(Austin) – Las persecuciones peligrosas contra vehículos en los que se cree que viajaban migrantes en el marco del programa Operación Lone Star del gobierno de Texas provocaron incidentes en los que fallecieron al menos 74 personas y, como mínimo, otras 189 resultaron heridas en un período de 29 meses, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los hallazgos indican que la tasa mensual de fatalidades es al menos un 45 % más alta que la informada previamente por medios de comunicación y organizaciones de derechos civiles, y que las lesiones y la destrucción de bienes son considerablemente más graves.
El informe de 77 páginas, “Mucha sangre en el piso”: Persecuciones vehiculares peligrosas y letales en la Operación Lone Star de Texas (‘So Much Blood on the Ground’: Dangerous and Deadly Vehicle Pursuits under Texas’ Operation Lone Star”) documenta el aumento en las persecuciones de vehículos por parte de policías estatales (troopers) del Departamento de Seguridad Pública de Texas y agentes locales de seguridad pública en los 60 condados de Texas más afectados que implementan el programa Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott. Los registros revelan que, en varios condados, las persecuciones vehiculares innecesarias aumentaron en más del 1,000 % desde que comenzó el programa. Human Rights Watch determinó que los residentes de estos condados se ven afectados de manera desproporcionada por persecuciones y accidentes vehiculares por parte de las fuerzas de orden público.
“No hay necesidad de que la policía esté circulando de manera tan descontrolada por las carreteras de Texas, provocando accidentes y choques contra coches, viviendas e incluso contra las y los texanos”, expresó Alison Parker, subdirectora para EE. UU. de Human Rights Watch. “La Operación Lone Star de Texas está potenciando una situación de caos, miedo y violaciones de derechos humanos contra personas texanas y migrantes, en lo que podría ser una forma cínica de conseguir logros políticos, pero que sin duda no es una forma responsable de conducir un gobierno”.
Human Rights Watch analizó datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas obtenidos a través de solicitudes de registros estatales desde marzo de 2021, cuando comenzó la Operación Lone Star, hasta julio de 2023. Del total de más de 5.200 persecuciones de vehículos documentadas en las cuales policías estatales del Departamento de Seguridad Pública de Texas participaron en los 254 condados de Texas durante ese período, casi 3.600, o más las dos terceras partes, ocurrieron en los 60 condados de la Operación Lone Star que incluyen al 13 % de la población del estado. Al menos siete persecuciones resultaron en lesiones a agentes de aplicación de la ley.
“La Operación Lone Star somete a presión indebida a las fuerzas del orden para que persigan automóviles, a veces con una justificación muy endeble, lo cual ha tenido como resultado la muerte de conductores, pasajeros e incluso transeúntes”, señaló a Human Rights Watch la consultora Norma Herrera, que trabaja en Texas. “El análisis que realizamos de casos ocurridos a lo largo de 29 meses identificó que al menos siete transeúntes fallecieron en estos accidentes automovilísticos, incluida una niña de 7 años de edad que había salido a tomar un helado con su abuela”.
La Operación Lone Star es un programa pluridimensional de militarización de la frontera que ha costado a los residentes de Texas USD 10.000 millones en fondos gastados y asignados. Hace poco, el programa recibió amplio repudio internacional por instalar alambres de púa y boyas con sierras circulares en el Río Grande o en sus proximidades para impedir que migrantes ingresen en Estados Unidos. El programa también incluye el arresto y procesamiento de personas por cargos estatales de ingreso ilegal en propiedad privada o contrabando, en los que se produjeron detenciones prolongadas y, a menudo, acciones dirigidas específicamente a jóvenes texanos. En el curso de las acciones para llevar a cabo arrestos como parte de la Operación Lone Star, policías estatales de Texas y fuerzas locales de aplicación de la ley con frecuencia persiguen vehículos por infracciones de tráfico menores, concluyó Human Rights Watch.
