(São Paulo) – La penalización del aborto es incompatible con las obligaciones de Brasil en materia de derechos humanos, afirmó hoy Human Rights Watch al presentar memoriales de amicus curiae en dos casos ante el Supremo Tribunal Federal. Human Rights Watch señaló que el Tribunal debería avanzar hacia la despenalización del aborto.
El aborto es legal en Brasil solamente en casos de violación, cuando resulta necesario para preservar la vida de la mujer o cuando el feto presenta anencefalia, una malformación cerebral congénita. Las mujeres y las niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia pueden recibir condenas de hasta tres años de prisión, mientras que las penas para quienes practican los abortos pueden ser de hasta cuatro años. El 24 de agosto de 2016, en un caso presentado ante el Supremo Tribunal Federal, la Asociación Nacional de Defensores Públicos impugnó la penalización del aborto en el contexto de la epidemia del virus Zika con el argumento de que las mujeres que veían afectada su salud mental por haber contraído el virus durante el embarazo deberían tener la opción de interrumpirlo. En marzo de 2017, el Partido Socialismo y Libertad inició una acción por separado, en la cual impugnó la penalización del aborto por cualquier motivo durante las primeras 12 semanas de gestación.
“La criminalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas el derecho de tomar decisiones absolutamente personales sobre su salud y su vida, y amenaza un amplio espectro de derechos humanos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Supremo Tribunal tiene una oportunidad para adecuar las leyes de Brasil a sus obligaciones internacionales”.
Los tratados internacionales de derechos humanos exigen que los gobiernos respeten los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos reproductivos. Interpretaciones autorizadas de estos tratados por parte de expertos de las Naciones Unidas instan a eliminar las sanciones penales al aborto. Los gobiernos deberían adoptar medidas, tanto inmediatas como progresivas, para garantizar que las mujeres tengan acceso, con la información necesaria y sin obstáculos, a servicios de aborto seguros y legales, sostuvo Human Rights Watch.
La penalización del aborto en Brasil afecta desfavorablemente a numerosos derechos humanos, como los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la no discriminación y la igualdad, a la privacidad y a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los memoriales de amicus curiae analizan las obligaciones de Brasil, basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, de reformar las leyes restrictivas sobre aborto.
Durante más de una década, órganos y expertos de derechos humanos de la ONU han criticado a Brasil por establecer restricciones punitivas al aborto, y han instado al gobierno a reformar estas leyes. En 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que Brasil debería “[d]espenalizar el aborto en todas las circunstancias y revisar su legislación para asegurar el acceso a servicios seguros de aborto y atención posterior al aborto”. En 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU manifestó que Brasil debía “aceler[ar] la revisión de la legislación que penaliza el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a las mujeres”.
A través de los medios de comunicación se ha señalado que, solamente en 2014, al menos 33 mujeres fueron detenidas por haberse sometido a abortos. Siete de ellas habían sido denunciadas por médicos después de que acudieran a hospitales para solicitar atención después del aborto. Un informe indicaba que una de estas mujeres había pasado tres días esposada a una cama de hospital.
No hay evidencias de que reformar las leyes para facilitar abortos seguros aumente la tasa ni la cantidad de abortos. En cambio, estas reformas sí permiten que los abortos sean más seguros. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que eliminar las restricciones reduce la mortalidad materna provocada por abortos inseguros.
“Iniciar acciones judiciales contra mujeres que se someten a un procedimiento seguro y que debería estar incluido en servicios de salud integrales es una medida cruel y constituye un uso indebido de la legislación penal”, manifestó Vivanco. “La decisión de interrumpir un embarazo es difícil para cualquier mujer, y debe tomarla junto con las personas que ella desea involucrar, como su médico, sus familiares o sus amigos; no con un fiscal”.
Las leyes brasileñas que restringen el aborto son perjudiciales para la salud pública, afirmó Human Rights Watch. Las mujeres y niñas que no pueden evitar un embarazo no deseado tienen muy pocas alternativas y muchas optan por abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida. Según datos oficiales, el aborto fue la causa directa de 55 muertes maternas en Brasil en 2014, y 69 en 2015.
Es muy probable que estas cifras no sean suficientemente representativas de las consecuencias de la penalización del aborto para la salud y la vida de las mujeres. Se estima que, sólo en 2015, en Brasil se realizó medio millón de abortos, y prácticamente todos fueron ilegales. Los procedimientos clandestinos suelen provocar complicaciones y la necesidad de recibir atención después del aborto. Human Rights Watch entrevistó a médicos que el año pasado trataron a mujeres y niñas que habían recurrido al ácido cáustico u otros métodos inseguros para intentar inducir un aborto.
En contraposición con ello, las complicaciones posteriores a un aborto son poco comunes cuando el procedimiento es llevado a cabo por un proveedor de atención médica idóneo, en condiciones sanitarias adecuadas.
“Brasil debería despenalizar el aborto para afrontar la crisis de salud pública que ha generado el aborto ilegal, y proteger la salud y la seguridad de las mujeres”, señaló Vivanco. “La decisión de abortar es una decisión que debe tomar cada mujer sin sanciones ni interferencias por parte del gobierno ni de ninguna otra persona”.
