El racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023. La tasa de pobreza nacional aumentó drásticamente tras la decisión de poner fin a un crédito tributario por hijos durante el período de la pandemia. La desigualdad económica también aumentó y la brecha de riqueza racial se mantuvo alta. La tasa de encarcelamiento también aumentó, a pesar de que la de EE.UU. ya es una de las más altas del mundo, con una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles.
De cara a su política exterior, Estados Unidos aseguró la rendición de cuentas de los violadores de los derechos humanos mediante sanciones selectivas y brindó su apoyo a mecanismos de justicia internacional como la investigación de la Corte Penal Internacional sobre el conflicto en Ucrania. Sin embargo, también socavó su compromiso declarado con los derechos humanos al proporcionar asistencia militar a Estados que violan los derechos humanos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden prohibió el uso gubernamental de software espía comercial abusivo y emitió algunas políticas destinadas a mejorar la equidad racial en los esfuerzos por abordar el cambio climático en el país y en el extranjero. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió decisiones que refuerzan las leyes destinadas a proteger el derecho al voto.
Sin embargo, los estados promulgaron un número cada vez mayor de leyes que restringen el acceso a la atención reproductiva, incluido el aborto, y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). El gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para limitar el calentamiento global, a pesar de que EE.UU. se encuentra entre los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Las autoridades estatales y federales continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas.
Un grupo de trabajo federal documentó el acoso y las amenazas que enfrentaron funcionarios electorales, revelando la necesidad de protegerlos mejor de la intimidación y de abordar la difusión de información errónea y desinformación.
Justicia racial
La brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años. Numerosos estudios han demostrado que es necesaria una intervención económica drástica, que incluya diferentes reparaciones, para abordar esta brecha, así como las continuas disparidades raciales en el acceso a una salud, nutrición, educación, empleo y vivienda adecuadas, entre otras cosas.
En mayo, Cori Bush, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presentó una resolución instando al gobierno federal a proporcionar reparaciones por la esclavitud y sus legados, y a respaldar las propuestas existentes como la ley H.R. 40, un proyecto de la Cámara que propone establecer una comisión federal para estudiar y hacer recomendaciones sobre reparaciones, que se ha presentado en cada sesión del Congreso desde 1989 pero aún no se ha aprobado. Los líderes del Congreso no llevaron a votación ni la nueva resolución ni el proyecto de ley de la Cámara.
Si bien los esfuerzos federales se estancaron, los estados han logrado cierto progreso en materia de reparaciones. En mayo, un grupo de trabajo sobre reparaciones de California, creado bajo el auspicio de la legislación de 2020, presentó propuestas de indemnización al gobernador del estado para que las tuviera en consideración. También en mayo, el estado de Washington promulgó una ley para crear un programa de asistencia para la compra de una vivienda dirigido a las personas directamente afectadas por contratos de vivienda racistas anteriores. En junio, la legislatura del estado de Nueva York aprobó un proyecto de ley para estudiar los impactos económicos de la esclavitud y el papel del gobierno en el apoyo a esa institución, pero en el momento de redacción de este informe, el gobernador no lo había firmado.
En julio, un juez de Oklahoma desestimó una demanda que buscaba indemnizaciones para los últimos tres sobrevivientes conocidos de la masacre racial de Tulsa de 1921. Las víctimas apelaron y, en agosto, el Tribunal Supremo de Oklahoma aceptó ver el caso. En octubre, murió Hughes Van Ellis, que a los 102 años era el más joven de los tres supervivientes.
Justicia económica
Después de dos años de reducciones históricas de la pobreza debido a la ampliación de la protección social en respuesta a la pandemia de Covid-19, la tasa de Medición Suplementaria de la Pobreza de EE.UU., que incorpora la influencia de la asistencia gubernamental y las diferencias geográficas en el costo de vida, aumentó dramáticamente, saltando de un 7,8 % en 2021 a un 12,4 % en 2022. La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene solo el 13 por ciento.
Después de considerar los impuestos y las transferencias gubernamentales, el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país.
Justicia penal
Estados Unidos tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional. A pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, este grupo sigue estando muy sobrerrepresentado en las cárceles y prisiones.
En 2021, el año más reciente para el que se dispone de datos, la tasa de personas recluidas en cárceles y prisiones de todo el país aumentó por primera vez desde 2005, aunque se mantuvo por debajo de los niveles prepandémicos.