Human Rights Watch determinó que el 81 % de las persecuciones de vehículos en los condados de la Operación Lone Star se iniciaron debido a una infracción de tránsito, el 97 % de estas eran delitos menores como exceso de velocidad o no obedecer señales de tránsito. Human Rights Watch concluyó que la velocidad máxima promedio durante las persecuciones fue de 91 millas por hora, y que en un tercio hubo velocidades de más de 100 millas por hora.
Algunos miembros actuales y anteriores de las fuerzas de seguridad pública de Texas entrevistados para el informe mencionaron formas alternativas en las que se podría interceptar a personas sospechadas de algún delito, como el uso de los datos de la matrícula y evidencias obtenidas por helicópteros. Estos expertos expresaron la opinión de que no era necesario llevar a cabo persecuciones a gran velocidad para investigar y aprehender a personas sospechadas de transportar migrantes.
“Los texanos queremos que nuestro gobierno nos demuestre que puede hacer su trabajo, pero la Operación Lone Star y estas persecuciones vehiculares peligrosas y letales están llevando sensación de caos y falta de humanidad a mi vecindario y a mi estado”, expresó Amerika García Grewal, miembro de la comunidad de Eagle Pass e integrante de la Eagle Pass Border Coalition. “Quisiera que las fuerzas de seguridad pública de Texas dejen de matar a personas y que termine la Operación Lone Star. Este no es el tipo de gobierno que necesita mi comunidad”.
El gobernador Abbott ha procurado justificar la Operación Lone Star alegando que es necesaria para disuadir la migración y desbaratar a los cárteles implicados en contrabando de drogas, pero incluso para sus propios estándares, la misión ha sido en gran medida un fracaso. En julio de 2023, el medio Wall Street Journal concluyó que la parte de la frontera que ha sido destinataria de estas medidas ha tenido el aumento más rápido en la migración no autorizada en el estado desde que comenzó el programa.
Un artículo publicado por Texas Tribune en marzo de 2022 reveló que los datos citados por el gobernador correspondían a incautaciones de drogas en todo el estado, y no a aquellas vinculadas únicamente con la Operación Lone Star. De hecho, el programa ha incrementado sustancialmente las ganancias que obtienen contrabandistas y cárteles de drogas, que ahora pueden cobrar incluso más por ayudar a las personas migrantes a cruzar un terreno cada vez más peligroso.
En vez de poner fin a la Operación Lone Star, la legislatura de Texas, en dos sesiones extraordinarias durante el mes de octubre, aprobó proyectos de ley para establecer un nuevo delito de “ingreso ilegal” contemplado en la ley estatal y aumentar las penas previstas para el delito de contrabando a un mínimo obligatorio de 10 años de cárcel, que en ambos casos tendrán como resultado el encarcelamiento desproporcionado de jóvenes texanos de color e intensificarán las presiones sobre las fuerzas de seguridad pública para que participen en persecuciones de vehículos peligrosas, dijo Human Rights Watch.
Las persecuciones vehiculares que se han dado en la Operación Lone Star tienen como resultado un índice de muertes más alto que la mayoría de las persecuciones a gran velocidad en todo el país, concluyó Human Rights Watch. La tasa anual de mortalidad por persecución de vehículos en los 60 condados estudiados fue de 1 cada 112.000 personas, ocho veces más alta que la tasa nacional de 1 cada 820.000 personas, calculada a partir de un estudio realizado por USA Today sobre persecuciones entre 1979 y 2013.
Los daños a la propiedad causados por persecuciones vehiculares también han aumentado en los condados en los que rige la Operación Lone Star. Las pérdidas promedio relacionadas con persecuciones eran de alrededor de USD 73,000 por mes antes del 1 de marzo de 2021, pero las pérdidas aumentaron a más de USD 177,000 desde esa fecha, lo cual implica un aumento del 142 %.
“La Operación Lone Star muestra un desprecio temerario hacia los derechos humanos más básicos por parte del estado de Texas”, apuntó Parker. “Si el gobierno de Texas no pone freno a este caos, el gobierno federal debería interrumpir el financiamiento federal a los organismos que implementan la Operación Lone Star y enviar a funcionarios de derechos civiles para que investiguen todas las instancias de abusos de derechos ocurridas en el marco del programa, empezando por el derecho a la vida”.
