevistadas señalaron que las recomendaciones generales sobre protecciones que se transmitieron a través de las redes sociales o de medios tradicionales tampoco contenían ningún consejo específico.

Impacto en la salud mental

Casi todas las personas con discapacidad entrevistadas manifestaron sentirse emocionalmente abrumadas durante las olas de calor, y describieron el impacto negativo en la salud mental que tuvieron las medidas de protección y la ausencia de iniciativas específicas. Mencionaron que experimentaban depresión, resignación, ansiedad y perturbación; una persona contó que tuvo pensamientos suicidas. Esto coincide con estudios que sugieren que hay un aumento en el riesgo de suicidio y en los ingresos en hospitales relacionados con problemas de salud mental durante las épocas de altas temperaturas.

Carla S. (seudónimo), de 74 años, quien tiene una discapacidad psicosocial y vive en Córdoba, dijo: “Cuando hace calor, siento ansiedad y estoy irritable. En esas etapas, sientes que deseas terminar con tu vida”.

Una recomendación frecuente que hacen las autoridades locales, regionales y nacionales es que las personas se mantengan frescas, lo que incluye evitar salir durante el día. Si bien estas medidas pueden salvar vidas, las personas con discapacidad expresaron sentir aislamiento y soledad cuando se resguardaron en sus casas durante períodos prolongados y sin compañía. Este hallazgo resulta particularmente alarmante ante el aumento de las temperaturas, la probabilidad creciente de olas de calor debido al cambio climático y la exclusión del apoyo de salud mental en los planes de acción ante olas de calor. Las autoridades deben intensificar los esfuerzos destinados a apoyar a las personas con discapacidad que se resguardan en sus hogares, por ejemplo, brindando servicios de asistencia más focalizados.

“Si hace demasiado calor, no me veo con amistades”, afirmó Blanca, de 25 años, quien tiene discapacidad intelectual y vive en un departamento en Córdoba. “Durante las olas de calor me siento abrumada. Realmente me siento encerrada”.

Marta H. también mencionó el “círculo vicioso” que generan las olas de calor: “La apatía hace que te quedes todo el día en casa, recostada en el sofá, y luego sientes cansancio, depresión, no quieres salir, y es un problema interminable”.

Raúl Rodríguez Camacho, de 53 años, tiene una discapacidad psicosocial y vive con sus padres, de 81 y 91 años, en un departamento de Sevilla. Para evitar el calor del verano, sus padres se quedan en una casa cerca del mar mientras que Raúl permanece en Sevilla por motivos laborales. Dijo al respecto:

Cuando mis padres van a la costa me siento deprimido. Me pongo sumamente nervioso por cuestiones de la vida y el trabajo, y mi estrés empeora durante las olas de calor... Todos los problemas de mi vida son más difíciles de sobrellevar durante las olas de calor.

Experiencias de pobreza

Durante el calor extremo, el acceso a la energía es fundamental para las personas con discapacidad, no solo para mantenerse frescas, sino también, por ejemplo, para poner en marcha dispositivos de asistencia. Diversos estudios sugieren que más de un tercio de las personas con discapacidad en España están en riesgo de pobreza y exclusión, lo que podría aumentar sustancialmente los riesgos que enfrentan durante el calor extremo. Esto resulta particularmente preocupante en Andalucía, que tiene una de las tasas de pobreza más altas entre las comunidades autónomas, hogares con facturas de energía superiores a la media nacional debido al aislamiento deficiente y condiciones climáticas extremas en verano e invierno, además de cerca de 1 millón de personas que enfrentan pobreza energética.

España define a la pobreza energética como una situación en la cual se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y, en su caso, por disponer de una vivienda ineficiente en energía. Distintas investigaciones concluyeron que la pobreza energética puede agravar los riesgos para la salud durante las olas de calor.

Las personas que no están en condiciones de pagar la factura de electricidad pueden solicitar apoyo estatal adicional. El bono social de electricidad de España cubre un determinado porcentaje de la factura eléctrica en función del grado de “vulnerabilidad” del hogar. Sin embargo, esta cantidad podría ser insuficiente. Ante el calor extremo, Lidia Osorio dijo que su familia solo puede permitirse encender el aire acondicionado en la habitación de Leo por la noche, a pesar de que reciben el bono social para pagar las facturas de electricidad.

Representantes de organizaciones no gubernamentales e investigadores universitarios señalaron que las personas en España que experimentan pobreza a menudo viven en vecindarios con mal aislamiento edilicio y falta de árboles y parques, y que todo esto incrementa los riesgos del calor extremo. El coordinador de una organización benéfica religiosa que ayuda a personas en un vecindario económicamente marginado de Sevilla señaló que los residentes viven en departamentos chicos con paredes delgadas y ventanas pequeñas que no son eficientes en términos energéticos, y muchos no pueden pagar la factura de electricidad.