Los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales. Estos últimos llamados fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública, a menudo generadas y manipuladas por las fuerzas del orden, a pesar de la evidencia sustancial del éxito de las reformas y las inversiones comunitarias.
Los gobiernos locales criminalizaron a las comunidades sin hogar en todo el país y ampliaron el tratamiento forzado o coaccionado para abordar el problema de las personas que viven en las calles.
La mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales. Hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas.
Justicia de menores
Los menores siguen siendo juzgados como adultos en los 50 estados, a pesar de que las normas internacionales repudian esta práctica. Los transferidos al sistema de adultos son desproporcionadamente jóvenes de color, y las disparidades raciales y étnicas persisten en casi todos los puntos de contacto con el sistema penal, incluidos los arrestos, la detención previa a la disposición y el encarcelamiento posterior a la sentencia.
En 2023, tres estados tomaron medidas para eliminar la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional (LWOP) para menores. En total, 33 estados y Washington DC, la han prohibido o no tienen a nadie cumpliendo esta condena. A pesar de este progreso, Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que sentencia a niños condenados por delitos a morir en prisión.
Trabajo infantil
En febrero, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó de un fuerte aumento de las violaciones en materia de trabajo infantil, y las investigaciones realizadas por los medios de comunicación mostraron que niños y niñas, a menudo inmigrantes no acompañados, trabajaban en condiciones peligrosas y de explotación, sacrificando su salud, seguridad y educación. Algunos estados tomaron medidas para reducir las protecciones contra el trabajo infantil. Exenciones de larga data en las leyes laborales estadounidenses permiten que menores de apenas 12 años trabajen legalmente en la agricultura, el sector más letal para las niñas y los niños trabajadores.
Política de drogas
Las muertes por sobredosis siguieron aumentando y alcanzaron un nuevo récord. Primero superaron las 100.000 en 2021 y aumentaron a 111.355 en el período de 12 meses que finalizó en abril de 2023. Las disparidades raciales en las muertes por sobredosis también continuaron ampliándose, y la tasa de muertes de personas negras superó a la de las personas blancas, debido en parte al sesgo racial en las políticas y en el acceso a tratamiento.
Las autoridades federales y estatales siguen dependiendo en gran medida de la criminalización para abordar el uso problemático de drogas, a pesar de que las estrategias de reducción de daños que ofrecen atención centrada en la salud y acceso a tratamiento voluntario han demostrado ser más efectivas.
En 2022, el gobierno de Biden se convirtió en la primera administración estadounidense en invertir en reducción de daños, pero se necesitan inversiones más fuertes y sólidas en enfoques centrados en la salud. En marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la naloxona, el primer medicamento sin receta médica utilizado para revertir la sobredosis de opioides.
Derechos de los inmigrantes y las comunidades fronterizas
La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo.
Bajo la nueva política, muchos solicitantes de asilo enfrentan deportaciones aceleradas, detenciones arbitrarias, procesamiento y una prohibición de regreso a EE.UU. de cinco años a menos que programen una cita en determinados puertos de entrada fronterizos terrestres de EE.UU. utilizando “CBP One” antes de cruzar la frontera. CBP One es una aplicación de teléfono de difícil acceso que a menudo no reconoce rostros con tonos de piel más oscuros. Este proceso puede llevar varios meses y expone a los solicitantes de asilo a ataques sistemáticos por parte de cárteles y funcionarios del gobierno mexicano por secuestro, extorsión, agresión sexual y otros daños.
Como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas.
En junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, intensificó su ya despiadada estrategia fronteriza instalando alambre de púas y boyas con sierras circulares en el Río Grande o en sus alrededores. Bajo la Operación Lone Star, las persecuciones de vehículos a alta velocidad y los accidentes que causan en comunidades de todo el sur de Texas son una amenaza para la seguridad pública, con consecuencias perjudiciales tanto para los pasajeros migrantes como para los residentes de Texas. Human Rights Watch reveló que al menos 74 personas han muerto y 189 han resultado heridas desde que se lanzó la política en marzo de 2021.
