Saludamos el reciente informe del Alto Comisionado que destaca el continuo deterioro de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el cierre del espacio cívico “hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”.
Asimismo, hacemos eco de su llamado urgente a que el gobierno libere a todos los presos políticos y restituya la nacionalidad a todas las personas que arbitrariamente fueron despojadas de esta.
Estamos profundamente preocupados por el reciente cierre la Universidad Centroamericana (UCA), la universidad más grande del país y la vigésimo séptima en ser clausurada por el gobierno en años recientes. Asimismo, más de 3.400 organizaciones no gubernamentales, incluyendo grupos de derechos humanos, religiosos y humanitarios, han sido cerrados, lo cual representa el 50% de las organizaciones no gubernamentales del país, según las cifras oficiales más recientes. 79 críticos del gobierno siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos, el obispo Rolando Álvarez. Los defensores de derechos humanos y periodistas que todavía permanecen en el país corren un alto riesgo.
La comunidad internacional, especialmente los gobiernos latinoamericanos, deberían adoptar medidas audaces para contribuir a una transición democrática que garantice los derechos humanos en Nicaragua.
Instamos a todos los gobiernos a trabajar para establecer un “Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense”, como han solicitado recientemente 180 víctimas del gobierno nicaragüense, 20 organizaciones no gubernamentales nicaragüenses y 9 grupos internacionales de derechos humanos. El Grupo de Amigos debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia para frenar los abusos, proporcionar vías para la rendición de cuentas y presionar por elecciones libres y justas.