La marginación económica y la inseguridad de los ingresos también pueden afectar la posibilidad de las personas de sobrellevar las olas de calor. María (seudónimo) vive en una parte de Sevilla con menos recursos económicos, que anteriormente estuvo afectada por cortes de energía. A finales del verano de 2022, una organización benéfica religiosa le entregó una unidad de aire acondicionado, pero le preocupa no poder usarla: “Estamos matando a la Tierra”, dijo. “Estoy desesperada, no sé qué hacer”.

Durante las olas de calor de 2022, varios vecindarios de bajos ingresos tuvieron cortes de energía, entre otras causas, por la sobrecarga de las redes eléctricas y por la falta de infraestructura suficiente. La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía denunció que el gobierno no había resuelto los cortes de energía, que presuntamente ocurrieron solo en vecindarios pobres. En agosto de 2022, el Defensor del Pueblo Andaluz advirtió que los apagones durante una ola de calor son un “problema grave de salud pública y una vulneración del derecho de las personas a acceder y disfrutar de un servicio esencial como es el suministro de energía” (traducción no oficial).

Recomendaciones

Al Gobierno andaluz:

• Evaluar y revisar el Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud con la participación genuina de las personas afectadas de manera más negativa, incluidas las personas con discapacidad y los grupos que las representan, en particular quienes tienen experiencias concretas de lidiar con el calor extremo, a fin de que la planificación futura proteja los derechos de las personas con discapacidad.
• Establecer un mecanismo para dar seguimiento a la implementación del Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, en particular con el objetivo de evaluar el acceso de las personas con discapacidad a las acciones relacionadas con las olas de calor.
• Garantizar la protección de las personas con discapacidad ante cualquier fenómeno meteorológico extremo, en consonancia con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Garantizar que el diseño, la planificación y la implementación de todas las políticas y los planes sobre eventos meteorológicos extremos y cambio climático sean inclusivos.
• Establecer servicios específicos de divulgación y otros servicios de apoyo para las personas con discapacidad que tomen en cuenta a aquellas personas que enfrentan aislamiento social o marginación económica, incluso durante las olas de calor.
• Garantizar un suministro de energía ininterrumpido durante temperaturas extremas.
• Proporcionar métodos de difusión de mensajes de emergencia y programas de preparación y respuesta ante emergencias que sean inclusivos y accesibles para todas las personas.
• Desarrollar métodos y programas para reducir el impacto negativo de las olas de calor manteniendo consultas con personas con discapacidad y los grupos que las representan.
• Incrementar las renovaciones de los edificios de viviendas para que estas sean más eficientes desde el punto de vista energético, enfocando los esfuerzos en los vecindarios que tengan mayores riesgos de impactos adversos ante las olas de calor, y cerciorarse de que las personas con discapacidad tengan acceso a estos programas.
• Adoptar medidas concretas para asegurar la participación genuina de las personas con discapacidad en foros regionales que abordan el cambio climático o los derechos de las personas con discapacidad, como el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.
• Recopilar y publicar en forma periódica datos sobre el impacto de las olas de calor, incluidos datos sobre mortalidad vinculada con el calor, y desglosar estos datos por edad, discapacidad y otras categorías pertinentes.

A los gobiernos municipales:

• Ordenar que se lleve a cabo una planificación urbana que mejore la resiliencia ante las olas de calor, entre otras cosas, promoviendo los espacios verdes en los vecindarios residenciales.
• Asegurar que la planificación de la sostenibilidad urbana se ajuste a estándares de diseño universal, entendidos como el desarrollo de un entorno que sea accesible para todos en la mayor medida posible, con independencia de la discapacidad.
• Involucrar de manera genuina y por igual a las personas con discapacidad en las negociaciones y conversaciones sobre el cambio climático, incluso en la preparación de información relacionada con el calor en múltiples formatos que sean accesibles para todas las personas.

Al Instituto de Salud Carlos III:

• Recopilar y publicar en forma periódica datos sobre el impacto de las olas de calor, incluidos datos sobre mortalidad vinculada con el calor, y desglosar estos datos por edad, discapacidad y otras categorías pertinentes.
• Realizar un estudio sobre el impacto del calor extremo y otros fenómenos meteorológicos extremos para las personas con discapacidad y con la participación genuina de estas personas.
• Al presentar informes y recomendaciones al gobierno español sobre fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, incorporar las perspectivas, los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad con el objeto de asegurar su protección.