Democracia
La batalla por defender la democracia multirracial en Estados Unidos continuó a lo largo de 2023. En junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Allen contra Milligan, anuló los mapas manipulados por el Congreso de Alabama, reafirmando que la discriminación racial en las leyes, mapas y prácticas electorales es ilegal. También en junio, el Tribunal Supremo, en Moore contra Harper, confirmó el derecho de las personas en EE.UU. a buscar reparación por violaciones del derecho al voto en los tribunales estatales. Sin embargo, al menos 14 estados aprobaron leyes en 2023 que dificultan la votación.
Los legisladores estatales continuaron socavando la democracia al prohibir libros y aprobar leyes que restringen los debates veraces en el aula sobre raza, historia, orientación sexual y género. Esta censura tiene el potencial de mermar la participación cívica al borrar las estimulantes historias de ciudadanos comunes y corrientes que se organizaron para promover los derechos humanos.
El movimiento por el sufragio universal obtuvo victorias. Nuevo México y Minnesota aprobaron leyes que permiten a las personas votar tras salir de prisión. Un tribunal federal anuló la prohibición vitalicia de votar en Mississippi para personas condenadas por ciertos delitos graves, calificando la práctica de cruel e inusual.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se enfrentó a sanciones importantes, incluidos cargos penales y civiles, en parte por sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020, una grave violación del derecho al voto. Nuevas investigaciones llevadas a cabo por el gobierno federal y grupos de la sociedad civil revelaron puntos vulnerables en la democracia estadounidense, incluida la necesidad de proteger mejor a los funcionarios electorales de las amenazas y la intimidación, que siguieron aumentando. Desde 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. creó un grupo de trabajo sobre el asunto, se han abierto 14 investigaciones sobre intentos de amenaza a trabajadores electorales, nueve de las cuales resultaron en hallazgos de irregularidades en el momento de redactar este informe. El año también reveló la necesidad de abordar mejor la difusión de información errónea y desinformación a través de las plataformas de redes sociales.
Política sobre el cambio climático y sus repercusiones
Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de petróleo y gas del mundo e históricamente es el país que más ha contribuido a la crisis climática. También sigue estando entre los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo.
El gobierno de Biden emitió una orden ejecutiva que exige a todas las agencias federales incorporar la justicia ambiental en sus misiones y anunció la creación de un nuevo comité de políticas con la finalidad de coordinar iniciativas para priorizar la salud pública, el desarrollo económico y la equidad a la hora de abordar la crisis global de contaminación por plásticos. Prácticamente todos los plásticos se derivan de combustibles fósiles.
Sin embargo, EE.UU. también está en camino de ser responsable de la mayor expansión mundial de extracción de petróleo y gas entre 2023 y 2050. Los combustibles fósiles son el mayor contribuyente al calentamiento global y pueden vincularse con daños a los derechos humanos. Estas repercusiones las enfrentan de manera desproporcionada las comunidades ya marginadas, incluidas las personas negras, indígenas y otras personas de color, así como las comunidades de bajos ingresos, perpetuando así el racismo sistémico.
Derechos de las mujeres y las niñas
La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de junio de 2022 en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, que anuló el derecho al aborto protegido constitucionalmente, siguió teniendo repercusiones negativas en las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas en el país.
Hasta el 15 de septiembre, 22 estados habían prohibido el aborto o restringido el acceso al aborto en la etapa temprana y 14 estados habían promulgado leyes que criminalizan a los proveedores de atención médica que practican abortos. Algunos estados también tipificaron como delito que cualquier persona, incluidos los proveedores de atención médica, ayude a las personas embarazadas a obtener un aborto. Como resultado, aproximadamente 22 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva, así como otras personas que pueden quedar embarazadas, viven ahora en estados del país donde el acceso al aborto está muy restringido o es inaccesible.
En agosto de 2023, un tribunal federal de apelaciones, en su intento por conciliar dos opiniones contradictorias de tribunales inferiores emitidas con pocos minutos de diferencia entre sí (una que revocaba la aprobación de la mifepristona, un fármaco seguro y eficaz utilizado para el aborto con medicamentos, y otra que la mantenía disponible), dictaminó que el acceso al medicamento debe limitarse en ciertos contextos: cuando se envía por correo y se prescribe mediante telemedicina. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fabricante apelaron la decisión.
Las disparidades raciales en el acceso a la atención médica continúan poniendo en riesgo a millones de mujeres de color. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad altamente prevenible y tratable; sin embargo, acaba con la vida de más de 4.200 mujeres al año en EE.UU., sobre todo mujeres negras en el sur del país.
Derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen tres veces menos probabilidades de conseguir un empleo, y quienes lo tienen suelen ganar menos que sus pares por hacer el mismo trabajo. Los espacios públicos, incluidos los sistemas de transporte y los lugares de votación, a menudo son inaccesibles.
Los controles de bienestar realizados por la policía en caso de crisis de salud mental todavía tienden a tener consecuencias fatales y perjudiciales para las personas con problemas de salud mental. Las autoridades han tardado en adoptar enfoques alternativos que incluyan equipos no policiales de respuesta a emergencias.
Derechos de las personas de la tercera edad
En enero, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), cumpliendo un compromiso de Biden para 2022, anunciaron que evaluarían la idoneidad de los diagnósticos de esquizofrenia en las residencias de ancianos para reducir el uso indebido de medicamentos antipsicóticos para controlar el comportamiento, una práctica conocida como “restricción química”. En agosto, CMS propuso niveles mínimos de dotación de personal en hogares de ancianos de solo tres horas de atención directa por residente por día, inferiores al mínimo de 4,1 horas por día recomendado por un estudio financiado por CSM y el Instituto de Medicina.
Orientación sexual e identidad de género
A nivel estatal, los legisladores presentaron cientos de proyectos de ley dirigidos a restringir los derechos de las personas LGBT (más que en cualquier año anterior) y decenas de ellos fueron aprobados como leyes.
La mayoría de estos esfuerzos se han dirigido a personas transgénero, particularmente niños y niñas trans en las escuelas. Hasta septiembre de 2023, 22 estados habían prohibido al menos algunas de las mejores prácticas de atención médica para niños transgénero, y cinco de estos estados penalizan dicha atención como un delito grave; 23 estados prohíben que los niños y las niñas transgénero participen en deportes acordes con su identidad de género; 11 estados prohíben diversas discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas; y nueve estados prohíben a las personas transgénero usar baños compatibles con su identidad de género en las escuelas K-12 (educación primaria), y algunas de estas prohibiciones abarcan también otras instalaciones públicas.
Los acontecimientos positivos no han logrado ir al compás. Michigan es el único estado donde los legisladores adoptaron en 2023 una ley integral de no discriminación que incluya a las personas LGBT, lo que lo convierte en el estado número 22 en hacerlo. Estados Unidos no ha promulgado una legislación federal integral que proteja expresamente a las personas LGBT de la discriminación en áreas como la educación, la vivienda, el alojamiento público y los programas financiados con fondos federales.
Tecnología y derechos humanos
Estados Unidos sigue careciendo de una ley federal de protección de datos centrada en los derechos humanos, por lo que los datos personales quedan expuestos al abuso, tanto por parte de actores gubernamentales como privados, en particular actores del sector tecnológico comercial con capacidades avanzadas de recopilación de datos, elaboración de perfiles y selección de objetivos.
Numerosas agencias federales están considerando cómo regular poderosas nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA). Las regulaciones deben contener protecciones de derechos y mecanismos de aplicación y estar informadas por los aportes de la sociedad civil sobre los daños a los derechos humanos.
Los trabajadores reclutados por plataformas laborales digitales para brindar servicios de transporte y reparto continúan experimentando salarios bajos e impredecibles y condiciones laborales inseguras.
En marzo, el gobierno de Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los organismos gubernamentales utilizar software espía comercial que haya sido utilizado indebidamente para atacar la disidencia política o perpetuar la discriminación y la marginación. El software espía comercial sigue siendo una amenaza generalizada para los derechos humanos y los defensores de derechos humanos en todo el mundo, incluido el personal de Human Rights Watch.
Guantánamo
Al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazara las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento. Un juez encontró que un acusado del 11 de septiembre no era mentalmente competente para afrontar un juicio.
Dos detenidos de Malasia aceptaron por declararse culpables ante las comisiones militares de Guantánamo, fundamentalmente defectuosas, en relación con los letales atentados con bombas de 2002 en Bali y un atentado con bomba en 2003 contra un hotel Marriott en Yakarta, Indonesia. Se esperaba que fueran trasladados a Malasia tras la sentencia en enero de 2024.
Otros dos hombres esperaban a ser juzgados y un tercero esperaba sentencia en Guantánamo. Diecinueve nunca han sido acusados. Solo un hombre que sigue detenido en Guantánamo ha sido condenado por una comisión militar.
Política exterior
El presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada. Dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza.
Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. En julio, el presidente Biden autorizó compartir con la CPI pruebas de los crímenes internacionales cometidos en Ucrania. También en julio, Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado.
Después de estallar el conflicto en Sudán en abril, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a un líder del grupo armado Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y restricciones a la concesión de un visado a un comandante de las RSF en el estado de Darfur Occidental. Tres empresas privadas sudanesas y una empresa privada emiratí fueron sancionadas en virtud de una orden ejecutiva de mayo. El Departamento de Estado creó un “Observatorio de Sudán” con la sociedad civil para documentar las atrocidades cometidas en el conflicto.
En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en octubre, Estados Unidos apoyó una resolución exitosa para establecer una misión internacional de investigación para Sudán. Ese mismo mes, en el Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. copatrocinó con Ecuador una resolución, que luego fue adoptada, para autorizar el envío de una fuerza de seguridad multinacional a Haití encabezada por Kenia; también vetó una resolución que condenaba a Hamás y pedía a todas las partes involucradas en las hostilidades en Israel y Palestina que cumplieran con el derecho internacional humanitario. En noviembre, Estados Unidos se abstuvo de votar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía pausas humanitarias prolongadas en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. La abstención de Estados Unidos permitió que se adoptara la resolución.
En marzo, el secretario de Estado Antony Blinken determinó formalmente que todas las partes en el conflicto en el norte de Etiopía habían cometido crímenes de guerra. Señaló que las fuerzas del gobierno etíope y sus aliados, incluida Eritrea, eran responsables de crímenes contra la humanidad. A finales de junio, la administración notificó al Congreso que el gobierno ya no estaba participando en un “patrón de graves violaciones de los derechos humanos”, lo que le permitía recibir asistencia financiera estadounidense e internacional, a pesar de que se seguían cometiendo abusos.
En junio, el Primer Ministro de India, Narendra Modi, recibió una cena de Estado en la Casa Blanca y pronunció un discurso en una sesión conjunta del Congreso, a pesar de los crecientes abusos contra los derechos humanos cometidos por su partido y sus partidarios.
Una nueva Política de Transferencia de Armas Convencionales anunciada en febrero permite al Departamento de Estado negar una venta si “es más probable” que un país dañe a civiles con armas estadounidenses. En septiembre, el Departamento de Estado creó un Grupo de Respuesta a Incidentes con Daños Civiles (CHIRG) para analizar las acusaciones de que la ayuda militar estadounidense se utiliza para dañar a civiles en los países receptores.
El gobierno egipcio recibe anualmente US$ 1.300 millones en ayuda militar estadounidense. Aunque el Congreso ha condicionado una parte de estos fondos a acciones que incluyen el fortalecimiento de los derechos humanos, en septiembre el gobierno de Biden utilizó una exención de seguridad nacional para permitir que US$ 235 millones fueran destinados al gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Otros US$ 85 millones fueron retenidos debido al pobre historial de Egipto en materia de prisioneros políticos. En septiembre, los miembros del Congreso cambiaron de parecer y suspendieron los US$ 235 millones previamente aprobados tras la imputación del senador Robert Menéndez por acusaciones de corrupción que beneficiaban al gobierno egipcio.
Irán liberó a cinco estadounidenses encarcelados por cargos no probados a cambio de cinco iraníes encarcelados en EE.UU. Paralelamente, el Tesoro de Estados Unidos emitió una exención que permite a Irán acceder a US$ 6.000 millones de ingresos petroleros iraníes congelados a través de bancos en Doha para uso humanitario. Sin embargo, en octubre, Estados Unidos habría bloqueado el acceso a estos fondos tras los ataques de Hamás en Israel.
En América Latina y el Caribe, el gobierno de Biden dio prioridad a los esfuerzos para restringir el flujo de migrantes y refugiados que viajan al norte. Si bien la administración Biden tomó medidas para defender el derecho al voto en Brasil y Guatemala y limitar la deforestación en el Amazonas, sus respuestas a otras situaciones apremiantes de derechos humanos, en países como México y Cuba, a menudo dieron prioridad a las implicaciones y las políticas internas, socavando su credibilidad en materia de derechos humanos.